Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Las Palmeras Vs. Colombia
Sentencia de 4 de febrero de 2000
(Excepciones Preliminares)
En el caso Las Palmeras,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "la Corte
Interamericana"), integrada de la siguiente manera:*
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente;
Hernán Salgado Pesantes, Juez;
Oliver Jackman, Juez;
Alirio Abreu Burelli, Juez;
Sergio García Ramírez, Juez, y
Julio A. Barberis, Juez ad hoc;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario, y
Renzo Pomi, Secretario adjunto,
de acuerdo con el artículo 36.6 de su Reglamento (en adelante "el Reglamento"),
dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por la
República de Colombia (en adelante "el Estado" o "Colombia").
I
INTRODUCCIÓN A LA CAUSA
1. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") el 6
de julio de 1998. La demanda de la Comisión tiene su origen en una denuncia (No.
11.237) recibida en su Secretaría y fechada en Bogotá el 27 de enero de 1994.
II
HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA
2. La Comisión Interamericana expuso en su demanda los hechos en que funda
su reclamación.
* El Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo, de nacionalidad colombiana, se excusó de conocer en el
presente caso.
2
El 23 de enero de 1991 el Comandante Departamental de la Policía de Putumayo
habría ordenado a miembros de la Policía Nacional llevar a cabo una operación
armada en la localidad de Las Palmeras, Municipio de Mocoa, Departamento de
Putumayo. La Policía Nacional estaría apoyada por efectivos del Ejército.
En la mañana de ese mismo día, se encontrarían en la escuela rural de Las Palmeras
unos niños que esperaban el comienzo de las clases y dos trabajadores que
reparaban un tanque. Estos serían Julio Milcíades Cerón Gómez y Artemio Pantoja.
En un terreno lindero se hallarían los hermanos William y Edebraiz Cerón ordeñando
una vaca. El maestro Hernán Javier Cuarán Muchavisoy estaría por llegar a la
escuela.
Las fuerzas del Ejército habrían abierto fuego desde un helicóptero y habrían herido
al niño Enio Quinayas Molina, de seis años, que se dirigía a la escuela.
La Policía habría detenido en la escuela y en sus alrededores al maestro Cuarán
Muchavisoy, a los trabajadores Cerón Gómez y Pantoja, a los hermanos William y
Edebraiz Cerón y a otra persona no identificada que podría ser Moisés Ojeda o
Hernán Lizcano Jacanamejoy. La Policía Nacional habría ejecutado
extrajudicialmente por lo menos a seis de estas personas.
Los miembros de la Policía Nacional y del Ejército habrían realizado numerosos
esfuerzos para justificar su conducta. En este orden de ideas, se habría vestido con
uniformes militares los cadáveres de algunas de las personas ejecutadas, se habría
quemado sus ropas y se habría amedrentado a los testigos del caso. Igualmente, la
Policía Nacional habría presentado siete cadáveres como pertenecientes a
subversivos muertos en un presunto enfrentamiento. Entre esos cadáveres se
encontrarían seis cuerpos de las personas detenidas por la Policía y un séptimo,
cuyas circunstancias de muerte no habrían sido esclarecidas.
Como consecuencia de los hechos descritos, se habrían iniciado procesos de carácter
disciplinario, administrativo y penal. El proceso disciplinario realizado por el
Comandante de la Policía Nacional de Putumayo se habría fallado en cinco días y se
habría absuelto a todos los que participaron en los hechos de la localidad de Las
Palmeras. Asimismo, se habrían iniciado dos procesos administrativos en los que se
habría reconocido expresamente que las víctimas del operativo armado no
pertenecían a ningún grupo armado y que el día de los hechos estaban realizando
sus tareas habituales. Esos procesos habrían permitido comprobar que la Policía
Nacional habría ejecutado extrajudicialmente a las víctimas cuando estaban en
estado de indefensión. En cuanto al proceso penal militar, después de siete años
aún se encontraría en la etapa de investigación y todavía no se habría acusado
formalmente a ninguno de los responsables de los hechos.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
3. El 27 de enero de 1994 la Comisión recibió una denuncia por supuestas
violaciones de derechos humanos en agravio de los señores Artemio Pantoja
Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón Gómez, Edebraiz
Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, una persona no identificada, que podría
ser Moisés Ojeda o Hernán Lizcano Jacanamejoy, y otra persona que tampoco ha
3
sido identificada y que murió en circunstancias desconocidas. El 16 de febrero
siguiente la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y
solicitó la correspondiente respuesta.
4. El Estado respondió el 25 de mayo de 1994. El escrito fue transmitido a los
peticionarios, quienes presentaron su réplica el 6 de octubre de 1994. El 3 de
noviembre siguiente la Comisión trasladó ésta a Colombia, que dio respuesta el 15
de diciembre. Tanto los peticionarios como el Estado remitieron a la Comisión otros
escritos relativos a la situación de las investigaciones y los procesos judiciales
internos, y aquélla transmitió las porciones pertinentes a cada contraparte.
5. El 8 de octubre de 1996 la Comisión celebró una audiencia en la que las
partes formularon verbalmente sus argumentos acerca de los hechos y el derecho
aplicable al presente caso.
6. El 20 de febrero de 1998 la Comisión aprobó el Informe No. 10/98 y lo
transmitió al Estado el 6 de marzo del mismo año. En la parte dispositiva de dicho
Informe, la Comisión recomendó:
119. Que el Estado colombiano emprenda una investigación seria, imparcial
y efectiva de los hechos denunciados, para poder aclarar los hechos del 23 de
enero de 1991 y determinar en todos sus detalles en un relato oficial las
circunstancias y la responsabilidad en las violaciones cometidas.
120. Que el Estado de Colombia someta a los procesos judiciales
pertinentes, a todos los responsables de las violaciones a efectos de que sean
sancionados.
121. Que el Estado de Colombia adopte medidas para reparar debidamente
las violaciones comprobadas, incluida una indemnización compensatoria a los
familiares de las víctimas que aún no la hayan recibido.
7. El 11 de mayo de 1998 la Comisión recibió una nota del Estado, de 30 de
abril del mismo año, mediante la cual éste solicitó un plazo adicional de 45 días para
responder al Informe No. 10/98. El 14 de los mismos mes y año la Comisión
manifestó a las partes que había concedido al Estado un plazo adicional de diez días.
8. El 22 de mayo de 1998 el Estado formuló una propuesta de solución
amistosa, que fue transmitida a los peticionarios, quienes presentaron sus
observaciones el 29 del mismo mes. En la misma propuesta, el Estado señaló que
no compartía "en su totalidad" las consideraciones y conclusiones del Informe No.
10/98, particularmente en lo que se refiere al agotamiento de los recursos internos y
a la aplicación de normas de derecho internacional humanitario. Asimismo, indicó
que proponía la creación de un Comité de Impulso de la investigación penal.
9. El 2 de junio de 1998 el Estado y los peticionarios comunicaron a la Comisión
que habían convenido un plazo de 30 días para iniciar negociaciones destinadas a
alcanzar una solución amistosa y suspender el curso de los plazos del artículo 51.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención
Americana" o "la Convención").
10. El 1 de julio de 1998 los peticionarios informaron a la Comisión que no
existían, por el momento, condiciones para alcanzar una solución amistosa, y
4
solicitaron que continuara el trámite del caso y se reanudara el curso de los plazos
suspendidos. Dicha información fue transmitida al Estado.
11. El 6 de julio de 1998 la Comisión presentó el caso ante la Corte
Interamericana (supra 1).
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
12. La Comisión Interamericana expuso la conclusión y el petitorio de su
demanda en los términos siguientes:
La Comisión solicita respetuosamente a la Corte que:
Concluya y declare que el Estado de Colombia ha violado el derecho a
la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, y el artículo 3 común de
las Convenciones de Ginebra de 19491, en perjuicio de seis personas: Artemio
Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón
Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas y otra persona
(Hernán Lizcano Jacanamejoy o Moisés Ojeda).
Establezca las circunstancias de la muerte de una séptima persona,
presuntamente fallecida en combate (Hernán Lizcano Jacanamejoy o Moisés
Ojeda), a fin de determinar si el Estado de Colombia ha violado en perjuicio de
ella el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención y el
artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949.
Concluya y declare que el Estado de Colombia ha violado las garantías
judiciales establecidas en el artículo 8 y el derecho a la protección judicial
establecido en el artículo 25 de la Convención en perjuicio de Artemio Pantoja
Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón Gómez,
Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán Lizcano
Jacanamejoy y Moisés Ojeda, y de sus familiares.
Concluya y declare que, como consecuencia de las violaciones a los
derechos a la vida, a la protección y garantías judiciales, el Estado de
Colombia también ha violado su obligación de respetar y garantizar los
derechos consagrados en la Convención, conforme al artículo 1.1 de aquélla.
Ordene al Estado de Colombia:
a) Que lleve a cabo una investigación judicial rápida, imparcial y efectiva
de los hechos denunciados y sancione a todos los responsables.
b) Que identifique exactamente si la otra persona ejecutada
extrajudicialmente el 23 de enero de 1991 por miembros de la Policía
Nacional fue Hernán Lizcano Jacanemejoy o Moisés Ojeda. Asimismo,
se solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado de Colombia
realizar una investigación seria con el fin de aclarar las circunstancias
en las cuales falleció la séptima víctima fatal sobre cuya muerte la
Comisión no se pronunció.
1 En adelante en esta sentencia se alude a las Convenciones de Ginebra de 1949 como "Convenios
de Ginebra" o "Convenios de Ginebra de 1949"
5
c) Que otorgue una reparación integral a los familiares de las víctimas,
entre otras, el pago de una indemnización justa (deducido lo ya
pagado por concepto de indemnización pecuniaria conforme a las
sentencias contencioso administrativas a favor de Artemio Pantoja
Ordóñez, Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, Julio Milcíades Cerón
Gómez, Edebraiz Cerón Rojas y William Hamilton Cerón Rojas) y la
recuperación de la memoria histórica de las víctimas.
d) Que adopte las reformas necesarias a los reglamentos y programas de
entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, a fin de que se
conduzcan todas las operaciones militares de acuerdo con los
instrumentos internacionales y la costumbre internacional, aplicables a
los conflictos armados de carácter interno.
e) Se imponga al Estado colombiano el pago de las costas y gastos en
que han incurrido los familiares de las víctimas para litigar este caso
tanto en ámbito interno como ante la Comisión y la Corte, y los
honorarios razonables de sus abogados.
13. La Comisión designó como delegados a los señores Robert K. Goldman y
Carlos Ayala Corao, y como asesores a la señora Verónica Gómez y al señor David
Padilla. Asimismo, la Comisión acreditó en calidad de asistentes y peticionarios a la
señora Luz Marina Monzón y a los señores Gustavo Gallón, Carlos Rodríguez, y como
asistentes al señor Pablo Saavedra y a la señora Viviana Krsticevic.
14. El 15 de julio de 1998 la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría"),
previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en
adelante "el Presidente"), la notificó, junto con sus anexos, al Estado, y le informó
sobre los plazos para contestarla, oponer excepciones preliminares y designar su
representación en el proceso.
15. El 14 de agosto de 1998 Colombia designó como agente a la señora Marcela
Briceño-Donn y como agente alterno al señor Héctor A. Sintura Varela.
16. El 14 de septiembre de 1998 Colombia interpuso las siguientes excepciones
preliminares:
Primera:
Violación del debido proceso por grave omisión de información.
Segunda:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia para aplicar
el derecho internacional humanitario y otros tratados internacionales.
Tercera:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia para aplicar el
derecho internacional humanitario y otros tratados internacionales.
Cuarta:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia para conocer
un asunto cuando no se han agotado los recursos de jurisdicción interna.
6
Quinta:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia para actuar
como tribunal de instrucción de hechos particulares.
17. El 21 de septiembre de 1998, la Secretaría notificó a la Comisión
Interamericana el escrito sobre interposición de excepciones, al que ésta respondió
el 5 de noviembre de 1998.
18. El 10 de diciembre de 1998 el Presidente invitó a Colombia a designar juez ad
hoc, en razón de que el Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo, de nacionalidad
colombiana, se excusó de conocer el presente caso de acuerdo con los artículos 19
del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte.
19. El 15 de diciembre de 1998 Colombia presentó la contestación de la
demanda.
20. El 12 de enero de 1999 el Estado colombiano nombró como Juez ad hoc al
señor Julio A. Barberis.
21. El 19 de febrero de 1999 el Presidente resolvió convocar a las partes a una
audiencia pública que se celebraría en la sede de ésta el 31 de mayo de 1999, para
escuchar alegatos sobre las excepciones preliminares.
22. La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte en la fecha prevista.
Comparecieron:
por el Estado de Colombia:
Marcela Briceño-Donn, agente;
Héctor Sintura Varela, agente alterno; y
Felipe Piquero Villegas, asesor.
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Robert K. Goldman, delegado;
Verónica Gómez, abogada;
Viviana Krsticevic, asistente;
Marina Monzón Cifuentes, asistente; y
Carlos Rodríguez Mejía, asistente.
V
COMPETENCIA
23. Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de
1973. El 21 de junio de 1985 reconoció la competencia contenciosa de la Corte. Por
lo tanto, ésta es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención,
para conocer las excepciones preliminares presentadas por el Estado.
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VI
CONSIDERACIONES PREVIAS
24. Las excepciones planteadas por Colombia se presentan, reúnen y analizan
bajo los conceptos procesales a los que se refieren, como sigue: a) violación del
debido proceso por grave omisión de información (cfr. primera excepción), b)
incompetencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para aplicar el derecho internacional
humanitario y otros tratados internacionales (cfr. tercera y segunda excepciones,
respectivamente), c) incompetencia de la Corte para conocer un asunto cuando no
se han agotado los recursos de jurisdicción interna (cfr. cuarta excepción), y d)
incompetencia de la Corte para actuar como tribunal de instrucción de hechos
particulares (cfr. quinta excepción).
VII
PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR:
VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
25. En su primera excepción preliminar, Colombia sostuvo que la Comisión omitió
en la demanda brindar una información completa sobre el estado actual de la causa
en la jurisdicción interna, lo cual constituiría una violación del debido proceso.
La omisión fundamental en que la Comisión habría incurrido consiste en no haber
expresado en la demanda que la causa interna había pasado de la jurisdicción del
sistema penal militar a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación. Colombia estimó que este cambio de jurisdicción es un "hecho nuevo y
trascendental". El Estado presentó como prueba principal la nota que envió el 22 de
mayo de 1998 al señor Secretario Ejecutivo de la Comisión en que consta esa
circunstancia.
El Estado consideró que la Comisión tenía el deber de informar en la demanda sobre
la realidad del estado de la causa en el procedimiento interno y que esta omisión
constituiría un hecho grave que afectaría el equilibrio procesal y su situación frente a
la Corte.
Colombia afirmó que esta situación impide a la Corte conocer del caso y fallar sobre
él. En otro pasaje de su escrito de oposición de excepciones, expresó que existía un
"error insubsanable" pues la oportunidad de corregir la demanda ya ha precluido.
En consecuencia de lo expuesto, el Estado solicitó que el expediente sea devuelto a
la Comisión para que ésta emita un informe definitivo en cumplimiento de lo
establecido en la Convención. En la audiencia, Colombia solicitó que la Corte
declarara la inadmisibilidad de la demanda por la grave omisión de información por
parte de la Comisión.
26. La Comisión expresó que la demanda presentada ante la Corte el 6 de julio de
1998 fue elaborada en base a los hechos articulados en el Informe No. 10/98, que
fue aprobado el 20 de febrero de 1998. Por esa razón, los hechos invocados por
Colombia no han sido incluidos en la demanda. Por otra parte, la Comisión señaló
que, según el Reglamento de la Corte, el procedimiento es contradictorio y cada
parte tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Por ello, una omisión
8
por parte de la Comisión no podría afectar los derechos procesales de Colombia y
solicitó el rechazo de la excepción interpuesta.
27. El procedimiento ante esta Corte, tal como lo señala la Comisión, tiene
carácter contradictorio. Este Tribunal, por su parte, falla según lo alegado y probado
por cada parte. Por ello, la circunstancia de que la parte demandante haya omitido
la mención de determinados hechos no impide que la parte demandada los alegue y
presente las pruebas correspondientes. Esta Corte no alcanza a comprender en qué
medida la conducta de la Comisión ha afectado el derecho de debido proceso que
corresponde a Colombia y considera que la excepción interpuesta carece de
fundamento, razón por la cual la desestima.
VIII
TERCERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR:
FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE
28. En la demanda presentada por la Comisión, solicitó a la Corte que "concluya y
declare que el Estado de Colombia ha violado el derecho a la vida, consagrado en el
artículo 4 de la Convención, y el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de
1949...". Ante esta petición, Colombia opuso una excepción preliminar sosteniendo
que la Corte "carece de competencia para aplicar el derecho internacional
humanitario y otros tratados internacionales".
En este sentido, el Estado afirmó que los artículos 33 y 62 de la Convención limitan
su competencia a la aplicación de lo establecido en ella. Invocó asimismo la Opinión
Consultiva OC-1 del 24 de septiembre de 1982 (párrafos 21 y 22) y manifestó que la
Corte "debe pronunciarse únicamente sobre las competencias que le han sido
atribuidas de manera taxativa en la Convención".
29. La Comisión prefirió, en su escrito, responder conjuntamente a las
excepciones relativas a su propia competencia y a la de la Corte sobre la aplicación
del derecho humanitario y otros tratados. Antes de pasar al análisis de la cuestión,
la Comisión expresó, como declaración de principio, que el presente caso debería ser
decidido a la luz de "las normas consagradas tanto en la Convención Americana
como en el derecho internacional humanitario consuetudinario aplicable a conflictos
armados internos y plasmado en el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra
de 1949". La Comisión reiteró su convencimiento de que, tanto ella como esta
Corte, tenían competencia para aplicar esa normativa.
La Comisión expresó, como punto de partida de su razonamiento, que Colombia no
ha objetado lo dicho por ella en el sentido de que, en el momento en que se produjo
la pérdida de vidas relatada en la demanda, se desarrollaba en su territorio un
conflicto armado no internacional y tampoco ha objetado que dicho conflicto
corresponde a la definición prevista en el artículo 3 común de los Convenios de
Ginebra.
Prosiguió la Comisión diciendo que la existencia de un conflicto armado no exime a
Colombia de respetar el derecho a la vida. Ahora bien, la Comisión consideró que,
en un conflicto armado, hay casos en que un enemigo puede ser muerto
legítimamente, en tanto que, en otros, ello está prohibido. La Comisión afirmó que
la Convención Americana no contiene ninguna norma para distinguir una hipótesis de
9
la otra y, por esa razón, debe aplicar los Convenios de Ginebra. La Comisión
también invocó a su favor un pasaje de la Opinión Consultiva de la Corte
Internacional de Justicia sobre La Legalidad de la Amenaza o Uso de Armas
Nucleares, a saber:
In principle, the right not arbitrarily to be deprived of one's life applies also in
hostilities. The test of what is an arbitrary deprivation of life, however, then
falls to be determined by the applicable lex specialis, namely, the law
applicable in armed conflict which is designed to regulate the conduct of
hostilities. Thus whether a particular loss of life, through the use of a certain
weapon in warfare, is to be considered an arbitrary deprivation of life contrary
to Article 6 of the Covenant, can only be decided by reference to the law
applicable in armed conflict and not deduced from the terms of the Covenant
itself.2
La Comisión expresó que, en el presente caso, ha determinado primeramente si el
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra había sido violado y, una vez
comprobado esto, recién averiguó si había habido violación del artículo 4 de la
Convención Americana.
La parte demandante expuso también en su escrito la naturaleza del derecho
internacional humanitario y su relación con los derechos humanos.
Finalmente, la Comisión invocó el artículo 25 de la Convención Americana. Este
artículo fue interpretado por la Comisión en el sentido de que se trata de una norma
que le permite aplicar el derecho humanitario.
La Comisión manifestó que, a su criterio, la excepción interpuesta por Colombia no
es una objeción jurisdiccional que afecte los elementos requeridos para que la Corte
ejerza su competencia. Afirmó que quizás resulte prematuro considerar la objeción
del Estado en cuanto a la invocación de los Convenios de Ginebra, dado que este
tema está vinculado a la cuestión de fondo. Sin embargo, en la conclusión de su
escrito, la Comisión solicitó a la Corte que rechazara la excepción preliminar
interpuesta y que declarara que tiene competencia para aplicar el derecho
internacional humanitario y otros tratados internacionales.
30. En la audiencia pública celebrada, Colombia trató de refutar los argumentos
expuestos por la Comisión en su escrito. En este orden de ideas, el Estado subrayó
la importancia que, en derecho internacional, tiene el principio del consentimiento.
Sin el consentimiento del Estado, la Corte no podría aplicar los Convenios de
Ginebra.
El representante del Estado sostuvo, luego, que ni el artículo 25 ni el artículo 27.1 de
la Convención Americana pueden ser interpretados como normas que autorizan a la
Corte a aplicar los Convenios de Ginebra.
2 "En principio, el derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida se aplica también durante
hostilidades. El examen de lo que es una privación arbitraria de la vida, sin embargo, debe ser
determinado por la lex specialis aplicable, a saber, el derecho aplicable en un conflicto armado el cual está
designado para regular la conducta durante las hostilidades. Así, si la pérdida de una vida particular por el
uso de cierta arma en guerra, es considerada una privación arbitraria de la vida contraria al artículo 6 del
Pacto, sólo puede ser decidido remitiéndose al derecho aplicable durante los conflictos armados y no por
deducción de los términos de la Convención misma" (Traducción de la Secretaría al castellano). Legality of
the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 240.
10
Por último, Colombia estableció la distinción entre "interpretación" y "aplicación". La
Corte podría interpretar los Convenios de Ginebra al igual que otros tratados
internacionales, pero sólo podría aplicar la Convención Americana.
31. En la audiencia, la Comisión efectuó una detallada exposición de su tesis
acerca de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario por parte de la
Corte, en la cual manifestó que es inexacta "la premisa de que la Comisión y la Corte
están llamadas a determinar si los Estados Partes han violado la Convención
Americana, en forma excluyente de otras fuentes de derecho internacional".
La Comisión sostuvo en su alegato que existe una relación particular entre el artículo
4 de la Convención Americana y el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y
que,
como ha entendido […] el objeto y fin y la necesidad de aplicar en forma
efectiva la Convención Americana sustentan la competencia de los órganos del
sistema para decidir sobre las violaciones al artículo 4 en forma coextensiva
con la norma de derecho internacional general recogida en el artículo 3 común
de las Convenciones de Ginebra.
[...]
Dada su especificidad y relevancia para el caso particular y su contexto, la
Comisión considera que el artículo 3 común fue considerado en su carácter de
norma de derecho internacional, que obliga al Ilustre Estado y que incluso
forma parte integrante del derecho interno colombiano. La Comisión considera
que ignorar el contenido y el alcance de ciertas obligaciones internacionales del
Estado, y renunciar a la tarea de armonizarlos con la competencia de los
órganos del sistema interamericano en un contexto integral y teleológico,
implicaría traicionar el bien jurídico y ético promovido por el artículo 29, vale
decir, la mejor y más progresiva aplicación de la Convención Americana.
[...]
Como consecuencia, las alegadas violaciones al derecho a la vida cometidas en
un contexto de un conflicto armado interno, no siempre pueden ser resueltas
por la Comisión, sobre la base de la sola invocación del artículo 4 de la
Convención Americana. La Convención Americana no hace expresa remisión al
derecho internacional humanitario en estas circunstancias, sin embargo, dado
el estatus de esa rama del derecho internacional, y su reconocida interrelación
y complementariedad con los derechos humanos, es claro que no se trata de
una omisión deliberada, sino de una laguna que afecta un derecho
fundamental no suspendible.
[...]
La Comisión considera, que su conclusión sobre la violación del artículo 4, en
forma coextensiva con el artículo 3 común, en este caso, no sólo no excedió
sus competencias, sino que constituye parte de su mandato como órgano al
que se ha encomendado asegurar la observancia de los derechos
fundamentales de las personas, bajo la jurisdicción de los Estados Partes. Se
trata de una determinación basada en la aplicación de una norma convencional
universalmente ratificada que codifica el derecho internacional general.
[...]
11
La Comisión considera, que las conclusiones […] respecto de esa norma de
derecho internacional humanitario, en relación al artículo 4 de la Convención
en el presente caso, conllevan una interpretación proactiva y justificada del
mandato de los órganos del sistema, consistente con el objeto y fin del
derecho internacional de los derechos humanos, y a la vez respetuosa, en
esencia, de la regla del consentimiento y del valor de las normas imperativas
del derecho internacional.
Por último, la Comisión estimó que la excepción interpuesta por Colombia no era una
objeción jurisdiccional y que la cuestión se encuentra ligada a la determinación de
hecho y de derecho vinculada con el fondo del asunto.
32. La Convención Americana es un tratado internacional según el cual los
Estados Partes se obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Convención prevé
la existencia de una Corte Interamericana para "conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación" de sus disposiciones (artículo 62.3).
Cuando un Estado es Parte de la Convención Americana y ha aceptado la
competencia de la Corte en materia contenciosa, se da la posibilidad de que ésta
analice la conducta del Estado para determinar si la misma se ha ajustado o no a las
disposiciones de aquella Convención aún cuando la cuestión haya sido
definitivamente resuelta en el ordenamiento jurídico interno. La Corte es asimismo
competente para decidir si cualquier norma del derecho interno o internacional
aplicada por un Estado, en tiempos de paz o de conflicto armado, es compatible o no
con la Convención Americana. En esta actividad la Corte no tiene ningún límite
normativo: toda norma jurídica es susceptible de ser sometida a este examen de
compatibilidad.
33. Para realizar dicho examen la Corte interpreta la norma en cuestión y la
analiza a la luz de las disposiciones de la Convención. El resultado de esta operación
será siempre un juicio en el que se dirá si tal norma o tal hecho es o no compatible
con la Convención Americana. Esta última sólo ha atribuido competencia a la Corte
para determinar la compatibilidad de los actos o de las normas de los Estados con la
propia Convención, y no con los Convenios de Ginebra de 1949.
Por ello, la Corte decide admitir la tercera excepción preliminar interpuesta por el
Estado.
IX
SEGUNDA EXCEPCIÓN PRELIMINAR: FALTA DE COMPETENCIA
DE LA COMISIÓN
34. Colombia opuso como excepción preliminar la incompetencia de la Comisión
para aplicar el derecho internacional humanitario y otros tratados internacionales. Al
respecto, el Estado señaló que la Convención Americana restringe la competencia
ratione materiae a los derechos consagrados por ella y no lo hace extensivo a los
consagrados en ninguna otra convención. Agregó, que la Corte nunca se ha
pronunciado sobre la facultad que tiene la Corte o la Comisión de asumir el
conocimiento de asuntos fuera de las atribuciones de competencia señaladas en la
Convención, para lo cual invocó la Opinión Consultiva OC-1 y el artículo 33 de la
Convención. El hecho de que los Estados miembros de la Organización de los
12
Estados Americanos deban observar de buena fe los Convenios de Ginebra y ajustar
su legislación interna al cumplimiento de esos instrumentos no le confiere
competencia a la Comisión para deducir responsabilidad del Estado con base en
ellos.
En audiencia pública, el Estado señaló que estaba de acuerdo con interpretar
armónicamente la Convención con otros tratados, pero no admitió la aplicación del
artículo 3 común como una norma infringida por Colombia en un caso individual.
Tanto el artículo 25 como el 27.1 y 29.b), por su ubicación en el texto de la
Convención, no pueden ser considerados como normas atributivas de competencia;
son normas que establecen derechos y la última, es una norma de interpretación.
Las excepciones preliminares interpuestas in limine litis por la parte demandada, tal
como se desprende del derecho y la práctica internacionales, tienen, básicamente,
los siguientes propósitos: objetar la admisibilidad de las peticiones de la parte
demandante o limitar o negar, parcial o totalmente, la competencia del órgano
jurisdiccional internacional.
Si bien la Comisión Interamericana tiene amplias facultades como órgano de
promoción y protección de los derechos humanos, de la Convención Americana se
desprende, con toda claridad, que el procedimiento iniciado en casos contenciosos
ante la Comisión que culmine en una demanda ante la Corte, debe referirse
precisamente a los derechos protegidos por dicha Convención (cfr. artículos 33, 44,
48.1 y 48). Se exceptúan de esta regla, los casos en que otra Convención, ratificada
por el Estado, confiere competencia a la Comisión o a la Corte Interamericanas para
conocer de violaciones de los derechos protegidos por dicha Convención, como, por
ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas3.
Por ello, la Corte decide admitir la segunda excepción preliminar interpuesta por el
Estado.
X
CUARTA EXCEPCIÓN PRELIMINAR: NO AGOTAMIENTO
DE LOS RECURSOS INTERNOS
35. Colombia afirmó en su escrito de oposición de excepciones que esta Corte
carece de competencia para conocer en este asunto porque no se han agotado aún
los recursos de jurisdicción interna. El Estado presentó una relación de las
actuaciones procesales que tuvieron lugar entre enero y agosto de 1998 que, a su
juicio, "modifica[ban] sustancialmente" la situación. Colombia sostuvo que la
gestión efectuada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación demuestra "la existencia de un recurso adecuado, idóneo y efectivo en el
presente caso". En virtud de lo expuesto, el Estado solicitó a la Corte que se
abstuviera de seguir conociendo en esta causa.
La Comisión expresó en su contestación escrita que oportunamente presentó esta
demanda fundándose en el artículo 46.2 de la Convención Americana debido a que,
cuando aprobó el Informe No. 10/98, habían pasado ya siete años desde la
3 En los casos Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr.
136 y Villagrán Morales y otros. Sentencia de 12 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 252, la
Corte declaró la violación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual
atribuye competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
13
producción de los hechos y la causa se encontraba aún en su fase preliminar en el
ámbito de la justicia penal militar. La parte demandante rechazó la idea de que el
cambio de jurisdicción en que esta causa tramita constituye una circunstancia que
modifique sustancialmente la situación. La Comisión sostuvo que los recursos
internos interpuestos no han sido adecuados ni efectivos en el presente caso.
36. El tema del no agotamiento de los recursos internos fue considerado más
detenidamente en la audiencia pública celebrada ante la Corte el 31 de mayo de
1999.
Colombia hizo énfasis en el carácter subsidiario que tiene la jurisdicción internacional
de los derechos humanos frente a la jurisdicción interna. En el presente caso, el
Estado sostuvo que la acción contencioso-administrativa se agotó y fue idónea, en
tanto que la acción penal aún no estaba agotada y va "evolucionando de una manera
frente a las dificultades probatorias que se han tenido". El Estado solicitó a la Corte
que declarara no admisible la demanda "por cuanto aún existen recursos internos
que no se han agotado".
La Comisión recordó que los hechos que constituyeron el origen de esta causa
ocurrieron el 23 de enero de 1991 y que hasta marzo de 1998 el proceso tramitó
ante la justicia penal militar sin que se lograra completar la instrucción. En
comparación con esta causa, manifestó que en abril de 1993 el Tribunal contenciosoadministrativo
del Departamento de Nariño ya había dictado sentencia sobre la
responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, la que fue confirmada por el
Consejo de Estado. La Comisión mencionó igualmente que el proceso en que se
absolvió de responsabilidad disciplinaria a los policías participantes en los hechos
duró sólo una semana. La Comisión consideró luego la conducta de la justicia penal
militar en Colombia y dijo que "no reúne las condiciones para constituir un tribunal
independiente e imparcial, conforme a los requerimientos de la ley, de las normas
internacionales de derechos humanos". Se refirió finalmente a los alcances que
debería tener en el presente caso la acción contencioso-administrativa.
37. Una de las condiciones requeridas por la Convención Americana para que una
petición o comunicación sea admitida por la Comisión es que "se hayan interpuesto y
agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho
internacional generalmente reconocidos" (artículo 46.1.a). Esta regla admite
algunas excepciones, entre las que figura el "retardo injustificado" en la decisión
(artículo 46.2.c).
38. En el presente caso, las partes coinciden en que los hechos que originaron
esta causa tuvieron lugar en enero de 1991. El Estado no ha dado ninguna
explicación satisfactoria acerca del trámite procesal desarrollado entre esa fecha y el
inicio de 1998. El silencio del Estado debe ser apreciado tomando en cuenta que
durante los siete primeros años el trámite procesal no pasó de la etapa indagatoria.
Colombia ha mencionado los avances que ocurrieron desde que la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación tomó a su cargo esta causa.
Pero el tema en cuestión no es lo que sucedió en 1998, sino en los primeros siete
años a partir de los hechos. Este tiempo es más que suficiente para que un tribunal
dicte sentencia. Al considerarlo así, la Corte no se aparta de su jurisprudencia
anterior. En el caso Genie Lacayo, el Tribunal estimó que un período de cinco años
transcurrido desde el momento del auto de apertura del proceso rebasaba los límites
14
de la razonabilidad4. Este criterio ha sido reiterado por la Corte en otras ocasiones5.
El Estado no ha proporcionado ninguna explicación convincente para justificar la
demora en el presente caso.
39. En consecuencia, la Corte desestima esta excepción.
XI
QUINTA EXCEPCIÓN PRELIMINAR: FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE
PARA ACTUAR COMO TRIBUNAL DE INSTRUCCIÓN
40. Colombia presentó también, a título de excepción preliminar, el argumento de
que esta Corte carece de competencia para actuar como tribunal de instrucción de
hechos particulares. El Estado señaló, en su escrito de interposición de excepciones,
que la Comisión solicitó que se establecieran las circunstancias del fallecimiento de
una séptima persona, presuntamente muerta en combate, a fin de determinar si se
había violado el derecho a la vida. Colombia sostuvo que esta solicitud va más allá
de la competencia de la Corte pues ésta no puede transformarse en un tribunal de
instrucción o en un cuerpo técnico de la policía para investigar la muerte de una
persona porque su función consiste sólo en "conocer de los asuntos relacionados con
el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en la
Convención Americana". El Estado reiteró que esta Corte no es competente para el
análisis de conductas individuales y que su función está limitada a ser "Juez de
Estados" y no "Juez de particulares".
En la audiencia, Colombia insistió en la misma argumentación. Afirmó que no
pretende limitar la facultad probatoria que posee la Corte, pero que las pruebas
deben tender sólo a probar la responsabilidad de un Estado. En este sentido,
expresó que "la competencia de los órganos de la Convención Americana es para
establecer responsabilidades de Estados y no responsabilidades individuales".
41. En el presente caso, la Comisión consideró que el Estado es
internacionalmente responsable de la muerte de una séptima persona y ofrece las
pruebas para demostrarlo. No se trata aquí de determinar la responsabilidad penal
de la persona que dio muerte a este individuo, sino la responsabilidad internacional
del Estado, pues la Comisión sostuvo que dicho individuo fue privado de la vida por
un agente del Estado, esto es, por alguien cuya conducta resulta imputable a
Colombia. Para ello debe averiguar en qué circunstancias murió la séptima víctima y
si en ese hecho participó un órgano del Estado colombiano. Al hacerlo, la Corte no
se erige en juez de individuos, sino de Estados.
42. Por las razones expuestas, la excepción preliminar debe ser desestimada.
XII
43. Por tanto,
4 Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 23, párr. 81.
5 Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 73 y Caso
Paniagua Morales y otros, supra nota 3, párr. 155.
15
LA CORTE,
DECIDE:
por unanimidad
1. Desestimar la primera, cuarta y quinta excepciones preliminares
interpuestas por el Estado de Colombia.
por unanimidad
2. Admitir la tercera excepción preliminar interpuesta por el Estado de
Colombia.
por seis votos contra uno
3. Admitir la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado de
Colombia.
Disiente el Juez Jackman
por unanimidad
4. Continuar con el conocimiento del presente caso.
Los Jueces Cançado Trindade y García Ramírez hicieron conocer a la Corte sus
respectivos Votos Razonados, y el Juez Jackman su Voto Parcialmente Disidente, los
cuales acompañan esta sentencia.
Redactada en castellano y en inglés, haciendo fe el texto en castellano, en San José,
Costa Rica, el día 4 de febrero de 2000.
Antônio A. Cançado Trindade
Presidente
Máximo Pacheco Gómez Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman Alirio Abreu Burelli
Sergio García Ramírez Julio A. Barberis
Juez ad hoc
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A. Cançado Trindade
Presidente
16
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A. A. CANÇADO TRINDADE
1. He concurrido con mi Voto a la adopción de la presente Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre Excepciones Preliminares en el caso Las
Palmeras relativo a Colombia, mediante la cual la Corte ha desestimado la primera,
cuarta y quinta excepciones, y ha sostenido la tercera y segunda excepciones
preliminares interpuestas por el Estado demandado. Entiendo que la Corte ha llegado
a una decisión bien fundamentada y en plena conformidad con las normas relevantes
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como, además, los debates
sobre el caso en audiencia pública ante la Corte han trascendido la cuestión de la
aplicación de dichas normas y han planteado puntos teóricos de epistemología
jurídica de gran relevancia, me veo en la obligación de dejar constancia de mis
reflexiones personales al respecto, orientadas hacia el desarrollo progresivo del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
2. En la audiencia pública del 31 de mayo de 1999 ante la Corte sobre el
presente caso Las Palmeras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al
buscar sostener una interpretación y aplicación coextensivas del artículo 4 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 3 común a las cuatro
Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (de 1949),
relacionó este punto con la cuestión de la existencia y observancia de las
obligaciones erga omnes de protección6. Este es un tema que me es particularmente
grato, pues hace ya algún tiempo vengo sosteniendo, en el seno de la Corte, la
apremiante necesidad de promover el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del
régimen jurídico de las obligaciones erga omnes de protección de los derechos del
ser humano con miras a asegurar su aplicación en la práctica, lo que habrá de
fomentar en mucho la evolución futura del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos7.
3. Los alegatos de la Comisión Interamericana en la mencionada audiencia
pública ante la Corte de 31.05.1999 en el presente caso Las Palmeras, relativo a
Colombia, corresponden, así, a las inquietudes que ya expresé en la Corte - sobre
todo en el caso Blake versus Guatemala (1998-1999) - acerca de la necesidad de
mayor atención a esta temática8. En aquella memorable audiencia en el presente
caso Las Palmeras, no hubo discrepancia entre la Comisión y el Estado demandado -
6. Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Las Palmeras - Transcripción de la
Audiencia Pública sobre las Excepciones Preliminares celebrada el 31 de Mayo de 1999 en la Sede de la
Corte, pp. 19-20 y 35-38 (mecanografiado - circulación interna).
7. Así, por ejemplo, en mi Voto Razonado en la Sentencia de la Corte (de 24.01.1998) en el caso
Blake versus Guatemala (Fondo), ponderé: - "La consagración de obligaciones erga omnes de protección,
como manifestación de la propia emergencia de normas imperativas del derecho internacional,
representaría la superación del patrón erigido sobre la autonomía de la voluntad del Estado. El carácter
absoluto de la autonomía de la voluntad ya no puede ser invocado ante la existencia de normas de jus
cogens. No es razonable que el derecho contemporáneo de los tratados siga apegándose a un patrón del
cual él propio buscó gradualmente liberarse, al consagrar el concepto de jus cogens en las dos
Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados. (...)" (párrafo 28). - Posteriormente, en mi Voto
Razonado en la Sentencia de la Corte (de 22.01.1999) en el mismo caso Blake versus Guatemala
(Reparaciones), agregué: - "Nuestro propósito debe residir precisamente en el desarrollo doctrinal y
jurisprudencial de las normas perentorias del Derecho Internacional (jus cogens) y de las correspondientes
obligaciones erga omnes de protección del ser humano. Es por medio del desarrollo en este sentido que
lograremos transponer los obstáculos de los dogmas del pasado, así como las actuales inadecuaciones y
ambigüedades del derecho de los tratados, de modo a aproximarnos de la plenitud de la protección
internacional del ser humano." (párrafo 40).
8. Cf. citas in nota (2), supra.
2
en notable demostración, por parte de ambos, de cooperación y lealtad procesales -
en cuanto a la posibilidad de tomar en cuenta el artículo 3 común a las cuatro
Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario como elemento
de interpretación para la aplicación del artículo 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
4. Pero hasta ahí fue la concordancia, sobre el particular, entre la Comisión y el
Estado en la referida audiencia pública. En realidad, difícilmente podría haber sido de
otra forma, por cuanto la interacción interpretativa entre distintos instrumentos
internacionales de protección internacional de los derechos de la persona humana es
convalidada por el artículo 29(b) de la Convención Americana (referente a normas de
interpretación). En efecto, tal ejercicio de interpretación es perfectamente viable, y
conducente a la afirmación del derecho a "no ser privado de la vida arbitrariamente"
(un derecho inderogable, bajo el artículo 4(1) de la Convención Americana) en
cualesquiera circunstancias, tanto en tiempo de paz como de conflicto armado nointernacional
(en los términos del artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra de
1949).
5. Hay, sin embargo, una distancia entre el referido ejercicio de interpretación, -
incluida aquí la interacción interpretativa, - y la aplicación de la normativa
internacional de protección de los derechos de la persona humana, estando la Corte
habilitada a interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Estatuto de la Corte, artículo 19). Al caracterizar la segunda y tercera excepciones
interpuestas por el Estado demandado en el presente caso más bien como
excepciones preliminares propiamente dichas (antes de competencia que de
admisibilidad), que como defensas en cuanto al fondo, procedió la Corte a decidirlas,
a mi juicio correctamente, in limine litis10, - por un imperativo tanto de estabilidad
jurídica como de "prudencia y economía de la función judicial"11.
6. En el plano sustantivo, las consideraciones vertidas sobre la protección del
derecho fundamental a la vida nos hacen ingresar, inequívocamente, en el dominio
del jus cogens12, con las correspondientes obligaciones erga omnes de protección13,
a las cuales se hizo referencia en la audiencia pública. A propósito, a pesar de
compartir la preocupación externada por la Comisión Interamericana en la referida
audiencia pública del 31.05.1999 ante esta Corte, mi línea de razonamiento al
respecto es distinta.
9. Cf. también el Estatuto de la Comisión, artículo 1(2).
10. Cf., sobre la necesidad de decidir excepciones preliminares in limine litis, mis Votos Razonados en
el caso Gangaram Panday versus Suriname (Sentencia del 04.12.1991), párrafo 3; en el caso Castillo Páez
versus Perú (Sentencia del 30.01.1996), párrafo 4; y en el caso Loayza Tamayo versus Perú (Sentencia
del 31.01.1996), párrafo 4.
11. G. Abi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour Internationale, París,
Pédone, 1967, pp. 182-183; cf. también, al respecto, S. Rosenne, The Law and Practice of the
International Court, 2a. ed. rev., Dordrecht, Nijhoff, 1985, p. 464.
12. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Villagrán Morales y Otros versus Guatemala
(caso de los "Niños de la Calle"), Sentencia de 19.11.1999, Voto Concurrente Conjunto de los Jueces A.A.
Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, párrafo 2: - "Ya no puede haber duda de que el derecho fundamental
a la vida pertenece al dominio del jus cogens".
13. Sobre la relación entre jus cogens y las obligaciones erga omnes, cf., inter alia: M. Byers,
"Conceptualising the Relationship between Jus Cogens and Erga Omnes Rules", 66 Nordic Journal of
International Law (1997) pp. 211-239; A.J.J. de Hoogh, "The Relationship between Jus Cogens,
Obligations Erga Omnes and International Crimes: Peremptory Norms in Perspective", 42 Austrian Journal
of Public and International Law (1991) pp. 183-214.
3
7. Al sostener, como lo vengo haciendo, hace años, las convergencias entre el
corpus juris de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (en
los planos normativo, hermenéutico y operativo)14, pienso, sin embargo, que el
propósito concreto y específico del desarrollo de las obligaciones erga omnes de
protección (cuya necesidad vengo igualmente sosteniendo hace tiempo) puede ser
mejor servido, más bien por la identificación y cumplimiento de la obligación general
de garantía del ejercicio de los derechos de la persona humana, común a la
Convención Americana y las Convenciones de Ginebra (infra), que por una
correlación entre normas sustantivas - relativas a derechos protegidos, como el
derecho a la vida - de la Convención Americana y las Convenciones de Ginebra.
8. Aquella obligación general se encuentra consagrada tanto en el artículo 1.1 de
la Convención Americana como en el artículo 1 de las Convenciones de Ginebra y el
artículo 1 del Protocolo Adicional I (de 1977) a las Convenciones de Ginebra. Su
tenor es el mismo: trátase de respetar y hacer respetar las normas de protección, en
todas las circunstancias. Es este, a mi modo de ver, el denominador común (que
curiosamente parece haber pasado desapercibido en el alegato de la Comisión) entre
la Convención Americana y las Convenciones de Ginebra, capaz de conducirnos a la
consolidación de las obligaciones erga omnes de protección del derecho fundamental
a la vida, en cualesquiera circunstancias, tanto en tiempo de paz como de conflicto
armado interno. Es sorprendente que ni la doctrina, ni la jurisprudencia, hayan
desarrollado este punto suficiente y satisfactoriamente hasta la fecha; ¿hasta cuándo
tendremos que esperar a que despierten de una aparente y prolongada inercia o
letargia mental?
9. Ya es tiempo, en pleno año 2000, de desarrollar con determinación las
primeras formulaciones jurisprudenciales sobre la materia, avanzadas por la Corte
Internacional de Justicia hace precisamente tres décadas, particularmente en el cas
célèbre de la Barcelona Traction (Bélgica versus España, 1970)15. Ya es tiempo, en
este umbral del siglo XXI, de desarrollar sistemáticamente el contenido, el alcance y
los efectos o consecuencias jurídicas de las obligaciones erga omnes de protección
en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, teniendo presente
el gran potencial de aplicación de la noción de garantía colectiva, subyacente a todos
los tratados de derechos humanos, y responsable por algunos avances ya alcanzados
en este dominio.
10. El concepto de obligaciones erga omnes ya ha marcado presencia en la
jurisprudencia internacional16, como lo ilustran, en lo que concierne a la Corte
14. Tal como he desarrollado, inter alia, en mi ensayo "Aproximaciones o Convergencias entre el
Derecho Internacional Humanitario y la Protección Internacional de los Derechos Humanos", in Seminario
Interamericano sobre la Protección de la Persona en Situaciones de Emergencia - Memoria (Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia, junio de 1995), San José, CICR/ACNUR/Gob. Suiza, 1996, pp. 33-88.
15. Cabe recordar que, en aquel caso, la Corte Internacional de Justicia por primera vez distinguió,
por un lado, las obligaciones interestatales (propias del contentieux diplomatique), y, por otro lado, las
obligaciones de un Estado vis-à-vis la comunidad internacional como un todo (obligaciones erga omnes).
Estas últimas - agregó la Corte - derivan, v.g., en el derecho internacional contemporáneo, inter alia, de
los "principios y reglas concernientes a los derechos básicos de la persona humana", - ocurriendo que
ciertos derechos de protección "han ingresado en el corpus del derecho internacional general", y otros "son
otorgados por instrumentos internacionales de carácter universal o casi-universal"; caso de la Barcelona
Traction (Bélgica versus España, 2a. fase), ICJ Reports (1970) p. 32, párr. 34, y cf. también párr. 33.
16. Inclusive con una referencia a ellas en la décima Opinión Consultiva (de 1989) de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sobre la Interpretación de la Declaración Americana sobre
Derechos y Deberes del Hombre (párrafo 38).
4
Internacional de Justicia, sus Sentencias en los casos de la Barcelona Traction
(1970), de los Ensayos Nucleares (1974), de Nicaragua versus Estados Unidos
(1986), del Timor Oriental (1995), y de Bosnia-Herzegovina versus Yugoslavia
(1996), y los argumentos de las partes en los casos del Camerún Septentrional
(1963) y de África Sudoccidental (1966), así como su Opinión Consultiva sobre
Namibia (1971) y los argumentos (escritos y orales) atinentes a las dos Opiniones
Consultivas sobre las Armas Nucleares (1994-1995)17. Sin embargo, a pesar de las
referencias distintas a las obligaciones erga omnes en la jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia, esta última no ha extraído todavía las consecuencias de la
afirmación de la existencia de tales obligaciones, ni de sus violaciones, y tampoco ha
definido su régimen jurídico18.
11. Pero si, por un lado, no hemos todavía logrado alcanzar la oponibilidad de una
obligación de protección a la comunidad internacional como un todo, por otro lado el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos hoy nos proporciona los elementos
para la consolidación de la oponibilidad de obligaciones de protección a todos los
Estados Partes en tratados de derechos humanos (obligaciones erga omnes partes19
- cf. infra). Así, diversos tratados, tanto de derechos humanos20 como de Derecho
Internacional Humanitario21, disponen sobre la obligación general de los Estados
Partes de garantizar el ejercicio de los derechos en ellos consagrados y su
observancia.
12. Como correctamente señaló el Institut de Droit International, en una
resolución adoptada en la sesión de Santiago de Compostela de 1989, tal obligación
es aplicable erga omnes, por cuanto cada Estado tiene un interés legal en la
salvaguardia de los derechos humanos (artículo 1)22. Así, a la par de la obligación de
todos los Estados Partes en la Convención Americana de proteger los derechos en
ésta consagrados y garantizar su libre y pleno ejercicio a todos los individuos bajo
sus respectivas jurisdicciones, existe la obligación de los Estados Partes inter se de
asegurar la integridad y efectividad de la Convención: este deber general de
protección (la garantía colectiva) es de interés directo de cada Estado Parte, y de
todos ellos en conjunto (obligación erga omnes partes). Y esto es válido en tiempos
tanto de paz23 como de conflicto armado24.
17. Cf. M. Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford, Clarendon Press,
1997, pp. 12-13; C. Annacker, "The Legal Regime of Erga Omnes Obligations in International Law", 46
Austrian Journal of Public and International Law (1994), pp. 132-133, y cf. 131-166.
18. La Corte de la Haya tuvo una ocasión única para hacerlo en el caso del Timor Oriental (1995),
habiendo lamentablemente desperdiciado tal oportunidad, al relacionar las obligaciones erga omnes con
algo antitético a ellas: el consentimiento estatal como base del ejercicio de su jurisdicción en materia
contenciosa. Nada podría ser más incompatible con la existencia misma de las obligaciones erga omnes
que la concepción positivista-voluntarista del Derecho Internacional y el énfasis en el consentimiento
estatal como fundamento del ejercicio de la jurisdicción internacional.
19. Sobre el sentido de las obligaciones erga omnes partes, oponibles a todos los Estados Partes en
ciertos tratados o a una determinada comunidad de Estados, cf. C. Annacker, op. cit. supra n. (12), p.
135; y cf. M. Ragazzi, op. cit. supra n. (12), pp. 201-202.
20. Cf., v.g., Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1(1); Pacto de Derechos
Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo 2(1); Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, artículo 2(1).
21. Artículo 1 común a las cuatro Convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario
de 1949, y artículo 1 del Protocolo Adicional I de 1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949.
22. Cf. I.D.I., 63 Annuaire de l'Institut de Droit International (1989)-II, pp. 286 y 288-289.
23. En cuanto al deber general de garantía del ejercicio de los derechos humanos protegidos, cf. los
argumentos de Irlanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), en el caso Irlanda versus
5
13. Algunos tratados de derechos humanos establecen un mecanismo de
peticiones o comunicaciones que comprenden, a la par de las peticiones individuales,
también las interestatales; estas últimas constituyen un mecanismo par excellence
de acción de garantía colectiva. El hecho de que no hayan sido usadas con
frecuencia25 (jamás en el sistema interamericano de protección, hasta la fecha)
sugiere que los Estados Partes no han revelado todavía su determinación de
construir un verdadero ordre public internacional basado en el respeto por los
derechos humanos. Pero podrían - y deberían - hacerlo en el futuro, con su creciente
concientización de la necesidad de lograr mayor cohesión e institucionalización en el
ordenamiento jurídico internacional, sobre todo en el presente dominio de
protección.
14. De todos modos, difícilmente podría haber mejores ejemplos de mecanismo
para aplicación de las obligaciones erga omnes de protección (al menos en las
relaciones de los Estados Partes inter se) que los métodos de supervisión previstos
en los propios tratados de derechos humanos, para el ejercicio de la garantía
colectiva de los derechos protegidos26. En otras palabras, los mecanismos para
aplicación de las obligaciones erga omnes partes de protección ya existen, y lo que
urge es desarrollar su régimen jurídico, con atención especial a las obligaciones
positivas y las consecuencias jurídicas de las violaciones de tales obligaciones.
15. En fin, la prohibición absoluta de violaciones graves de derechos humanos
fundamentales - empezando por el derecho fundamental a la vida - se extiende en
efecto, en mi juicio, más allá del derecho de los tratados, incorporada, como se
encuentra, igualmente en el derecho internacional consuetudinario contemporáneo.
Tal prohibición da realce a las obligaciones erga omnes, debidas a la comunidad
internacional como un todo. Estas últimas trascienden claramente el consentimiento
individual de los Estados27, sepultando en definitiva la concepción positivistavoluntarista
del Derecho Internacional, y anunciando el advenimiento de un nuevo
ordenamiento jurídico internacional comprometido con la prevalencia de valores
comunes superiores, y con imperativos morales y jurídicos, tal como el de la
protección del ser humano en cualesquiera circunstancias, en tiempos tanto de paz
como de conflicto armado.
Reino Unido, in: CEDH, Ireland versus United Kingdom case (1976-1978), Pleadings, Oral Arguments and
Documents, Strasbourg, 1981, vol. 23-II, pp. 21-23 y 27, y vol. 23-III, pp. 17-19 y 21-26.
24. Así, un Estado Parte en las Convenciones de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de 1977,
aunque no esté involucrado en un determinado conflicto armado, está habilitado a exigir de otros Estados
Partes - que lo estén - el cumplimiento de sus obligaciones convencionales de cuño humanitario; L.
Condorelli y L. Boisson de Chazournes, "Quelques remarques à propos de l'obligation des États de
'respecter et faire respecter' le droit international humanitaire 'en toutes circonstances'", in Études et
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean
Pictet (ed. C. Swinarski), Genève/La Haye, CICR/Nijhoff, 1984, pp. 29 y 32-33.
25. Para un estudio de este punto en particular, cf. S. Leckie, "The Inter-State Complaint Procedure
in International Human Rights Law: Hopeful Prospects or Wishful Thinking?", 10 Human Rights Quarterly
(1988) pp. 249-301.
26. Y. Dinstein, "The Erga Omnes Applicability of Human Rights", 30 Archiv des Völkerrechts (1992)
pp. 16 y 22, y cf. 16-37; y cf. M. Byers, op. cit. supra n. (8), pp. 234-235; M. Ragazzi, op. cit. supra n.
(12), pp. 135 y 213.
27. C. Tomuschat, "Obligations Arising for States Without or Against Their Will", 241 Recueil des
Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1993) p. 365.
6
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
VOTO CONCURRENTE RAZONADO DEL
JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
1. Concurro con la mayoría de los integrantes de esta Corte en la argumentación
y resolución sobre las excepciones preliminares correspondientes al Caso Las
Palmeras (sentencia del 4 de febrero de 2000). Sin embargo, considero conveniente
ampliar los razonamientos relativos a la segunda excepción preliminar opuesta por el
Estado (falta de competencia de la Comisión, párrs. 16, segunda, y 34, y punto
resolutivo 3), que la Corte admitió. Esta decisión es consecuente con la adoptada
acerca de la tercera excepción (falta de competencia de la Corte, párrs. 28-33, y
punto resolutivo 2), que se razona ampliamente en la sentencia.
2. En este Voto Concurrente recojo elementos de juicio específicos relativos a la
tercera excepción, sin perjuicio de los datos comunes que sustentan la decisión
tomada por la Corte con respecto a ambas excepciones.
3. Es posible discutir la naturaleza de los planteamientos formulados por el
Estado a título de excepciones preliminares. En el examen de este punto es preciso
tomar en cuenta que los medios de defensa caracterizados como excepciones
preliminares sirven a los objetivos de impedir, detener o limitar el ejercicio de la
jurisdicción. En cambio, las excepciones o defensas de naturaleza sustantiva atañen
al fondo del asunto, pretenden desvirtuar la pretensión del actor y se proponen
sustentar una sentencia desestimatoria.
4. En mi opinión --y con el mayor respeto a otros puntos de vista-- las defensas
procesales opuestas por el Estado revisten las características mencionadas en primer
término, independientemente de su procedencia y de la posibilidad de que el
problema que plantean pudiera ser abordado, en algún caso, desde otra perspectiva.
En lo que respecta a la excepción sobre competencia de la Comisión, el propósito
perseguido es detener un procedimiento que se inició, a juicio del Estado, fuera de
las atribuciones del órgano respectivo. El hecho de que para este fin pudiera bastar
con la excepción de incompetencia de la Corte, no priva de su naturaleza de
excepción preliminar al argumento aducido en relación con la competencia de la
Comisión. Así lo consideró la Corte, y procedió a resolver sobre ambas excepciones.
5. En la segunda excepción preliminar analizada en la sentencia, el Estado
sostuvo --y la Corte aceptó-- que la Comisión no tiene competencia para aplicar el
Derecho internacional humanitario y otros tratados internacionales. Aquí se alude a
la competencia en un sentido amplio, como sinónimo de atribución o facultad de una
autoridad, no en un sentido estricto, como ámbito dentro del que se ejerce la
jurisdicción; esto último sólo sería aplicable a un órgano jurisdiccional, que es el caso
de la Corte, no así de la Comisión.
6. Por lo anterior resulta pertinente examinar brevemente las atribuciones de la
Comisión, en lo que concierne al presente caso. Este importante órgano del sistema
interamericano tiene una función principal, de alcance genérico: "promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos" (artículo 41, párrafo inicial, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante "la Convención").
7. Dentro de esa atribución genérica, la Comisión posee diversas facultades
específicas, que constituyen otras tantas expresiones o vertientes de su
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"competencia". Es útil distinguir entre: a) las funciones que la Comisión realiza para
la observancia y defensa de los derechos humanos, in genere, que no desembocan
en un procedimiento jurisdiccional contencioso mediante demanda ante la Corte
Interamericana (artículo 41, incisos a, b, c, d y g, de la Convención); y b) la función
que culmina en una demanda ante el tribunal interamericano (idem, inciso f). Cada
una de esas funciones cuenta con naturaleza, regulación y efectos propios, en los
términos de la Convención.
8. Por lo que toca a la atribución o "competencia" mencionada sub b), el inciso f
del artículo 41 formula una remisión específica, a la que es preciso atenerse para
establecer los supuestos, las características y las consecuencias jurídicas
correspondientes: "actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en
ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de
esta Convención".
9. Como se advierte, la competencia asignada a la Comisión por el inciso f del
artículo 41 abarca los diversos actos que culminan en la presentación de una
demanda ante la Corte para recabar de ésta una resolución jurisdiccional. Se refiere,
por ende, a un ámbito en el que se actualizan las atribuciones de la Comisión y de la
Corte, en sus respectivos momentos.
10. El primer precepto invocado expresamente por el inciso f del artículo 41
contempla dos temas fundamentales, uno de carácter subjetivo (legitimación en el
procedimiento) y otro de índole objetiva (competencia material): a) la legitimación
para formular denuncias o quejas y poner en movimiento, de esta forma, el
procedimiento que culminará en el despliegue de la competencia contenciosa de la
Corte; y b) la materia de esas denuncias o quejas, que lo es también del respectivo
procedimiento ante la Comisión y ante la Corte: conductas que constituyan
"violación de esta Convención por un Estado parte". La misma acotación existe, por
cierto, en el artículo 45.1, que regula el supuesto de demanda de un Estado parte en
contra de otro, con motivo de "violaciones de los derechos humanos establecidos en
esta Convención".
11. Idéntico señalamiento, en cuanto a la materia de la queja o denuncia, del
procedimiento que ésta pone en movimiento y de la posible demanda que la
Comisión formulará ante la Corte, aparece en diversos extremos del artículo 48.1:
párrafo inicial, que se refiere a "una petición o comunicación en la que se alegue la
violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención"; e inciso f,
que alude a la solución amistosa fundada en el respeto "a los derechos humanos
reconocidos en esta Convención".
12. En el ordenamiento total aplicable a la Comisión hay otras disposiciones
relevantes para el asunto que ahora me ocupa, a saber: artículos 1 y 23.1 del
Estatuto y 31, 41 b y 45.1 del Reglamento.
13. Es así que se promueve el ejercicio de la competencia contenciosa de la
Corte. En los términos de la Convención, esta competencia se extiende sobre la
interpretación o aplicación de la Convención Americana (artículo 62.1 y 3), que en la
especie se concreta en los asuntos relativos a la "violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención" (artículo 63.1). La Corte tiene así previsto,
igualmente, el ámbito de su competencia material en cuestiones contenciosas.
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14. Obviamente, las actividades preparatorias del procedimiento contencioso ante
la Corte y la participación en este mismo, no agotan, en lo absoluto, las atribuciones
de la Comisión y del Tribunal. Aquélla puede llevar a cabo, como en efecto lo ha
hecho, otras actividades de suma relevancia para la promoción y la defensa de los
derechos humanos, e incluso procurar la ampliación del régimen interamericano de
tutela, lo cual se desprende, particularmente, de los últimos incisos del artículo 19 de
su Estatuto. Por su parte, la competencia consultiva de la Corte abarca tanto la
Convención Americana como "otros tratados concernientes a la protección de los
derechos humanos en los Estados Americanos" (artículo 64.1).
15. Planteada así la regla para la intervención de la Comisión y de la Corte en
asuntos de los que ésta conocerá por la vía contenciosa, procede señalar que hay
excepciones a este límite en la competencia material. Esas excepciones se localizan
en otros instrumentos de nuestro sistema tutelar de derechos humanos.
16. Una excepción de ese carácter es la que figura en la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo artículo 8, in fine, autoriza
el acceso "a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por (el)
Estado" al que se atribuye la violación de dicho tratado. La Corte ha tenido la
oportunidad de pronunciarse sobre este punto en los Casos Paniagua Morales y Otros
(sentencia del 8 de marzo de 1998, párrs. 136 y punto resolutivo 3) y Villagrán
Morales y Otros (sentencia del 19 de noviembre de 1999, párrs. 247-252 y punto
resolutivo 7).
Sergio García Ramírez
Juez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ JACKMAN
No puedo unirme con la mayoría de la Corte en su decisión de admitir la
segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado en el presente caso.
Por medio de la moción en cuestión, el Estado ha pedido a la Corte que
sostenga que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "carece de
competencia para aplicar el derecho internacional humanitario y otros tratados
internacionales..." Así lo ha sostenido la Corte.
Es la sumisión respetuosa mía que la moción debería haber sido desestimada
por ser impertinente e improcedente, y por no poseer el carácter jurídico de una
excepción preliminar.
Si bien el artículo 36 del Reglamento de la Corte no define el término
"excepción preliminar", el alcance y propósito de tales peticiones o mociones son
bastante evidentes en el derecho internacional y su práctica. El Dictionnaire de la
terminologie du droit international propone la siguiente definición:
"Método empleado en la fase preliminar del proceso con fin de obtener una
decisión del tribunal en cuanto a un asunto preliminar antes de entrar en un
análisis del fondo del caso, el propósito de la moción es más frecuente para
prevenir que el asunto pase a la fase del fondo."28
El entendido escritor Shabtai Rosenne (The Law and Practice of the
International Court, 1985, pág. 457) mantiene que
"No es suficiente que una parte titule un documento como 'excepción
preliminar'... Además de su calidad técnica, la petición tiene que demostrar las
características jurídicas primordiales que le dieran su carácter preliminar en el
caso concreto, las cuales demuestran que, en el caso concreto, consiste en un
cuestionamiento a la competencia de la Corte. Puesto que el efecto esperado
de un fallo en relación a una excepión preliminar es determinar si el proceso en
cuanto al fondo será continuado o no, si la petición no tiene ese efecto
esperado, no será una auténtica excepción preliminar... [C]uando se presenta,
la petición tiene que relacionarse con la competencia de la Corte en cuanto al
fondo del caso..." (Enfasis no es del original).
La presente excepción pretende cuestionar, no la competencia de la Corte,
que es el tribunal responsable para el caso, sino la competencia de la Comisión, que
a partir del momento en el que presente un caso ante la Corte ya no tiene ningún
papel jurídico en el asunto aparte de lo que le asigna el artículo 57 de la Convención
Americana de Derechos Humanos: "La Comisión comparecerá en todos los casos
ante la Corte."
Por lo tanto, la cuestión de si la Comisión tiene o no competencia para aplicar
el derecho internacional humanitario es, a lo más, discutible, y en el peor de los
casos impertinente e improcedente, porque una respuesta afirmativa no afectaría de
ninguna manera la competencia de la Corte para conocer el caso. Aunque apoyo
completamente el criterio de que ni la Corte ni la Comisión tienen la autoridad para
28 Traducido por la Secretaría de la Corte.
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aplicar el derecho internacional humanitario, según lo dispuesto en la Convención,
encuentro imposible sostener que la naturaleza y propósito de la petición del Estado
se enmarquen dentro de los límites claramente definidos de las excepciones
preliminares en el derecho internacional.
Oliver Jackman
Juez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Doctor victor el blog me parecio muy interesante ya que nos brinda la informacion necesaria para documentarnos hacerca de los derechos humanos.
ResponderEliminarMi correo electronico es leonfrancy_22@hotmail.com