Seguridad con derechos: el reto del cuatrienio 2026 – 2030 en Colombia

 

Seguridad con derechos: el reto del cuatrienio 2026 – 2030 en Colombia

Victor Javier Meléndez Guevara, PhD.

La garantía de los derechos humanos en Colombia durante este cuatrienio exige condiciones que permitan a todas las personas ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales. Esta tarea compromete al conjunto de las instituciones públicas y requiere la participación de individuos y comunidades, sin diluir la responsabilidad del Estado. Desde la perspectiva de la garantía integral desarrollada por Meléndez (2024), supone llevar a la práctica, de manera articulada e interdependiente, las trece acciones básicas de garantía que su propuesta identifica a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

La lectura de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo suscita una primera exigencia: traducir sus declaraciones en compromisos verificables. El documento reconoce los derechos humanos como un pilar transversal del cuatrienio. Para que esa transversalidad tenga consecuencias en la gestión pública, es necesario precisar cómo contribuirá cada política a garantizarlos, qué instituciones responderán por sus resultados y con qué recursos contarán. Sin estas definiciones, existe el riesgo de que el reconocimiento permanezca en el plano declarativo.

La prioridad otorgada a la seguridad ofrece una oportunidad. Proteger a las comunidades del homicidio, la extorsión, el reclutamiento y el control armado constituye una responsabilidad fundamental en materia de derechos humanos. La legitimidad de esa actuación exige controles efectivos sobre el uso de la fuerza, respeto al debido proceso y garantías para la protesta pacífica. La recuperación de la autoridad estatal debe permitir que las personas vivan sin miedo y encuentren protección frente a las arbitrariedades, incluidas las que puedan provenir del propio Estado.

Ese compromiso debe alcanzar a todas las personas, también a aquellas cuyas convicciones, identidades o circunstancias resulten incómodas para las mayorías. En educación, ello demanda preservar el pluralismo, la igualdad y el acceso a información sustentada en el conocimiento científico. En materia migratoria, exige garantizar el acceso a la protección internacional de quienes la necesitan, respetar el principio de no devolución e incorporar medidas específicas para prevenir la apatridia y proteger a quienes carecen de nacionalidad. La universalidad de los derechos se pone a prueba, precisamente, en el trato que reciben quienes encuentran mayores obstáculos para hacerlos valer.

Desde una perspectiva educativa, resulta necesario articular las referencias del plan a la dignidad, la convivencia y la memoria en una política explícita de educación en derechos humanos orientada a construir una cultura de paz. Aprender a disentir sin deshumanizar, reconocer la experiencia de las víctimas y tramitar los conflictos sin violencia requiere procesos formativos sostenidos. Esto compromete la formación docente, las prácticas de convivencia escolar, la participación comunitaria y la continuidad de las políticas públicas. La enseñanza de los derechos adquiere sentido cuando las personas pueden reconocerlos, ejercerlos y contribuir a su garantía en la vida cotidiana.

Para dar consistencia a estos propósitos, el Plan Nacional de Desarrollo - PND debería establecer compromisos identificables, con responsables, asignaciones presupuestales, metas territoriales e indicadores públicos. Su seguimiento tendría que incorporar la participación de las víctimas y las organizaciones sociales, así como el control de los organismos competentes. La evaluación debe permitir reconocer avances y corregir decisiones que produzcan exclusión o vulneraciones.

Los derechos humanos obligan a cualquier gobierno, con independencia de su orientación política. El reto de este cuatrienio consiste en hacerlos efectivos como criterio de las decisiones públicas y como límite al ejercicio del poder. Su vigencia habrá de apreciarse en las condiciones concretas de vida: en la seguridad de las comunidades, en el acceso a la justicia, en la posibilidad de aprender y participar sin discriminación y en la libertad de disentir sin temor. Allí podrá valorarse el alcance real de los compromisos del plan.

Referencia de consulta: Enseñanza de los derechos humanos con un enfoque en su garantía integral. Meléndez Guevara, Víctor Javier. 2024. Tesis doctoral.