Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, (Fondo, Reparaciones y Costas)
En el Caso Valle Jaramillo y otros,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte", "la Corte
Interamericana" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes jueces:
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Diego García Sayán, Vicepresidente;
Sergio García Ramírez, Juez;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza, y
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
presente además*,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario;
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y con los artículos 29,
31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la
presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El 13 de febrero de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") presentó ante la Corte, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, una
demanda en contra de la República de Colombia (en adelante "el Estado" o "Colombia").
Dicha demanda se originó en la denuncia Nº 12.415 remitida a la Secretaría de la Comisión
el 2 de agosto de 2001 por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (en
adelante "GIDH"). El 20 de febrero de 2003 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad
Nº 5/03 y el 16 de octubre de 2006 aprobó el Informe de fondo Nº 75/06, en los términos
del artículo 50 de la Convención1, el cual contiene determinadas recomendaciones para el
* Por razones de fuerza mayor, la Secretaria Adjunta Emilia Segares Rodríguez no participó en la
deliberación de la presente Sentencia.
1 En el informe de fondo, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los
derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y protección judicial reconocidos en los artículos 4.1, 5, 7,
8.1 y 25 de la Convención Americana, así como de la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos
protegidos en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo y sus familiares. La
Comisión también encontró que Colombia era responsable por la violación de los artículos 5 y 7 de la Convención
Americana en perjuicio de Nelly Valle Jaramillo. Respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo, la Comisión concluyó
2
Estado. En consideración al "informe estatal sobre implementación de las recomendaciones
contenidas en el informe de fondo, y la falta de avances sustantivos en el efectivo
cumplimiento de las mismas", la Comisión decidió someter el presente caso a la
competencia de la Corte el 13 de febrero de 2007. La Comisión designó como delegados a
Víctor Abramovich, Comisionado, y a Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como
asesores legales a Ariel E. Dulitzky, Elizabeth Abi-Mershed, Juan Pablo Albán A., Verónica
Gómez, Andrea Repetto y Karin Mansel.
2. En la demanda la Comisión alegó que el
27 de febrero de 1998 […] dos hombres armados ingresaron al despacho de Jesús María Valle
Jaramillo en […] Medellín [donde también se encontraban Carlos Fernando Jaramillo Correa y]
Nelly Valle [Jaramillo], hermana de Jesús María Valle […]. [Posteriormente entró una mujer,
quien, junto con dos hombres, procedió a] amarrar e inmobilizar a los rehenes […]. Jesús María
Valle fue asesinado mediante dos disparos a la cabeza [y] falleció instantáneamente. […] Tras la
ejecución extrajudicial, la señora Valle y el señor Jaramillo Correa fueron arrastrados desde el
despacho hasta la sala de la oficina. Allí fueron amenazados con armas de fuego […]. [L]os
perpetradores abandonaron el despacho. […] Carlos Fernando Jaramillo […] debió exiliarse por
temor a las amenazas recibidas. […] Los elementos de juicio disponibles indican que el móvil del
asesinato fue el de acallar las denuncias del defensor de derechos humanos Jesús María Valle
sobre los crímenes perpetrados en el Municipio de Ituango por paramilitares en connivencia con
miembros de la Fuerza Pública […]. [T]ranscurridos casi nueve años […], se ha condenado a tres
civiles, en ausencia, y no existen investigaciones judiciales orientadas a la determinación de
responsabilidad alguna de agentes del Estado.
3. Por todo lo anterior, la Comisión alegó que el Estado es responsable por
la [supuesta] ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Jesús María Valle
Jaramillo; la [presunta] detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes que le precedieron,
en perjuicio del señor Valle Jaramillo, su hermana Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando
Jaramillo Correa […]; la [supuesta] falta de investigación y sanción de los responsables de tal
hecho; la [alegada] falta de reparación adecuada en favor de las [presuntas] víctimas y sus
familiares; y el [supuesto] desplazamiento forzado al que se vio obligado el señor Jaramillo
Correa con posterioridad a los hechos.
4. La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado
por la violación de:
a) los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7
(Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de Jesús
María Valle Jaramillo;
b) los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad
Personal) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de María Nelly Valle Jaramillo (en
adelante "María Nelly Valle Jaramillo" o "Nelly Valle Jaramillo") y Carlos Fernando
Jaramillo Correa;
c) el artículo 22 (Circulación y Residencia) de la Convención Americana, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en
perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa "y sus familiares", y
d) los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
que el Estado era responsable por la violación de los artículos 5, 7 y 22 de la Convención (expediente de anexos a
la demanda, apéndice 1, fs. 1 a 36).
3
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) de la misma, en perjuicio de Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando
Jaramillo Correa y de "los familiares" de Jesús María Valle Jaramillo.
Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de varias
medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias.
5. El 9 de mayo de 2007 el GIDH, representado por María Victoria Fallon Morales,
Patricia Fuenmayor Gómez y John Arturo Cárdenas Mesa, y la Comisión Colombiana de
Juristas (en adelante "CCJ"), representada por Gustavo Gallón Giraldo y Luz Marina Monzón
Cifuentes, en calidad de representantes de las presuntas víctimas y sus familiares (en
adelante "los representantes"), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas
(en adelante "escrito de solicitudes y argumentos" o "escrito de los representantes"), en los
términos del artículo 23 del Reglamento. Los representantes solicitaron a la Corte que
declare que el Estado había cometido las mismas violaciones de derechos alegadas por la
Comisión y, adicionalmente, alegaron que el Estado es responsable por la violación de:
a) el artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en
perjuicio de "los familiares de Jesús María Valle Jaramillo y Nelly Valle Jaramillo";
b) el artículo 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) de la Convención, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en
perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo;
c) el artículo 22.1 (Circulación y Residencia) de la Convención, en relación con el
artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los
siguientes familiares del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa: Gloria Lucía Correa
García, Carlos Enrique Jaramillo Correa, Carolina Jaramillo Correa y María Lucía
Jaramillo Correa;
d) los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de
la misma, en perjuicio de "todas las [presuntas] víctimas y sus familiares";
e) el artículo 11.1 y 11.2 (Derecho a la Honra y Dignidad) de la Convención, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ésta, en
perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa "y sus
familiares";
f) los artículos 5.1 (Derecho a la Integridad Personal), 13 (Libertad de
Pensamiento y Expresión) y 16 (Derecho de Asociación) de la Convención, en
relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho
instrumento, en perjuicio de "las víctimas indirectas, [a saber,] los defensores de
derechos humanos", y
g) el artículo 17 (Protección a la Familia) de la Convención, en perjuicio de "los
familiares de las víctimas".
Asimismo, solicitaron la adopción de ciertas medidas de reparación y el reembolso de los
gastos devengados durante el procedimiento del caso ante esta Corte.
6. El 9 de julio de 2007 el Estado, representado por el Agente Jorge Aníbal Gómez
4
Gallego y el Agente Alterno Pedro E. Díaz Romero, presentó su escrito de contestación de la
demanda y de observaciones al escrito de los representantes (en adelante "contestación de
la demanda"), en el cual "reconoc[ió] parcialmente su responsabilidad internacional" por la
violación de determinados artículos de la Convención que la Comisión y los representantes
alegaron; negó su responsabilidad en relación con otras de las violaciones alegadas, y
señaló que el Estado no ha propiciado un contexto de hostigamiento o persecución en
contra de defensores de derechos humanos (infra párrs. 20 a 25 y 30 a 33).
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
7. El 7 de marzo de 2007 la demanda de la Comisión fue notificada al Estado2 y a los
representantes. Durante el procedimiento ante este Tribunal, el Estado, la Comisión y los
representantes presentaron los escritos principales sobre el fondo (supra párrs. 1 al 6), y el
10 y 14 de agosto de 2007 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente,
sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado (supra párr.
6 e infra párrs. 26 y 27). El 6 de septiembre de 2007 el Estado solicitó que la Corte no
tomara en cuenta aquellos alegatos presentados por los representantes en sus
observaciones de 14 de agosto de 2007 que no tuvieran relevancia con el allanamiento
parcial realizado por el Estado (supra párr. 6).
8. El 30 de noviembre de 2007 la Corte ordenó mediante resolución la presentación de
nueve testimonios y dos declaraciones a título informativo rendidas ante fedatario público
(affidávit) propuestas por la Comisión, los representantes y el Estado, ante lo cual las partes
tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivas observaciones. Asimismo, mediante la
referida resolución, modificada de conformidad con la nota de la Secretaría de la Corte de
22 de enero de 2008, se convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al
Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de tres testigos, dos peritos
y un declarante a título informativo, así como los alegatos finales orales sobre el fondo y
eventuales reparaciones y costas3. La audiencia pública fue celebrada el 6 y 7 de febrero de
2008, durante el LXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte4. Durante dicha
2 Cuando se notificó la demanda al Estado, la Corte consultó su parecer sobre la designación de un Juez ad
hoc que participara en el presente caso. El 2 de abril de 2007 el Estado informó que "renuncia[ba] al ejercicio de su
derecho a designar un juez ad hoc" para conocer este caso.
3 Resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2007 y nota
de la Secretaría de la Corte Interamericana de 22 de enero de 2008.
4 Las siguientes personas estuvieron presentes en la audiencia pública: a) por la Comisión Interamericana:
Víctor Abramovich y Santiago A. Canton, como Delegados, y Juan Pablo Albán, Karin Mansel y Lilly Ching Soto,
como asesores; (b) por los representantes: María Victoria Fallon Morales, Patricia Fuenmayor Gómez, Luz Adriana
Valle Noreña, John Arturo Cárdenas Mesa y Jael Quiroga Carrillo, del GIDH, y Gustavo Gallón Giraldo y Luz Marina
Monzón Cifuentes, de la Comisión Colombiana de Juristas, y (c) por el Estado: Jorge Aníbal Gómez y Pedro Elías
Díaz Romero, como Agentes, y Luis Guillermo Fernández, Embajador de Colombia en Costa Rica; Clara Inés Vargas
Silva, Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Mónica Barrera Romero, Directora de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y Justicia; Alex de
Jesús Salgado, Director Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional; Juan Carlos Gómez Ramírez, Director de
Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional; Francisco Javier Echeverri Lara, Director de la Oficina de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación; Carlos Franco, Director del Programa de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República; Margarita Rey, Segundo
Secretario de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos; Héctor Adolfo
Sintura, Asesor de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República; Paula Lizano Van Der Latt, Asesora de la
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Isabella Mariño, Asesora de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería del Ministerio de Relaciones
Exteriores; María Constanza Alonzo, Asesora de la Dirección de la Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del
Interior y de Justicia; Edith Claudia Hernández Aguilar, Coordinadora de Defensa ante Organismos Internacionales
del Ministerio de Defensa Nacional; Sonia Uribe, Coordinadora del Grupo Contencioso del Ministerio de Defensa
Nacional; Liliana Romero, Asesora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación;
5
audiencia el Estado presentó varios documentos como prueba.
9. El 10 de marzo de 2008 las partes remitieron sus respectivos escritos de alegatos
finales. Según fuera solicitado por la Corte, junto con dicho escrito el Estado remitió, inter
alia, la transcripción y grabación de la declaración rendida por el señor Salvatore Mancuso el
15 de enero y 15 de mayo de 2007, "en lo relacionado con el General Alfonso Manosalva",
así como copia de una orden de pago de 14 de febrero de 2008 emitida por el Ministerio del
Interior y de Justicia relacionado con el acuerdo conciliatorio suscrito el 26 de abril de 2007
entre el Estado y algunas de las presuntas víctimas y aprobado el 28 de septiembre de
2007.
10. El 23 de abril de 2008 los representantes remitieron dos declaraciones rendidas por
el señor Francisco Enrique Villalba Hernández en febrero y marzo de 2008, las cuales
contienen información presuntamente relacionada al caso, y por tanto solicitaron que la
Corte acepte dichas declaraciones como prueba superviniente, de conformidad con el
artículo 44.3 del Reglamento del Tribunal. Se solicitó al Estado y a la Comisión que
presentaran las observaciones que estimen pertinentes, a más tardar el 26 de mayo de
2008. Asimismo, en dicha comunicación los representantes solicitaron a la Corte "que
reitere la solicitud al Estado de Colombia para que remita la grabación magnetofónica y la
transcripción mecanográfica de la versión libre rendida por el jefe paramilitar Salvatore
Mancuso, en su totalidad, sin editar y sin alterar el orden de la misma".
11. El 23 de mayo de 2008 se informó al Estado que se había puesto en conocimiento de
la Corte la solicitud realizada por los representantes en la referida comunicación de 23 de
abril de 2008 (supra párr. 10). Asimismo, la Corte solicitó al Estado que remita la grabación
y transcripción a la cual se hace referencia, en su totalidad, a más tardar el 23 de junio de
2008.
12. El 3 de junio de 2008 el Estado presentó observaciones a las declaraciones rendidas
por el señor Francisco Enrique Villalba Hernández que fueron remitidas el 23 de abril de
2008 por los representantes (supra párr. 10), y reiteró que "no resulta[ba] adecuado ni
necesario el envío de la totalidad de la versión libre del señor Mancuso, que además de
extensa, no tiene relación con los hechos de este caso y tiene un carácter reservado". No
obstante lo anterior, el Estado remitió la "transcripción de apartes de la versión libre rendida
por Salvatore Mancuso Gómez en el marco de la Ley 975 de 2005" del 16 de enero de 2007,
la cual no había sido remitida anteriormente (supra párr. 9), mas no remitió la grabación
magnetofónica correspondiente. Por lo anterior, se solicitó al Estado que remitiera dicha
grabación a más tardar el 27 de junio de 2008.
13. El 6 de junio de 2008 el Estado presentó "nueva información relacionada con
avances en materia de justicia en el caso". Al respecto, siguiendo instrucciones de la
Presidenta de la Corte, se otorgó un plazo hasta el 27 de junio de 2008 para que la
Comisión y los representantes presentaran las observaciones que estimen pertinentes.
14. El 27 de junio de 2008 la Comisión presentó sus observaciones a la "nueva
información relacionada con avances en materia de justicia" en el caso, ofrecida por el
Estado el 6 de junio de 2008 (supra párr. 13). Asimismo, en ese día los representantes
presentaron sus observaciones a los escritos del Estado de 3 y 6 de junio de 2008 (supra
párrs. 12 y 13).
Amparo Cerón, Fiscal Especializada de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y
Alexandra Montenegro, Asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
6
15. El 7 de julio de 2008 el Estado envió dos copias de la grabación magnetofónica de las
porciones de la versión libre rendida por Salvatore Mancuso Gómez que el Estado había
remitido a la Corte (supra párrs. 9 y 12).
16. El 31 de julio de 2008 el Estado solicitó, primero, que la Corte "[n]o ten[ga] en
cuenta las nuevas alegaciones presentadas por los representantes [mediante escrito de 27
de junio de 2008 (supra párr. 14)] en violación de las normas del Reglamento" de la Corte;
segundo, "que en caso de que decida tener en cuenta las observaciones de los peticionarios,
incluya dentro del expediente del caso […] y considere las observaciones que de manera
subsidiaria ha presentado el Estado colombiano en este escrito, [mediante las cuales solicitó
que la Corte] inadmita la declaración hecha por el señor Francisco Villalba [supra párr. 10],
dentro del expediente del proceso de radicado UNDH 2100, como parte del acervo
probatorio del caso en curso", y tercero, que la Corte dé "por cumplido el compromiso por
parte del Estado de enviar la versión libre del señor Salvatore Mancuso en el marco de la
Ley de Justicia y Paz".
17. El 25 de agosto de 2008 se informó a las partes que, respecto de los primeros dos
asuntos señalados en el párrafo anterior, el Tribunal, al momento de dictar sentencia en el
caso, valoraría la prueba presentada y decidiría acerca de la admisibilidad de la misma y de
los alegatos y observaciones respectivos presentados por las partes, lo que en efecto se
hace infra. La tercera solicitud (supra párr. 16) fue puesta en conocimiento de la Corte
durante su LXXX Período Ordinario de Sesiones. Al respecto, luego de evaluar lo señalado
por el Estado, el Tribunal decidió reiterar lo indicado anteriormente (supra párrs. 11 y 12),
en el sentido de solicitar al Estado que remita la grabación y transcripción de la versión libre
rendida por el señor Salvatore Mancuso en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en su
totalidad, sin editar y sin alterar el orden de la misma. Se informó al Estado que la Corte
mantendría la confidencialidad debida de dicha información y evaluaría la pertinencia de
incorporar al acervo probatorio del presente caso los aspectos relevantes que atañen al caso
Valle Jaramillo y otros, y respetaría, en lo que correspondiere, el principio del contradictorio.
18. El 22 de septiembre de 2008 el Estado envió un escrito, así como la copia "de las
grabaciones de todas las diligencias adelantadas en […] diferentes fechas entre el 2006 y
2008 en las que el señor [Salvatore] Mancuso se presentó ante los fiscales" en el marco de
la Ley de Justicia y Paz. Al respecto, este Tribunal informó que, en respeto a la
confidencialidad debida con relación a la información recibida, se transmitió a los
representantes y a la Comisión únicamente la copia de la comunicación del Estado y su
anexo. Asimismo, se reiteró que el Tribunal se reservaría para sí la revisión de las
grabaciones de video, a fin de evaluar la pertinencia de incorporar al acervo probatorio los
aspectos relevantes que atañen al presente caso.
III
COMPETENCIA
19. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo
62.3 de la Convención Americana, ya que Colombia es Estado Parte de la Convención desde
el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de
1985.
IV
RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
20. El Estado efectuó un reconocimiento de responsabilidad en su escrito de contestación
de la demanda, en los siguientes términos:
7
a) "reconoc[ió] su responsabilidad internacional por omisión en el cumplimiento
de su deber de garantía, por la violación a los derechos consagrados en los artículos
i. 4.1, 5 y 7.1 y 7.2 [de la Convención], respecto del señor Jesús María
Valle Jaramillo;
ii. 5 y 7.1 y 7.2 [de la Convención], respecto de la señora Nelly Valle
Jaramillo[;]
iii. 5, 7.1 y 7.2 y 22 de la Convención Americana, respecto del señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa, todos en conexión con el artículo 1.1
del mismo instrumento";
iv. "22 de la Convención, [en relación con el artículo 1.1 de la misma],
respecto del núcleo familiar directo del señor Carlos Jaramillo Correa",
y
v. "5 de la Convención[, en relación con el artículo 1.1 de la misma],
respecto de los núcleos familiares directos de las víctimas".
b) "reconoc[ió] parcialmente su responsabilidad por la infracción de los derechos
a las garantías y protecci[ones] judiciales consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de
la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, respecto de los señores
Jesús María Valle Jaramillo, la señora Nelly Valle Jaramillo, el señor Carlos Fernando
Jaramillo Correa y sus respectivos núcleos familiares directos […] teniendo en cuenta
que aún existen procesos judiciales pendientes encausados a sancionar a todos los
responsables intelectuales y materiales, conocer la verdad de lo ocurrido y reparar a
algunas de las víctimas que comparecieron al proceso contencioso administrativo";
c) señaló que "no violó los derechos a la honra y [a la] dignidad, a la libertad de
expresión y pensamiento y a la libertad de asociación a que se refieren los artículos
11, 13 y 16, respectivamente[,] de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, como lo [alegaron] los representantes de las presuntas
víctimas", y
d) negó que "exist[iera] un contexto, propiciado por el Estado, de
hostigamiento, persecución o violación de derechos a las defensoras y defensores de
derechos humanos o a las organizaciones de las que hacen parte".
21. Asimismo, en su contestación de la demanda el Estado reconoció "los hechos
ocurridos el 27 de febrero de 1998, respecto del señor Jesús María Valle Jaramillo; la señora
Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa". Además, Colombia
especificó, respecto de cada uno de los párrafos del capítulo de hechos de la demanda, si
los aceptaba o no como ciertos.
22. En cuanto a las reparaciones, el Estado manifestó que
encuentra considerables discrepancias en lo relativo a las reclamadas en la demanda y en el
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas […]. No obstante, el Estado manifiest[ó] que de
buena fe ha cumplido con algunos actos de reparación interna, y que mantiene su intención de
satisfacer y compensar a las presuntas víctimas y a sus familiares, de resarcir los perjuicios
causados, y garantizar la no repetición de nuevos hechos de esa magnitud e impacto en la
sociedad. En este sentido, present[ó] otras medidas complementarias de reparación, consistentes
8
con la jurisprudencia interamericana, que podrían ser implementadas por el Estado en caso de
que, la […] Corte las ordene si las considera pertinentes.
23. Durante la audiencia pública celebrada en el presente caso (supra párr. 8), así como
en el escrito de alegatos finales, el Estado reiteró su "reconocimiento de responsabilidad
internacional", "en los términos del escrito de contestación de la demanda".
24. Adicionalmente, el Estado señaló que
existen inconsistencias entre el objeto del Informe proferido por la Comisión Interamericana, de
conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana, y el objeto de la demanda
presentada ante la […] Corte. […] No obstante lo anterior, el Estado, de buena fe reconoce su
responsabilidad internacional en los términos antes expresados por varios de los derechos frente
a los cuales no se guardó una concordancia en el trámite ante la Comisión y el escrito de
demanda. […] [Asimismo], el Estado [señaló] que el reconocimiento de responsabilidad por
omisión respecto de los familiares de los señores Jesús María y Nelly Valle Jaramillo y el señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa […] fue realizado de buena fe y atendiendo a la jurisprudencia
de la […] Corte, aunque los representantes de las víctimas sólo argumentaron la vulneración del
derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5 de la Convención respecto de los
familiares del señor Jesús María Valle.
25. En su escrito de alegatos finales, al referirse a su reconocimiento de responsabilidad,
el Estado señaló, en lo pertinente, que
Colombia comprende que es su obligación continuar con el deber de investigar, […] y es en este
sentido que ha reconocido su responsabilidad por la omisión parcial […], pues el Estado, como es
su deber, continúa en la búsqueda de la determinación de los responsables. Sin embargo, dentro
de las investigaciones […] hasta el momento, no se ha presentado prueba que permita
determinar la responsabilidad de ningún agente del Estado, y en consecuencia, ha reconocido
[su] responsabilidad internacional por omisión respecto de los lamentables hechos acaecidos el
27 de febrero de 1998, así como por el trámite de las investigaciones penales y las consecuentes
violaciones […].
[…]
En este caso, el Estado de Colombia ha expresado que los lamentables hechos del asesinato del
señor Jesús María Valle Jaramillo, su privación de libertad y la de la señora Nelly Valle Jaramillo y
del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, la vulneración a la integridad personal de todos ellos
y las consecuencias generadas por la situación de desplazamiento al señor Carlos Fernando
Jaramillo y su familia nuclear y en los familiares de las otras víctimas, ocurrieron por omisión en
el cumplimiento del deber de garantía del Estado. Asimismo, las consecuencias que se han
producido por algunas falencias en las investigaciones y procesos judiciales iniciados en
cumplimiento del deber de investigar del Estado que corresponde al derecho a saber lo ocurrido
que tienen las víctimas y sus familiares, ocurrieron también por omisión en el cumplimiento del
deber de garantía.
[…]
[Durante la audiencia pública] el Estado expresó la voluntad de hacer un pedido de perdón a las
víctimas y sus familiares […], el cual deriva del reconocimiento de los lamentables hechos del
caso. Como ello no fue posible, quiere manifestarlo en este momento:
Señora Nelly Valle Jaramillo, señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y miembros de sus núcleos
familiares directos: el Estado de Colombia les pide perdón […] porque ustedes han sido víctimas
de [los] condenables hechos [del 27 de febrero de 1998,] que les han causado un grave daño a
su vida y al desarrollo de su propia personalidad y éstos han tenido consecuencias importantes
en la posibilidad de tener condiciones óptimas de vida. Por ello el Estado […] les expresa su
solidaridad manifestándoles que todo el daño que han sufrido no puede ser eliminado
completamente, pero hará todo aquello para lo que esté facultado, con el fin de acompañarlos y
hacer lo que como Estado le corresponde para repararlos integralmente por las omisiones de
agentes del Estado y por la afectación que les produjeron los hechos de este caso […].
9
El Estado de Colombia lamenta profundamente la violación de los derechos del señor Jesús María
Valle Jaramillo, a la libertad e integridad personales, la vida y garantía y protección judiciales en
relación con la obligación general de garantizar los derechos de la Convención […], por la omisión
de algunos de sus agentes, y reconoce ante ustedes, los familiares, la responsabilidad por
omisión que le cabe por los hechos mencionados. En igual sentido, siente profundo pesar por lo
ocurrido a los señores Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa por la vulneración
a su integridad y libertad personales, y respecto de este último y su familia directa, por la
vulneración a su derecho a la libre circulación y residencia.
El Estado reconoce [asimismo] la vulneración de los derechos de la señora Nelly Valle Jaramillo y
del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus respectivos núcleos familiares directos a la
integridad personal y a las garantías y protección judiciales y también por ello les pide perdón. El
Estado de Colombia aguarda que esta solicitud de perdón ayude a las víctimas y a sus familiares
para mitigar el vacío dejado y el dolor causado por la trágica pérdida del señor Jesús María Valle
Jaramillo y la vulneración de los derechos antes mencionados y se compromete sinceramente a
continuar con las medidas que ha venido adoptando y que determine la […] Corte, para evitar
que hechos tan dolorosos como éstos se vuelvan a repetir […].
Evidentemente, el pedido de perdón que el Estado hace en este escrito, no obsta de ninguna
manera para que, […] si la Corte así lo dicta, realice un acto público de reconocimiento con la
asistencia de las autoridades correspondientes […].
26. En sus observaciones al reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, así
como en la audiencia pública y en su escrito de alegatos finales, la Comisión "tom[ó] nota
de la aceptación parcial de los hechos" y señaló que "valora esta decisión por parte del
Estado como una medida que contribuye a la resolución del caso". Sin embargo, consideró
que
el reconocimiento de responsabilidad internacional formulado por el Estado deriva de una
interpretación de los hechos diversa a la planteada en el escrito de la demanda [de la Comisión]
y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En tal sentido […] las implicaciones jurídicas
en relación con tales hechos no han sido totalmente asumidas por el Estado, y tampoco la
pertinencia de las reparaciones solicitadas por las partes.
Específicamente, la Comisión señaló que
la omisión en el cumplimiento del deber de garantía al no proteger a una persona que se sabía
que se encontraba en riesgo es la única fuente de responsabilidad según el entendimiento del
Estado; mas [según la Comisión], además de lo anterior, la responsabilidad del Estado se generó
por las acciones y omisiones de sus funcionarios en el proceso de investigación de los hechos y
por los actos de los miembros del grupo paramilitar en la medida que el mismo Estado propició la
estructura legal y de hecho para su existencia.
Por lo tanto, la Comisión solicitó a la Corte que
tenga por establecidos los hechos aceptados sin condicionamientos o reservas como totalmente
ciertos por el Estado; de acuerdo con sus facultades realice su propia determinación respecto de
los hechos que se mantienen en controversia; y resuelva las cuestiones que permanecen en
contención respecto de la valoración y consecuencias jurídicas tanto de los hechos reconocidos
por el Estado como de aquellos demostrados a través de la prueba.
27. En su escrito de observaciones al reconocimiento de responsabilidad parcial realizado
por el Estado, así como en la referida audiencia pública y en su escrito de alegatos finales,
los representantes solicitaron a la Corte "que no acepte el reconocimiento de
responsabilidad por omisión planteado por el Estado" y consideraron que
el reconocimiento de responsabilidad expresado por el Estado en este caso en particular adolece
de contenido esencial y constituye tan solo una formula jurídica que no sólo pretende esconder la
gravedad del crimen de Estado cometido contra Jesús María Valle, sino que además se utiliza
como un mecanismo para presentarse como respetuoso de las obligaciones y compromisos
internacionales adquiridos en materia de derechos humanos […]. [Los representantes añadieron]
10
que la pretensión del Estado de que esta […] Corte declare su responsabilidad exclusivamente en
el ámbito de la omisión del deber de garantía afecta de manera grave la realización de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación adecuada e integrada a las víctimas […].
[Colombia] debe garantizar que su reconocimiento de responsabilidad permit[a] superar la
impunidad respecto de los agentes del Estado que estén involucrados en las violaciones de
derechos humanos y no que estos reconocimientos sean utilizados como un manto de impunidad.
[El] rechazo [de los representantes] a los términos y alcance del reconocimiento de
responsabilidad del Estado no se deriva del hecho puro y simple que sea un reconocimiento
parcial, en efecto[,] el reconocimiento de responsabilidad por omisión implica descartar la
participación como coautores, cómplices o determinadores de agentes del Estado en las
violaciones alegadas y tienen el efecto de limitar las expectativas de verdad y justicia de las
víctimas y familiares[. I]gualmente incide directamente sobre la determinación de las medidas de
reparación dirigidas a impedir que hechos de esta naturaleza se repitan […].
28. En los términos de los artículos 53.2 y 55 del Reglamento, en ejercicio de sus
poderes inherentes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la Corte puede
determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado
demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para
continuar o no con el conocimiento del fondo y la determinación de las eventuales
reparaciones y costas. Para estos efectos, el Tribunal analiza la situación planteada en cada
caso concreto5. Por ende, se procede a precisar los términos y alcances del reconocimiento
parcial de responsabilidad efectuado por el Estado y la extensión de la controversia
subsistente.
29. Teniendo en cuenta lo señalado por las partes (supra párrs. 20 a 27) y con base en
su jurisprudencia, el Tribunal decide aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad
estatal y calificarlo como una admisión parcial de hechos y un allanamiento parcial a las
pretensiones de derecho y de reparaciones contenidas en la demanda de la Comisión, así
como una admisión parcial de las pretensiones formuladas por los representantes.
*
* *
30. En cuanto a los hechos, el Tribunal considera que ha cesado la controversia
relacionada con aquellos descritos en los párrafos 34, 35, 37 a 43, 45 a 49, y 51 a 62 de la
demanda, con excepción de las siguientes aclaraciones señaladas por el Estado, sobre las
cuales aún subsiste la controversia:
a) en cuanto al párrafo 386, el Estado admitió que el "10 de julio de 1997 Jesús
María Valle [Jaramillo] denunció por los medios de comunicación la acción conjunta
de tropas adscritas a la IV Brigada y grupos paramilitares [y que en] respuesta, se le
inició un proceso por calumnias a instancia de miembros del Ejército". Sin embargo,
"cuestion[ó] el contenido del testimonio del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa
[…] en cuanto hace relación a que 'el entonces Gobernador de Antioquia declaró
públicamente que 'el doctor Valle pareciera ser enemigo de las Fuerzas Militares', por
5 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 105; Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 14, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez
Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C
No. 170, párr. 27.
6 El párrafo 38 de la demanda señala lo siguiente: "El 10 de julio de 1997 Jesús María Valle denunció por los
medios de comunicación la acción conjunta de tropas adscritas a la IV Brigada y grupos paramilitares. En
respuesta, se le inició un proceso por calumnias a instancia de miembros del Ejército. El testimonio del señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa refiere que, en este contexto, el entonces Gobernador de Antioquia declaró
públicamente que "el doctor Valle pareciera ser enemigo de las Fuerzas Militares".
11
cuanto no aparece respaldo en ninguna otra prueba que se haya adjuntado a la
demanda";
b) con relación al párrafo 537, el Estado señaló que, si bien "aceptó [su]
responsabilidad en el proceso que se surtió ante la […] Corte [en el Caso de las
Masacres de Ituango,] no está probado [en el presente caso] que en los graves
hechos de la ejecución extrajudicial del señor Jesús María Valle Jaramillo, así como
las otras violaciones de que fue víctima, junto con su hermana la señora Nelly Valle
Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo, hayan participado agentes del Estado
o éstos las hayan auspiciado o promovido";
c) en cuanto al párrafo 568, el Estado no aceptó como cierto que algunos de los
"conocidos líderes de las [Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante 'AUC')]"
tuvieran un "contacto cotidiano con la prensa o con autoridades del Estado";
d) con relación al párrafo 579, el Estado aclaró que uno de los dos fiscales
señalados en la demanda no se exilió, sino que "fue enviado por la Fiscalía General
de la Nación al exterior, en comisión de estudios y una vez regresó al país, continuó
vinculado a la Fiscalía hasta que se acogió a su pensión de jubilación";
e) en cuanto al párrafo 6010, el Estado añadió que para el 4 de diciembre de
2006 "se encontraban vinculados como presuntos responsables de los delitos de
homicidio agravado, secuestro simple y concierto para delinquir [dos] exintegrantes
de las [AUC]. En igual forma, se encontraba vinculado y con orden de captura y por
los mismos hechos [un] exintegrante de las AUC […] capturado el 28 de septiembre
de 2006, quien fue indagado y está pendiente de resolver su situación jurídica";
f) con relación al párrafo 6111, el Estado indicó que "la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la
7 El párrafo 53 de la demanda señala lo siguiente: "En suma, el 27 de febrero de 1998, Carlos Fernando
Jaramillo, Nelly Valle y Jesús María Valle fueron retenidos por hombres armados y este último fue muerto en
estado de total indefensión. Los elementos de juicio disponibles indican que el móvil del asesinato fue el de acallar
las denuncias del defensor de derechos humanos Jesús María Valle sobre los crímenes perpetrados en el Municipio
de ltuango por paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública, hechos que han sido objeto de una
declaratoria de responsabilidad internacional estatal por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
8 El párrafo 56 de la demanda señala lo siguiente: "Si bien se llamó a las diez personas vinculadas a rendir
indagatoria, tres de ellas (Carlos Castaño Gil y los dos civiles finalmente condenados por la autoría material del
crimen), nunca comparecieron ante las autoridades ni se hizo efectiva la orden de captura en su contra, con lo cual
la investigación y el juicio se llevó a cabo en ausencia de los acusados. Al respecto, cabe señalar como ya lo ha
hecho la CIDH en el pasado que en el caso de conocidos líderes de las AUC implicados en procesos por la comisión
de graves crímenes, las órdenes de captura no fueron ejecutadas a pesar del contacto cotidiano de estas personas
con la prensa e incluso, en ocasiones, con autoridades del propio Estado".
9 El párrafo 57 de la demanda señala lo siguiente: "A la falta de ejecución de las órdenes de captura, se
suma el contexto de amedrentamiento en el cual se desarrolló la labor investigativa y que llevó a la desvinculación
de los Fiscales cuyos esfuerzos habían derivado a la acusación de los diez civiles inicialmente implicados.
Efectivamente, los Fiscales que instruyeron la primera etapa de la investigación y vincularon a los acusados,
recibieron amenazas de muerte y en dos casos debieron exiliarse".
10 El párrafo 60 de la demanda señala lo siguiente: "El 21 de enero de 2005 el Fiscal General de la Nación
asignó una de las investigaciones producto de la ruptura procesal a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, sin
embargo a la fecha del presente informe se desconocen los avances de dicha investigación y no se tiene noticias
sobre la vinculación de agentes del Estado a las investigaciones".
11 El párrafo 61 de la demanda señala lo siguiente: "El Estado informó el 26 de enero de 2007, que el 28 de
septiembre de 2006, fue detenido [un] ex integrante de las AUC, vinculado a la investigación junto con [otros dos]
ex integrantes de las AUC, sin que hasta el momento la fiscalía se haya pronunciado sobre la eventual
responsabilidad de estas personas en los hechos".
12
Nación escuchó en indagatoria a [los dos] exintegrantes de las AUC [señalados en la
demanda] y les resolvió situación jurídica como presuntos responsables de los delitos
de homicidio y secuestro simple, en perjuicio del señor Jesús María Valle, la señora
Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, con medida de
aseguramiento de detención preventiva, por resolución de 8 de junio de 2007[…].
Estas personas permanecen privadas de libertad";
g) en cuanto al párrafo 6212, el Estado aclaró que "existen investigaciones
judiciales abiertas en la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario y en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, en
las cuales se deberá establecer si en los hechos hubo participación de los agentes del
Estado y de ser así, cuáles y en qué circunstancias", y
h) en general, el Estado negó que "exist[iera] un contexto, propiciado por el
Estado, de hostigamiento, persecución o violación de derecho a las defensoras y
defensores de derechos humanos o a las organizaciones de las que hacen parte".
31. El Estado no aceptó como cierto lo señalado en el párrafo 36 de la demanda, el cual
señala que existe "prueba para determinar que el doctor Valle Jaramillo había sido incluido
en la lista de 'eliminables' a raíz de las declaraciones que éste hiciera denunciando
públicamente la acción conjunta del Ejército, la IV Brigada y el Batallón Girardot con los
grupos paramilitares en Ituango y otros municipios vecinos". Tampoco aceptó la afirmación
realizada en el mismo párrafo, en el sentido de que la "animosidad de miembros del Ejército
hacia Jesús María Valle Jaramillo se originaba en las denuncias del defensor de derechos
humanos sobre los vínculos y colaboración de miembros de la Fuerza Pública con los grupos
paramilitares". Por lo tanto, el Tribunal considera que tales supuestos hechos aún se
encuentran controvertidos.
32. En cuanto a los párrafos 44 y 50 de la demanda, el Estado indicó que no los
aceptaba como ciertos, ya que "[e]n efecto no […] trata[n] propiamente de […] hecho[s],
sino de […] conclusi[ones] de la [Comisión], al emitir un juicio de valor e interpretación de
los hechos anteriores, lo cual corresponde a la […] Corte".
33. Asimismo, el Estado señaló que los "hechos presentados por los representantes […]
en los párrafos 6[6].1 a 6[6].8 [del escrito de solicitudes y argumentos] constituyen hechos
nuevos, no contenidos en la demanda de la Comisión Interamericana y por tanto, el Estado
solicit[ó] a la […] Corte excluirlos de su análisis".
34. Al respecto, el Tribunal ha señalado en múltiples ocasiones que no es admisible
alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer
aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que fueron mencionados en la
demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante13. La Corte observa que los
supuestos de hecho señalados en los referidos párrafos 56, 57, y 66.1 a 66.8 del escrito de
los representantes versan sobre el supuesto contexto o patrón de violaciones alegadamente
12 El párrafo 62 de la demanda señala lo siguiente: "En suma, transcurridos casi nueve años desde la
ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la retención de Nelly Valle y
Carlos Fernando Jaramillo, se ha condenado a tres civiles, en ausencia, y no existen investigaciones judiciales
orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado".
13 Cfr. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de
2003. Serie C No. 98, párr. 153; Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, nota al pie 16, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186,
párr. 228.
13
sufridas por defensores de derechos humanos en Colombia para la época de los hechos. El
Tribunal considera que dichos supuestos de hecho, de ser comprobada su veracidad,
permitirían a la Corte aclarar el contexto o presunto patrón violatorio señalado por la
Comisión en su demanda. Por lo tanto, el Tribunal desestima la solicitud del Estado de
"excluirlos de su análisis" y considera que subsiste la controversia respecto de éstos.
*
* *
35. Respecto a las pretensiones de derecho, la Corte considera que, de conformidad con
los términos del reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, ha cesado la
controversia en cuanto a la responsabilidad internacional de éste por su "omisión en el
cumplimiento de su deber de garantía, por la violación de los derechos consagrados en los
artículos 4.1, 5 y 7.1 y 7.2 [de la Convención], respecto del señor Jesús María Valle
Jaramillo; 5 y 7.1 y 7.2 [de la Convención], respecto de la señora Nelly Valle Jaramillo[;] 5,
7.1 y 7.2 y 22 de la Convención Americana, respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo
Correa, todos en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento"; así como por la
violación de los artículos "22 de la Convención, [en relación con el artículo 1.1 de la misma],
respecto del núcleo familiar directo del señor Carlos Jaramillo Correa", y "5 de la
Convención, [en relación con el artículo 1.1 de la misma], respecto de los núcleos familiares
directos de las víctimas". De igual manera, ha cesado la controversia respecto de la
responsabilidad del Estado por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, respecto de la señora
Nelly Valle Jaramillo, el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y los "respectivos núcleos
familiares directos" de éstos y del señor Jesús María Valle Jaramillo. No obstante el
allanamiento del Estado, este Tribunal se pronunciará sobre la presunta violación de los
derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en conexión con el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Jesús María Valle Jaramillo en el capítulo
correspondiente (infra párr. 170).
36. Debido a que el Estado reconoció su responsabilidad "por [su] omisión en el
cumplimiento de su deber de garantía" y la Comisión y los representantes alegaron, aunque
en diferente medida, que la responsabilidad del Estado en este caso debe ser declarada
también en razón de la "acción" de agentes estatales, el Tribunal considera que aún
subsiste una controversia respecto de las pretensiones de derecho alegadas en el presente
caso, las cuales serán analizadas en los capítulos correspondientes de la presente
Sentencia.
37. Además, el Estado controvirtió las violaciones alegadas por los representantes
relativas a los derechos reconocidos en los artículos 11, 13, 16 y 17 de la Convención, por lo
cual la Corte considera que subsiste una controversia al respecto. A la luz de los hechos que
el Estado ha admitido, así como de aquellos que el Tribunal dé por probado de conformidad
con la prueba presentada en el presente caso, la Corte analizará los alegatos pertinentes en
los capítulos correspondientes.
*
* *
38. En cuanto a la identificación de víctimas, el Tribunal observa que el Estado, "de
buena fe y atendiendo la jurisprudencia de la […] Corte", identificó a las siguientes personas
como "parte lesionada":
al señor Jesús María Valle Jaramillo por las violaciones a los derechos consagrados en los artículos
14
4.1 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 7.1 y 7.2 (Derecho a la Libertad
Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 (Protección Judicial), todos en relación con el artículo
1.1 de la Convención Americana y a los familiares del señor Jesús María Valle Jaramillo: las
señoras María Leticia Valle Jaramillo (hermana), Ligia Valle Jaramillo (hermana), Luzmila Valle
Jaramillo (hermana), Magdalena Valle Jaramillo (hermana), Romelia Valle Jaramillo (hermana), la
señora Marina Valle Jaramillo (hermana q.e.p.d) (y en su calidad de beneficiarios a Mauricio
Alberto Herrera Valle, Claudia Helena Herrera Valle y Liliana María Herrera Valle), el señor Darío
Valle Jaramillo (hermano) y el señor Octavio Valle Jaramillo (hermano) (y en su calidad de
beneficiarios a Juan Guillermo Valle Noreña, John Jairo Valle Noreña, Berta Lucía Valle Noreña y
Luz Adriana Valle Noreña), por las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5
(Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) en
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana[;]
[…]
[…] a la señora Nelly Valle Jaramillo[,] por la vulneración de los derechos consagrados en los
artículos 5 (integridad personal), 7.1 y 7.2 (libertad personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1
(Protección Judicial)[,] en relación con la obligación general (1.1) y a su núcleo familiar directo, el
señor Alfonso Montoya Restrepo (Esposo) y el señor Luis Fernando Montoya Valle (Hijo) por la
vulneración de los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 8.1 (Garantías
Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) en relación con la obligación general (1.1) [;]
[…]
[…] al señor Carlos Fernando Jaramillo Correa[,] por la vulneración de los derechos consagrados
en los artículos 5 (integridad personal), 7.1 y 7.2 (libertad personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y
25.1 (Protección Judicial) en relación con la obligación general (1.1) y a sus familiares por la
vulneración de los artículos 5 (integridad personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección
Judicial), a la señora Gloria Lucía Correa (cónyuge), al señor Carlos Enrique Jaramillo Correa
(hijo), a la señorita María Lucía Jaramillo Correa (hija), Ana Carolina Jaramillo Correa (hija), al
señor Jesús Emilio Jaramillo Barrera (padre), a la señora Adela Correa de Jaramillo (madre), a la
señora Blanca Lucía Jaramillo Correa (hermana), a la señora Romelia Jaramillo Correa (hermana),
a la señora Nellyda Jaramillo Correa (hermana), al señor José María Jaramillo Correa (hermano y
en su calidad de beneficiarios a la señora Juliana Jaramillo Tobón y al señor Santiago Jaramillo
Tobón), al señor Luís Eugenio Jaramillo Correa (hermano), a la señora Gloria Elena Jaramillo
Correa (hermana) y a la señora Adriana María Jaramillo Correa (hermana)[, y]
[…] respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo por la
vulneración del artículo 22 (derecho a la circulación y movimiento) en relación con la obligación
general de respetar los derechos (artículo 1.1), a la señora Gloria Lucía Correa (cónyuge), al
señor Carlos Enrique Jaramillo Correa (hijo) y a la señorita María Lucía Jaramillo Correa (hija).
[…] Sin embargo en relación con primos (as) y sobrinos (as) de las víctimas directas, el Estado,
conforme a la jurisprudencia de la […] Corte, ha determinado que su condición debe ser
comprobada[,] es decir de los señores Francisco Javier García Valle, Juan Guillermo Valle Noreña,
John Jairo Valle Noreña, Jairo Alberto Londoño Del Valle, John Alberto Henao Valle, Franklin
Henao Valle, Fredy Henao Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, Andrés Felipe Valle Villegas, Oscar
Fernando Hoyos Jaramillo, Andrés Felipe Ochoa Jaramillo, Diego Alejandro Ochoa Jaramillo, Juan
Gonzalo Jaramillo Mejía, Alejandro Jaramillo Mejía, Santiago Jaramillo Tobón, Juan Camilo
Jaramillo Gutiérrez, César Augusto Jaramillo Gutiérrez, Jorge Mario Jaramillo Gutiérrez y Luís
Jairo Jaramillo Gutiérrez y las señoras Marta Luz García Valle, Diana Patricia García Valle, María
Victoria García Valle, Claudia María García Valle, Berta Lucía Valle Noreña, Luz Adriana Valle
Noreña, Juliana Patricia Londoño Del Valle, Adriana María Londoño Del Valle, Jannette Henao
Valle, Claudia Helena Herrera Valle, Liliana María Herrera Valle, Ana María Valle Villegas, Ana
Catalina Hoyos Jaramillo, María Isabel Jaramillo Mejía, Juliana Jaramillo Tobón, Luisa María
Gómez Jaramillo, Gabriela Gómez Jaramillo y Victoria Alejandra Gómez Jaramillo, el Estado
señala que no se probó la intensidad afectiva de las personas anteriormente descritas.
39. Respecto de los "primos (as) y sobrinos (as) de las víctimas directas" señalados en el
párrafo anterior, el Tribunal considera que subsiste una controversia en cuanto a su carácter
de víctimas. El Tribunal observa que el Estado omitió mencionar dentro de los "primos (as)
y sobrinos (as) de las víctimas directas" al señor José Miguel Jaramillo Gutiérrez, sobrino del
15
señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, según consta en la prueba remitida por los
representantes como anexo al escrito de solicitudes y argumentos (infra párr. 131), por lo
que subsiste una controversia respecto de su carácter de víctima de la violación del artículo
5.1 de la Convención.
40. Además, la Corte observa que el Estado no reconoció al señor Gonzalo de Jesús
Jaramillo Correa, también hermano de Carlos Fernando Jaramillo Correa (infra párr. 130),
como víctima de la violación del artículo 5.1 de la Convención, por lo que subsiste la
controversia al respecto.
41. Asimismo, el Tribunal observa que el Estado omitió hacer referencia a la señorita Ana
Carolina Jaramillo Correa, también hija del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, como
víctima de la violación del artículo 22 de la Convención, por lo que subsiste una controversia
al respecto.
42. Por otro lado, el Estado señaló que "no se aportó el registro de nacimiento de la
señora Gilma Valle Jaramillo (hermana q.e.p.d) (y en su calidad de beneficiarios a los
señores John Alberto Henao Valle, Franklin Henao Valle y Fredy Henao Valle y la señora
Jeannette Henao)", por lo que argumentó que no se ha probado "la relación de parentesco
con el señor Jesús María Valle Jaramillo y la fecha de su deceso, para conocer si cumple las
calidades de parte lesionada". Por lo anterior, la Corte considera que subsiste la controversia
respecto del carácter de víctima o parte lesionada de dichas personas.
43. Asimismo, el Estado objetó "la pretensión de los representantes de incluir a las
defensoras y defensores de derechos humanos como nuevas víctimas, con base en que (i)
[éstos] no fueron incluidos como víctimas en el proceso ante la [Comisión, ni fueron
identificados en la demanda], y (ii) un caso contencioso no es una actio popularis". Por ello,
la controversia subsiste también en relación con este punto.
*
* *
44. Respecto de las medidas de reparación, como se señaló anteriormente, el Estado
manifestó que
encuentra considerables discrepancias en lo relativo a las reclamadas en la demanda y
en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas […]. No obstante, el Estado
manifiest[ó] que de buena fe ha cumplido con algunos actos de reparación interna, y
que mantiene su intención de satisfacer y compensar a las presuntas víctimas y a sus
familiares, de resarcir los perjuicios causados, y garantizar la no repetición de nuevos
hechos de esa magnitud e impacto en la sociedad. En este sentido, present[ó] otras
medidas complementarias de reparación, consistentes con la jurisprudencia
interamericana, que podrían ser implementadas por el Estado en caso de que [la]
Corte las ordene si las considera pertinentes.
45. Por lo tanto, el Tribunal considera que subsiste la controversia en cuanto a
determinadas pretensiones en materia de reparaciones y costas.
*
* *
46. Con base en todo lo anterior, la Corte considera que la actitud del Estado constituye
una contribución positiva al desarrollo de este proceso, al buen despacho de la jurisdicción
interamericana sobre derechos humanos, a la vigencia de los principios que inspiran la
16
Convención Americana y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta
materia14, en virtud de los compromisos que asumen como partes en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
47. La Corte observa que a pesar de la admisión parcial de hechos y del allanamiento
respecto de diversas pretensiones por parte del Estado, subsiste la necesidad de precisar la
entidad y gravedad de las violaciones ocurridas en el presente caso. Por lo tanto, teniendo
en cuenta las atribuciones que le incumben de velar por la mejor protección de los derechos
humanos, el Tribunal estima necesario dictar una Sentencia en la cual se determinen los
hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes
consecuencias. Lo anterior constituye una forma de reparación para las víctimas y sus
familiares, y, a su vez, contribuye a la preservación de la memoria histórica, a evitar que se
repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana
sobre derechos humanos15.
48. De tal manera, sin perjuicio de los alcances de la admisión parcial de hechos
efectuada por el Estado, la Corte considera pertinente valorar los hechos del presente caso,
tanto los reconocidos por Colombia como los demás incluidos en la demanda y aquellos
señalados por los representantes que permitan explicar, aclarar o desestimar los que fueron
mencionados en la demanda. Además, la Corte estima necesario hacer algunas precisiones
respecto de la manera en que las violaciones ocurridas se han manifestado en el contexto y
circunstancias del caso, así como de ciertos alcances relacionados con las obligaciones
establecidas en la Convención Americana, para lo cual abrirá los capítulos respectivos. Estas
precisiones contribuirán al desarrollo de la jurisprudencia sobre la materia y a la
correspondiente tutela de derechos humanos.
V
PRUEBA
49. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la
jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación16, la Corte examinará y
valorará los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los
representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor
resolver que les fue solicitada por la Presidencia y la Corte, así como las declaraciones
testimoniales y a título informativo y los dictámenes rendidos mediante declaración jurada,
ante fedatario público (affidávit) o en la audiencia pública ante la Corte. Para ello el Tribunal
se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente17.
14 Cfr. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de
1998. Serie C No. 38, párr. 57; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo
de 2008. Serie C No. 177, párr. 25, y Caso Albán Cornejo y otros, supra nota 5, párr. 24.
15 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001.
Serie C No. 88, párr. 79; Caso Kimel, supra nota 14, párr. 28, y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 31.
16 Cfr. Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 31, y Caso
Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 64.
17 Cfr. Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo
de 1998. Serie C No. 37, párr. 52; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 31, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13,
párr. 64.
17
A) Prueba Documental, Testimonial y Pericial
50. A pedido de la Corte y de la Presidencia18, la Corte recibió los testimonios y las
declaraciones a título informativo rendidas ante fedatario público (affidávit) por las
siguientes personas19:
a) Rafael Alberto Rincón Patiño, testigo propuesto por la Comisión y los
representantes, fue abogado compañero de Jesús María Valle Jaramillo y ex
Personero Municipal de Medellín. Declaró sobre las calidades profesionales, la
experiencia y el ejercicio de la abogacía de Jesús María Valle Jaramillo. Asimismo, se
refirió a las acciones y políticas públicas para enfrentar la violencia y situación de
derechos humanos en el departamento de Antioquia en el período 1995-1998,
cuando se desempeñaba como Personero Municipal, al tipo de actividades o acciones
que desarrollaron las autoridades con las organizaciones de derechos humanos en la
defensa de los derechos humanos, y a la situación de riesgo de Jesús María Valle
Jaramillo antes de su asesinato;
b) Fernando María Velásquez Velásquez, testigo propuesto por los
representantes, fue abogado compañero de Jesús María Valle Jaramillo. Rindió
testimonio sobre las calidades profesionales, la experiencia y el ejercicio de la
abogacía de Jesús María Valle Jaramillo, refiriéndose a los obstáculos que enfrentaba
éste en la práctica de su profesión;
c) Saúl Jaramillo Giraldo, testigo propuesto por los representantes, médico
veterinario quien trabajó con la familia Jaramillo Correa en sus negocios
agropecuarios y amigo de Carlos Fernando Jaramillo Correa. Su declaración versó
sobre las relaciones familiares previas a los hechos y las consecuencias del exilio de
Carlos Fernando y su grupo familiar para la familia Jaramillo Correa;
d) María Amanda Correa Zuleta, testigo propuesta por los representantes, es
amiga de la familia Jaramillo Correa. Declaró sobre las relaciones familiares previas a
los hechos y las consecuencias del exilio de Carlos Fernando y su grupo familiar para
la familia Jaramillo Correa;
e) Darío Arcila Arenas, testigo propuesto por los representantes, es abogado y
fue colega de Jesús María Valle Jaramillo. Rindió testimonio sobre el impacto de la
muerte de Jesús María Valle Jaramillo en el trabajo de los defensores de derechos
humanos. Asimismo, se refirió a las relaciones familiares de Jesús María Valle
Jaramillo, al origen de los recursos económicos de éste para atender gastos
personales y los de su familia, y al impacto emocional que sufrió la familia a raíz de
su muerte;
f) Juan Guillermo Valle Noreña, testigo propuesto por los representantes, es
sobrino de Jesús María Valle Jaramillo. Su declaración versó sobre las relaciones
familiares, el impacto emocional y las consecuencias económicas de la muerte de
Jesús María Valle Jaramillo en la familia Valle Jaramillo. Asimismo, se refirió a la falta
18 Resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2007, y nota
de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de enero de 2008, supra nota 3.
19 En su comunicación de 10 de enero de 2008 la Comisión Interamericana informó a la Corte que desistía de
la presentación de la declaración jurada de la testigo Magdalena Valle Jaramillo.
18
de una indemnización económica otorgada por el Estado a la familia Valle Jaramillo y
a las reparaciones que considera deberían hacerse efectivas;
g) Rafael Bustamante Pérez, testigo propuesto por el Estado, es abogado y
Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Rindió
testimonio sobre la naturaleza, estructura y cobertura del Programa de Protección de
Derechos Humanos de dicho Ministerio;
h) Jairo Alberto Cano Pabón, testigo propuesto por el Estado, es Contador
General de la Nación. Su declaración a título informativo versó sobre la
documentación y argumentación aportada por los representantes de las presuntas
víctimas respecto a la magnitud de la actividad productiva y comercial de Carlos
Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo, y
i) José G. Patiño Escobar, testigo propuesto por el Estado, es Subgerente de
Desarrollo Productivo y Social del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER). Su declaración a título informativo versó sobre el dictamen técnico
agropecuario ofrecido por los representantes como prueba en el presente caso,
haciendo énfasis en los parámetros técnicos utilizados para calcular los costos de
producción, índices de producción, ingresos, daño emergente y lucro cesante.
51. Durante la audiencia pública del presente caso, la Corte recibió la declaración de los
siguientes testigos, peritos y declarante a título informativo:
a) Nelly Valle Jaramillo, presunta víctima y testigo propuesta por la Comisión.
Declaró, inter alia, sobre los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1998; los
supuestos obstáculos enfrentados por la familia del señor Jesús María Valle Jaramillo
en la búsqueda de justicia; y las consecuencias en su vida personal y en la familia
del señor Jesús María Valle Jaramillo causadas por los hechos del presente caso;
b) Carlos Fernando Jaramillo, presunta víctima y testigo propuesto por la
Comisión. Declaró, inter alia, sobre las circunstancias en que se vio obligado a
desplazarse internamente y posteriormente a exiliarse como consecuencia de haber
colaborado con las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos
materia del presente caso;
c) Beatriz Eugenia Jaramillo de González, testigo propuesta por los
representantes, miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos "Héctor
Abad Gómez", asistió con Jesús María Valle a la última reunión que sostuvo éste con
el entonces Gobernador de Antioquia, antes de su asesinato. Declaró sobre los
antecedentes sociopolíticos y la situación de derechos humanos en Antioquia que
desencadenaron las supuestas amenazas y posterior asesinato de Jesús María Valle,
así como otros aspectos relacionados con el contexto de los hechos del presente
caso;
d) Rainer Huhle, perito propuesto por los representantes, experto en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y Oficial en la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en la época de los
hechos. Declaró sobre los supuestos riesgos de quienes trabajaban como defensores
de derechos humanos en Colombia en la época de los hechos del presente caso; y la
aplicación o no de las recomendaciones y principios referentes a la protección de la
labor de defensa de los derechos humanos en Colombia;
19
e) Alier Hernández, perito propuesto por el Estado, Consejero de Estado de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. Su declaración versó sobre los avances en
los estándares que aplica la jurisdicción contenciosa administrativa y su
compatibilidad con los estándares internacionales en casos de responsabilidad civil y
extracontractual del Estado en asuntos sometidos a su jurisdicción que comprenden
violaciones a derechos humanos. Se refirió a los patrones que aplica el Consejo de
Estado Colombiano en materia de reparaciones, presentando asimismo el auto del
Consejo de Estado que aprobó la conciliación en el caso de Jesús María Valle
Jaramillo, y
f) Sandra Jeannette Castro Ospina, declarante a título informativo propuesta por
el Estado, Jefa de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. Se refirió a las investigaciones
penales abiertas en la Fiscalía General de la Nación para determinar los presuntos
autores de la muerte del señor Jesús María Valle Jaramillo.
52. Además de las declaraciones y peritajes señalados anteriormente, la Comisión, los
representantes y el Estado remitieron elementos probatorios en diversas oportunidades
procesales, así como en la audiencia pública o como prueba para mejor resolver que les fue
solicitada por la Presidencia y la Corte (supra párrs. 8 a 18).
B) Valoración de la Prueba
53. En el presente caso, como en otros20, el Tribunal admite el valor probatorio de
aquellos documentos y declaraciones remitidas por las partes en el momento procesal
oportuno, en los términos del artículo 44 del Reglamento, que no fueron controvertidas ni
objetadas, ni cuya autenticidad fue cuestionada.
54. En cuanto a los testimonios, declaraciones a título informativo y dictámenes rendidos
por los testigos y peritos mediante declaraciones juradas (affidávits) y en audiencia pública,
la Corte los estima pertinentes en cuanto se ajusten al objeto que fue definido por el
Tribunal en la Resolución en la cual se ordenó recibirlos (supra párr. 8), tomando en cuenta
las observaciones presentadas por las partes. Este Tribunal estima que las declaraciones
testimoniales presentadas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente
dado que dichas personas tienen un interés directo en este caso, razón por la cual serán
valoradas dentro del conjunto de las pruebas del proceso.
55. Los representantes impugnaron la declaración de Rafael Bustamante Pérez (supra
párr. 50.g), afirmando que "no se trata de una exposición personal y espontánea de los
temas objeto de su declaración, sino más bien [de] una transcripción casi exacta de la
información incluida en la página web del Ministerio del Interior y de Justicia" y que, por lo
tanto, "no debe ser admitid[a] por la Corte por no corresponder con lo ordenado" en la
Resolución de 30 noviembre de 2007. Este Tribunal, sin embargo, admite esta prueba en
tanto se relaciona con el objeto establecido en la Resolución de la Corte (supra párr. 8),
teniendo en cuenta las observaciones de los representantes, y será valorada conforme a las
reglas de la sana crítica y al conjunto de pruebas en el proceso.
20 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4,
párr. 140; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 35, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 67.
20
56. Adicionalmente, los representantes impugnaron la declaración de José G. Patiño
Escobar (supra párr. 50.i) por "no aparece[r] registro, en ninguna parte del documento,
sobre la firma del documento y su formalización ante notario o fedatario público como lo
ordenó" la Corte en su Resolución de 30 noviembre de 2007. Los representantes afirmaron
que "no se dio cumplimiento a las formalidades señaladas por la Corte para esta declaración
de carácter 'informativo', por lo que no debería ser valorada." La Corte observa que en el
expediente consta que la declaración del señor Patiño fue debidamente firmada y
formalizada ante un notario público en Colombia, en observancia de los requisitos formales
señalados en la Resolución de 30 de noviembre de 2007. Por lo tanto, el Tribunal admite
dicha prueba, la cual será valorada conforme a las reglas de la sana crítica y al conjunto de
pruebas en el proceso.
57. El Estado impugnó la declaración de Fernando María Velásquez Velásquez, por
exceder "el objeto [de su] testimonio". Asimismo, impugnó la declaración de Rafael Alberto
Rincón Patiño, ya que ésta versa sobre "presuntos hechos en forma genérica e incompleta
[y no se limita al] objeto para el que ha[bía] sido citado". Por otro lado, el Estado impugnó
la declaración de Saúl Jaramillo Giraldo, ya que éste declaró sobre "hechos ajenos al objeto
de la prueba [y excedió] el objeto del testimonio decretado por la Corte". Además, el Estado
objetó que Jaramillo Giraldo, al declarar sobre los bienes de Carlos Fernando Jaramillo
Correa y su familia, haya "sobredimension[ado] algunas actividades económicas y cifras que
no fueron argumentados en el escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas" de los
representantes. Adicionalmente, el Estado impugnó la declaración de María Amanda Correa
Zuleta, por ser un "testigo con interés en el resultado de la causa", en "razón de su
parentesco con la familia del señor Carlos Fernando Jaramillo". La declaración de Darío
Arcila Arenas también fue impugnada por el Estado, por exceder "el objeto de su testimonio
[al mencionar] como un hecho nuevo que el señor Jesús María Valle 'ayudaba a estudiantes
pobres de la Universidad de Antioquia pagándoles la matrícula […]'". Por último, el Estado
impugnó la declaración de Juan Guillermo Valle Noreña, por ser un "testigo con interés en el
resultado de la causa", en "razón de su parentesco con la familia del señor Jesús María Valle
Jaramillo". Al respecto, la Corte toma en cuenta las observaciones presentadas por el
Estado y estima que las referidas declaraciones pueden contribuir a la determinación, por
parte del Tribunal, de los hechos en el presente caso, en tanto se relacionan con el objeto
definido por la Corte, por lo que las admite para ser valoradas conforme a las reglas de la
sana crítica y al conjunto de pruebas en el proceso.
58. La Comisión y los representantes solicitaron el traslado de algunos hechos
contenidos en la Sentencia emitida por este Tribunal en el caso de las Masacres de Ituango,
así como algunas declaraciones y peritajes rendidos en procesos seguidos ante la Comisión
y ante esta Corte. Concretamente, se solicitó la incorporación al acervo probatorio de las
declaraciones rendidas por el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa en la audiencia
celebrada ante la Comisión el 1 de marzo de 2004 con relación al presente caso, así como
en la audiencia celebrada ante este Tribunal el 22 de septiembre de 2005 en el caso de las
Masacres de Ituango. Asimismo, se solicitó la incorporación de la declaración rendida por el
Fiscal Regional de Medellín para la época de los hechos, Carlos Álvaro Bonilla Cifuentes, en
el transcurso de la audiencia celebrada ante la Comisión el 2 de marzo de 2000 en el caso
de la Masacre de La Granja (Masacres de Ituango). Por último, se solicitó la incorporación
del peritaje rendido por Federico Andreu en el curso de la audiencia celebrada ante este
Tribunal el 7 de marzo de 2005 en el caso de la Masacre de Mapiripán. Al respecto, el
Estado señaló que no sería pertinente hacer un traslado del contexto político e histórico
señalado en el Caso las Masacres de Ituango, ya que: "(i) no existe una coincidencia de
tiempo y espacio entre ambos casos, (ii) no existe una coincidencia de atribución de
responsabilidad estatal entre ambos casos y (iii) del concepto de comunidad de prueba no
puede derivarse una necesidad de traslado de hechos y atribución de responsabilidad de un
21
caso al otro". No obstante ello, mediante comunicación de 14 de diciembre de 2007, el
Estado manifestó que "dada la ocasión de que la Corte decida trasladar dichas declaraciones
[…], éstas deberán ser analizadas y valoradas en relación con los hechos correspondientes a
la violación de los derechos humanos del señor Jesús María Valle Jaramillo, la señora Nelly
Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa […]". En aplicación de lo
dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, tal y como lo ha hecho en ocasiones
anteriores21, la Corte incorpora al acervo probatorio las declaraciones y peritajes señalados
anteriormente en tanto el Estado tuvo la oportunidad de participar en los procesos en que
fueron rendidos y se relacionen con los hechos materia del presente caso, ya que los
considera útiles para la resolución del mismo. Dicha prueba será valorada conforme a las
reglas de la sana crítica y al conjunto de pruebas en el proceso. Asimismo, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte trasladará los hechos que ya dio
por probados en otras sentencias en tanto sean relevantes y útiles para la resolución del
presente caso.
59. En cuanto a los documentos rendidos por el Estado en audiencia pública (supra párr.
8), la Corte considera que son útiles y relevantes y los incorpora al acervo probatorio para
ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica y al conjunto de pruebas en el
proceso.
60. El 23 de abril de 2008 los representantes presentaron prueba documental adicional
consistente en dos declaraciones rendidas por el señor Francisco Enrique Villalba Hernández
en febrero y marzo de 2008 en el marco de un proceso penal que se lleva a cabo a nivel
interno, las cuales contienen información presuntamente relacionada al presente caso, y por
tanto solicitaron su incorporación al acervo probatorio en calidad de prueba superviniente
(supra párr. 10). Al respecto, el Estado señaló que las referidas declaraciones no han sido
corroboradas ni valoradas por la Fiscal de conocimiento, no cumplen los requisitos de una
prueba en los términos del artículo 44 del Reglamento de la Corte, y no han sido
contradichas a nivel del proceso interno. Además, el Estado cuestionó la validez de las
declaraciones alegando la poca credibilidad del señor Villalba. La Corte considera que dicha
prueba documental cumple con los requisitos formales para su admisibilidad como prueba
superviniente, conforme al artículo 44.3 del Reglamento, y la incorpora al acervo probatorio
para su valoración, para lo cual tendrá en cuenta las objeciones señaladas por el Estado.
61. Asimismo, el 6 de junio de 2008 el Estado presentó como prueba superviniente la
decisión de la Corte Suprema de Justicia de 1 de abril de 2008 (supra párr. 13), mediante la
cual admite la demanda de revisión presentada por la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contra la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín de 25 de julio de 2001 que confirmó la absolución a
favor de Jaime Alberto Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio por el concurso de
delitos de homicidio agravado en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo. La Comisión
consideró que dicha prueba superviniente "es de recibo y evidencia la adopción de pasos
positivos hacia el esclarecimiento de los hechos, y el eventual procesamiento y sanción al
menos de una parte de los responsables", sin embargo, insiste en que tal prueba "no puede
ser aceptada por la Corte para declarar que el Estado no ha violado la Convención" en el
presente caso. Por su parte, los representantes calificaron la nueva información como
"extemporánea, casi superflua, por cuanto se limita a informar a la […] Corte de la
21 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 90; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 64, y Caso de las Masacres de
Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie
C No. 148, párr. 123.
22
realización de […] actuaciones procesales puntuales […] que están lejos aún de ser
mecanismos efectivos para la realización de justicia" en el presente caso. La Corte considera
que la referida prueba cumple con los requisitos formales de admisibilidad estipulados en el
artículo 44.3 del Reglamento y la incorpora al acervo probatorio al encontrarla útil y
relevante para la resolución del presente caso. Dicha prueba será valorada conforme a las
reglas de la sana crítica y al conjunto de pruebas en el proceso.
62. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal ha
considerado que podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o
declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el
caso22.
63. Asimismo, la Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.2
del Reglamento y por estimar que son útiles para resolver el caso, la documentación
solicitada por el Tribunal como prueba para mejor resolver (supra párrs. 9 a 12, 15, 17, 18,
49 y 52). Entre dicha documentación se encuentran las declaraciones rendidas por el señor
Salvatore Mancuso en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Al respecto, según se informó a
las partes (supra párrs. 17 y 18), la Corte mantendrá la confidencialidad debida de dicha
información e incorpora al acervo probatorio únicamente aquellos aspectos relevantes que
atañen al presente caso, los cuales serán valorados conforme a las reglas de la sana crítica
y al conjunto de pruebas en el proceso.
64. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente, la
Corte pasa a analizar las violaciones alegadas, considerando los hechos ya reconocidos y los
que resulten probados23, los cuales serán incluidos en cada capítulo según corresponda.
Asimismo, la Corte recogerá los alegatos de las partes que resulten pertinentes, tomando en
cuenta la admisión de hechos y el allanamiento formulados por el Estado.
VI
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 424, 525 Y 726 (DERECHO A LA VIDA, A LA
INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA LIBERTAD PERSONAL) DE LA CONVENCIÓN
22 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 146; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 38, y Caso
Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 79.
23 En adelante, la presente Sentencia contiene hechos que este Tribunal tiene por establecidos con base en
la admisión efectuada por el Estado. Algunos de esos hechos han sido completados con elementos probatorios, en
cuyo caso se consignan las respectivas notas al pie de página.
24 En lo pertinente, el artículo 4.1 establece que:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
25 En lo pertinente, el artículo 5 señala que:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
26 En lo pertinente, el artículo 7 dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
23
AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS
DERECHOS) DE LA MISMA
65. La Comisión y los representantes alegaron que el Estado es responsable por la
violación del derecho a la vida de Jesús María Valle Jaramillo, así como del derecho a la
integridad personal y a la libertad personal de Jesús María Valle Jaramillo, Nelly Valle
Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa. Adicionalmente, los representantes solicitaron
que se declare la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la integridad
personal de "los familiares" de Jesús María Valle Jaramillo y Nelly Valle Jaramillo.
66. Según la Comisión y los representantes, "la ejecución de Jesús María Valle no surgió
de la nada, no es un caso aislado, ocurrió en un contexto específico como parte de una
cadena de homicidios, persecuciones, señalamientos y ataques contra personas y
organizaciones sociales dedicados a la defensa de los derechos humanos, y sus
consecuencias se han extendido en el tiempo debido a la inoperancia de la administración
de justicia en casos como el presente". Como fundamento para tales alegatos la Comisión
señaló, inter alia, que "[l]as propias autoridades [estatales] declararon que la grave
situación de desprotección que padecían los defensores de derechos humanos en Colombia
generaba un deber reforzado de protección por parte del Estado […]. Para el caso concreto
era razonable pensar que el riesgo que padecía Jesús María Valle Jaramillo ameritaba que el
Estado adoptara medidas conforme a ese deber reforzado de protección". Además, la
Comisión señaló que "las autoridades conocían de este riesgo y adoptaron medidas para
enfrentarlo. Sin embargo, dichas medidas no resultaron suficientes".
67. Adicionalmente, los representantes argumentaron que la "defensa de los derechos
humanos en Colombia para la época en que fue ejecutado el defensor de derechos humanos
Jesús María Valle Jaramillo se encontraba enmarcada en un ambiente de sistemática
persecución, de ausencia de medidas de protección y garantías para el libre y pleno ejercicio
de esta labor, unido a un patrón de impunidad que […] sigue caracterizando las
investigaciones emprendidas [por] actos de intimidación y agresión […] en contra de
defensores en diversas partes del país". Además, los representantes señalaron que entre el
1 de julio de 1996 y 31 de diciembre de 1998 "fueron ejecutados varios defensores en
circunstancias más o menos similares siguiendo un particular modus operandi".
68. Asimismo, los representantes insistieron en que las "permanentes denuncias de las
acciones conjuntas entre paramilitares y militares, [pusieron a Valle Jaramillo] en alto
riesgo. Pese a ello, no recibió ningún tipo de protección para su vida y por el contrario fue
sujeto pasivo de denuncias penales por parte de la Comandancia de la IV Brigada del
Ejército Nacional, lo que [según los representantes] constituyó una motivación más para
atentar contra su vida". De acuerdo con los argumentos de los representantes, "[l]a
imputación penal formulada por los propios agentes del Estado en contra de Jesús María
Valle, con la que se buscó desprestigiar, intimidar e impedir la denuncia que venía
realizando en defensa de las poblaciones de Ituango, unida a las manifestaciones públicas
de descalificación del entonces gobernador de Antioquia[,] fueron hechos que pusieron en
riesgo la vida del defensor. Esas acciones persecutorias y descalificadoras tenían la
capacidad de alentar a los grupos paramilitares y a quienes estaban directamente
implicados en los hechos denunciados, para que obraran en contra del humanista".
69. Además, la Comisión y los representantes señalaron que el estado de detención
ilegal y arbitrario en el que fueron colocados el señor Jesús María Valle Jaramillo, la señora
Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Jaramillo Correa los puso en una situación de
[…]
24
vulnerabilidad de la que surgió el riesgo real e inminente de que se les violaran otros
derechos. Según los representantes, la situación de "absoluta indefensión […] debió
ocasionarles una inmensa angustia por lo previsible que para ellos debía ser el desenlace[;
a]ctos que son compatibles con tratos crueles, inhumanos y degradantes". Adicionalmente,
la Comisión y los representantes alegaron que "[l]a ejecución de [Jesús María] Valle
Jaramillo tuvo un impacto particular y grave sobre la estabilidad de [la] familia que se vio
despojada de la persona que les orientaba y apoyaba", "pues el dolor y el sufrimiento que
causó tanto la muerte, como la forma y las circunstancias que rodean el caso, constituyen
una violación contra la integridad psíquica y moral de todo [el] núcleo familiar".
70. El Estado admitió como cierto que "[e]l señor Jesús María Valle Jaramillo era un
conocido defensor de derechos humanos en Antioquia, quien a partir de 1996 venía
denunciando sistemáticamente los que consideraba atropellos y desmanes de grupos
paramilitares", particularmente en el municipio de Ituango. Según la admisión realizada por
el Estado, el 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron en la oficina del
señor Valle Jaramillo en Medellín y le dispararon con una pistola, ocasionando su muerte
instantáneamente. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraban la señora Nelly
Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron amarrados y
posteriormente amenazados con armas de fuego, tras lo cual los hombres armados dijeron
al señor Jaramillo Correa, "le perdonamos la vida, pero usted no me ha visto", y partieron
del lugar.
71. Con base en dicha admisión de hechos, el Estado reconoció su responsabilidad
internacional por omisión en el cumplimiento de su deber de garantía, por la violación del
derecho a la vida reconocido en el artículo 4.1 de la Convención, en relación con el 1.1 de la
misma, respecto del señor Jesús María Valle Jaramillo, así como por la violación de los
derechos a la integridad y libertad personales reconocidos en los artículos 5 y 7 de la
Convención Americana, respectivamente, en perjuicio de los señores Jesús María Valle
Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa y "sus núcleos familiares
directos". No obstante dicho reconocimiento de responsabilidad, el Estado también señaló
"que de acuerdo con lo establecido en las investigaciones penales internas, el asesinato del
señor Jesús María Valle Jaramillo '[…] obedece a una acción Conjunta de las Autodefensas
de Córdoba y Urabá, las Autodefensas de Ituango y las Autodefensas del oriente del
Departamento de Antioquia; […] grupos armados ilegales […] con presencia en el Municipio
de Ituango [que] han sido combatidos por las fuerzas armadas del Estado, antes y después
de la ejecución extrajudicial del señor […] Valle Jaramillo'". De esta manera, el Estado
afirmó que "[e]s evidente que […] por omisión incumplió su obligación negativa, es decir,
que [Jesús María Valle Jaramillo] no falleciera por actos de terceros". Sin embargo, "no
admit[ió] que el asesinato [haya ocurrido] dentro de un patrón general de violencia contra
las defensoras y los defensores de derechos humanos en Colombia", ni que las denuncias
del señor Valle Jaramillo lo hicieran "víctima de persecuciones y hostigamientos por agentes
del Estado, autoridades civiles y militares" que finalmente motivaran "su ejecución por parte
de los grupos paramilitares". Por el contrario, el Estado señaló que ha adoptado una serie
de medidas a través de distintas entidades del Estado tendientes a la promoción de las
actividades y la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos.
72. Con el propósito de analizar la responsabilidad internacional de Colombia por la
violación a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la
misma, la Corte estima pertinente estructurar el presente capítulo en el siguiente orden: a)
contexto y responsabilidad internacional del Estado en el marco de la Convención; b)
medidas de protección debidas a los defensores de derechos humanos de las características
de Jesús María Valle Jaramillo que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad; c)
violación del derecho a la libertad personal, integridad personal y a la vida de Jesús María
25
Valle Jaramillo; d) violación del derecho a la libertad e integridad personales de Nelly Valle
Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, y e) violación del derecho a la integridad
personal de otras presuntas víctimas.
A) Contexto y responsabilidad internacional del Estado en el marco de la Convención
73. El Estado reconoció, como parte de su allanamiento, que el señor Jesús María Valle
Jaramillo era un conocido defensor de derechos humanos. De acuerdo a la prueba aportada
y según quedó demostrado por este Tribunal en el Caso de las Masacres de Ituango27, a
partir de 1996 y hasta su muerte, Jesús María Valle Jaramillo denunció activamente los
crímenes perpetrados por el paramilitarismo, así como la colaboración y aquiescencia entre
éste y miembros del Ejército Nacional.
74. La Corte considera pertinente realizar algunas consideraciones respecto del
fenómeno del paramilitarismo en Colombia, así como de las consecuencias que dicho
fenómeno tuvo para aquellos defensores de derechos humanos que, como Jesús María Valle
Jaramillo, denunciaban las violaciones perpetradas por paramilitares y algunos miembros
del Ejército Nacional.
75. En el Caso de la Masacre de Mapiripán, por ejemplo, la Corte se refirió al "conflicto
armado interno en Colombia y los grupos armados ilegales denominados 'paramilitares'" y
señaló que:
96.1 A partir de la década de los sesenta […] surgieron en Colombia diversos grupos
guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró "turbado el orden público y en estado de sitio el
territorio nacional". Ante esta situación, [el Estado dio] fundamento legal a la creación de
"grupos de autodefensa" [y] estipuló que "[t]odos los colombianos [podían] ser utilizados por el
Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la
normalidad". Asimismo, […] se dispuso que "[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de
los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad
particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas". Los
"grupos de autodefensa" se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo
cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales […].
96.2 En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de
tales "grupos de autodefensa" entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la
Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado
les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico[…].
96.3 En la década de los ochenta […], se hace notorio que muchos "grupos de autodefensa"
cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados
"paramilitares". […]28.
76. De lo anterior se desprende que el Estado propició la creación de grupos de
autodefensas con fines específicos, pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al
margen de la ley. Al respecto, la Corte ha observado que dichos "grupos paramilitares son
responsables de numerosos asesinatos […] y de una gran parte de las violaciones de
derechos humanos en general" cometidas en Colombia29. Además, se ha demostrado ante
este Tribunal "la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y
miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el
27 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párrs. 125.55 a 125.57.
28 Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de marzo de
2005. Serie C No. 122, párrs. 96.1 a 96.3.
29 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 96.18 y Caso de las Masacres de Ituango,
supra nota 21, párr. 125.23.
26
presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública
respecto de las acciones de dichos grupos"30. En tales casos, el Tribunal ha declarado la
responsabilidad internacional del Estado colombiano por haber incumplido "con su obligación
de garantizar los derechos humanos [y, en ese sentido,] haber faltado a sus deberes de
prevención y protección"31.
77. En este sentido, la Corte ha reconocido que puede generarse responsabilidad
internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos
cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de
garantizar el respeto de esos derechos entre individuos32. Al respecto, este Tribunal ha
considerado que
dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en
principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las
normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,] proyectan sus efectos
más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se
manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para
asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La
atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el
Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de
garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención33.
78. Por otro lado, la Corte ha reconocido que un Estado no puede ser responsable por
cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su
jurisdicción. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como
consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular,
aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias
particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. En efecto, el
carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados
no implica una responsabilidad ilimitada de éstos frente a cualquier acto o hecho de
particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los
particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una
situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y
a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo34.
79. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha entendido que los
Estados tienen,
62. […] en ciertas circunstancias, […] una obligación positiva […] de tomar medidas
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en
riesgo por actos criminales de otros individuos […].
63. [Asimismo,] no todo alegado riesgo a la vida impone a las autoridades la obligación
convencional de tomar medidas operativas para prevenir que aquel riesgo llegue a materializarse.
Para que surja esa obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las
30 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 96.19; Caso de la Masacre de Pueblo Bello
Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 128, y
Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 125.24.
31 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párrs. 126 y 140 y Caso de la "Masacre de
Mapiripán", supra nota 21, párr. 123.
32 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 113, y Caso de la Masacre de La Rochela,
supra nota 21, párr. 102.
33 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 111 y Caso de la Masacre de Pueblo Bello,
supra nota 30, párr. 113.
34 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 123.
27
autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la
vida de un individuo identificado […] respecto de actos criminales de terceros, y que tales
autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas
razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo […]35. (Traducción de la Secretaría)
80. Al respecto, la Corte ha señalado anteriormente que, "al haber propiciado la creación
de estos grupos [de autodefensas,] el Estado creó objetivamente una situación de riesgo
para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que
éstos siguieran cometiendo hechos como los del presente caso"36. La Corte reconoce, como
lo ha hecho en otras ocasiones, que si bien el Estado ha adoptado determinadas medidas
legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de autodefensa o
paramilitares, esas medidas no se vieron traducidas en la desactivación concreta y efectiva
del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear. Por tanto, dicho riesgo, mientras
subsista, "acentúa los deberes especiales de prevención y protección a cargo del Estado en
las zonas en que exista presencia de grupos paramilitares […]"37.
81. El Tribunal considera que dicho riesgo generado por el Estado agravó la situación de
vulnerabilidad de las defensoras y defensores de derechos humanos38 que, como Jesús
María Valle Jaramillo, denunciaban las violaciones cometidas por paramilitares y la fuerza
pública.
B) Medidas de protección debidas a los defensores de derechos humanos de las
características de Jesús María Valle Jaramillo que se encuentren en situación de
especial vulnerabilidad
82. La Corte observa que, mediante sentencia de acción de tutela T-590/98 emitida el 20
de octubre de 199839, mismo año en que fue asesinado el señor Jesús María Valle Jaramillo,
la Corte Constitucional de Colombia señaló que para la época de los hechos del presente
caso existía un grave riesgo de que defensoras y defensores de derechos humanos en
Colombia fueran víctimas de violencia. De acuerdo con lo señalado por la Corte
Constitucional, "la actividad de los defensores de los derechos humanos en Colombia
est[aba] rodeada de innumerables peligros" lo cual convertía a los defensores en "un sector
vulnerable de la sociedad", por lo que el Estado tenía la obligación de "privilegiar la
protección" de éstos40. Específicamente, la Corte Constitucional declaró que para la fecha de
35 Cfr. European Court of Human Rights, Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, Application No.
22492/93, paras. 62 and 63; Osman v. the United Kingdom, Judgment of 28 October 1998, Reports of Judgments
and Decisions 1998-VIII, paras. 115 and 116.
36 Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 126, y Caso de las Masacres de Ituango, supra
nota 21, párr. 134.
37 Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 126 y Caso de las Masacres de Ituango, supra
nota 21, párr. 134.
38 La Corte comparte el criterio señalado por la Comisión Interamericana en su Informe sobre la situación de
las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, en el sentido de que "toda persona que de
cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos a nivel nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos". Por
lo tanto, el Tribunal considera que el concepto de defensor de derechos humanos aplica también a las funcionarias
y funcionarios de entidades tales como defensorías del pueblo y del ciudadano, personerías, procuradurías, fiscalías
especializadas en derechos humanos, entre otras. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre
la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5
rev. 1, 7 de marzo de 2006.
39 Sentencia T-590 de la Corte Constitucional de Colombia de 20 de octubre de 1998 (expediente de anexos
al escrito de solicitudes y argumentos, Anexo I, fs. 1377-1410).
40 Sentencia T-590 de la Corte Constitucional de Colombia, supra nota 39 (fs. 1406 y 1407); declaración
rendida en audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte Interamericana de
28
la muerte de Jesús María Valle Jaramillo existía un "estado de cosas inconstitucional"41 en
razón de la falta de protección a los defensores de derechos humanos por parte del Estado.
83. Cabe destacar que la Corte Constitucional colombiana declaró el "estado de cosas
inconstitucional" teniendo como fundamento diversos informes de organismos
internacionales que se han pronunciado respecto del riesgo y la vulnerabilidad en que se
encontraban las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia42.
84. En la referida sentencia de acción de tutela, la Corte Constitucional decidió
[h]acer un llamado a prevención a todas las autoridades de la República para que cese tal
situación[;] solicitar al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo que dentro de la
obligación constitucional de guardar, proteger y promover los derechos humanos se le d[é] un
especial favorecimiento a la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos[ y]
hacer un llamado a todas las personas que habitan en Colombia para que cumplan con el
mandato del artículo 95 de la Constitución que los obliga a defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la convivencia pacífica43.
85. Efectivamente, este Tribunal reconoce, tal y como lo hizo notar la Corte
Constitucional colombiana en la referida sentencia, que el Estado ha adoptado una serie de
medidas tendientes a favorecer y proteger a los defensores de derechos humanos, entre las
cuales se destacan las siguientes: i) el reconocimiento legal de las organizaciones de
defensores de derechos humanos; ii) el reconocimiento público por las autoridades de la
nación hacia las organizaciones integradas por defensores de derechos humanos; iii) la
creación e implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, y iv) la protección policial brindada a las organizaciones de
derechos humanos, entre otros.
Derechos Humanos por el perito Rainer Huhle, quien señaló que "la situación de los defensores de los derechos
humanos a finales de los años noventa se caracterizaba por una violencia considerable y acumulada en muchos
aspectos".
41 Sentencia T-590 de la Corte Constitucional de Colombia, supra nota 39 (f. 1409). Cabe aclarar que de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia un estado de cosas inconstitucional se
declara cuando "(1) se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas -que
pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos
judiciales- y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino
que reposa en factores estructurales." Cfr. sentencia SU-250 de la Corte Constitucional de Colombia de 26 de
mayo de 1998.
42 Cfr. informe de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre torturas y ejecuciones
extrajudiciales en su visita a Colombia en octubre de 1994. En este informe, los Relatores Especiales, al referirse al
peligro que corren en Colombia los defensores de los derechos humanos, expresaron que "[l]a amenaza es muy
real si se considera el número alarmante de activistas muertos a lo largo de los años en el pasado reciente".
Además, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos
expresó que se "han hecho numerosos llamamientos al gobierno de Colombia, con arreglo al procedimiento de
urgencia, instando a las autoridades a que aseguren protección a los activistas de derechos humanos". ONU.
Comisión de Derechos Humanos, Informe de la misión a Colombia de la Representante Especial del Secretario
General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos E/CN. 4/2002/106. Asimismo, el Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó en 1997 que "urg[ía] al Gobierno de Colombia a
continuar fortaleciendo su apoyo, a través de todas las instituciones del Estado, a todos aquellos que promueven la
defensa de los derechos humanos". La Corte observa que en dicho informe se realizó una mención expresa de la
muerte del señor Valle Jaramillo, al indicar que "[v]arios dirigentes de derechos humanos han sido asesinados
desde 1996. [En particular], [e]l Sr. Jesús Valle Jaramillo, un reconocido abogado de derechos humanos, fue
asesinado a tiros en su oficina en Medellín en febrero de 1998 […] después de haber denunciado la existencia de
vínculos entre algunos militares colombianos y los grupos paramilitares". ONU. Declaración del Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de Colombia, 53 periodo de sesiones (1997) Declaración de la
Presidencia, 16 de abril 1997, párr. 4.
43 Sentencia T-590 de la Corte Constitucional de Colombia, supra nota 39 (f. 1409).
29
86. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional señaló que, para la época de los
hechos,
pese a las circulares presidenciales [tendientes a la promoción de las actividades y la protección
de las defensoras y defensores de derechos humanos44], el ataque a los defensores de derechos
humanos [continuaba] y [habían] conductas omisivas del Estado en cuanto a su protección,
máxime cuando se ha puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos
activistas. Esta es una situación abiertamente inconstitucional […]45.
87. Con el propósito de evitar tales situaciones, la Corte considera que los Estados tienen
el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos
establecidos en la Convención46. El cumplimiento de dicho deber está intrínsecamente
ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen las
defensoras y los defensores de derechos humanos47, cuya labor es fundamental para el
fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.
88. Resulta pertinente resaltar que las actividades de vigilancia, denuncia y educación
que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos contribuyen de manera
esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la
impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto.
89. Así lo ha reconocido la Organización de los Estados Americanos, al enfatizar que los
Estados miembros deben proveer "respaldo a la tarea que desarrollan tanto en el plano
nacional como regional los defensores de derechos humanos, […] reconocer su valiosa
contribución para la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales [y condenar los] actos que directa o indirectamente impiden o dificultan [su]
tarea en las Américas"48. El compromiso con la protección de los defensores de derechos
humanos ha sido resaltado, además, en otros instrumentos internacionales49, y así lo ha
44 Es importante señalar que las circulares presidenciales a las que hace referencia la Corte Constitucional de
Colombia eran medidas específicas que había tomado el Estado colombiano para contrarrestar el riesgo que corrían
los defensores y defensoras de derechos humanos. Cfr. declaración rendida por el perito Rainer Huhle, supra nota
40, quien se refirió a la existencia de "unas directivas presidenciales dirigidas a todos los funcionarios públicos
[para que se] absten[gan] de descalificar la labor de los defensores de derechos humanos[, sin embargo,] el
problema era que no existía un mecanismo de control […] si algún funcionario público no acataba esa directiva
[…]".
45 Sentencia T-590 de la Corte Constitucional de Colombia, supra nota 39 (f. 1399).
46 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 111; Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs.
Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 74, y
Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de
2006. Serie C No. 152, párr. 108.
47 Cfr. Caso Del Internado Judicial De Monagas ("La Pica"). Medidas Provisionales, Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 9 de febrero de 2006, considerando decimocuarto; Caso Nogueira de
Carvalho y otros, supra nota 46, párr. 74, y Caso de las Personas Privadas de Libertad de la Penitenciaria "Dr.
Sebastião Martins Silveira" en Araraquara, São Paulo. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 30 de septiembre de 2006, considerando vigésimo cuarto.
48 Organización de Estados Americanos, "Defensores de los derechos humanos en las Américas": Apoyo a las
tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de
los derechos humanos en las Américas, AG/Res. 1671 (XXIX-0/99) de 7 de junio de 1999; AG/Res. 1711 (XXXO/
00) de 5 de junio de 2000, y AG/Res. 2412 (XXXVIII-O/08) de 3 de junio de 2008.
49 Por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos, establece que "[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la
protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e
internacional". Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
30
reconocido el propio Estado en el presente caso (supra párr. 83).
90. Consecuentemente, la Corte considera que un Estado tiene la obligación de adoptar
todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad
personal e integridad personal de aquellos defensores y defensoras que denuncien
violaciones de derechos humanos y que se encuentren en una situación de especial
vulnerabilidad como lo es el conflicto armado interno colombiano, siempre y cuando el
Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de éstos y toda vez que
existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo50.
91. Para tales efectos, los Estados deben facilitar los medios necesarios para que las
defensoras y los defensores que denuncian violaciones de derechos humanos realicen
libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los
atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones
por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de imponer obstáculos que
dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones
cometidas en su contra, combatiendo la impunidad51.
C) Violación del derecho a la libertad personal, integridad personal y a la vida (artículos
7, 5 y 4 de la Convención) de Jesús María Valle Jaramillo
92. La Corte observa que en el presente caso el Estado señaló que "en ningún momento
ha negado que existiera un alto riesgo de vulneración de la vida del señor Valle Jaramillo.
Incluso el Estado reconoció responsabilidad por omisión en razón de que, a pesar de
conocer que este riesgo existía, no tomó las medidas necesarias para prevenir sus
consecuencias". Al respecto, este Tribunal ha declarado en otras oportunidades que fue el
propio Estado colombiano el que creó una situación de riesgo que después no controló ni
desarticuló (supra párrs. 74 a 80). De tal manera, si bien los actos cometidos por los
paramilitares contra las presuntas víctimas del presente caso son hechos cometidos por
particulares, la responsabilidad por aquellos actos es atribuible al Estado "en razón del
incumplimiento por omisión de sus obligaciones convencionales erga omnes de garantizar la
efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones interindividuales, y se ve
concretada y agravada por no haber suprimido o resuelto efectivamente la situación de
riesgo propiciada por la existencia de esos grupos y por haber continuado propiciando sus
acciones a través de la impunidad"52.
93. La situación de riesgo particular en la que vivía Jesús María Valle Jaramillo se
universalmente reconocidos, A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999, artículo 1. Cfr., asimismo, Organización de las
Naciones Unidas, Principios básicos sobre la función de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, UN Doc. No. A/CONF.144/28/REV.1, 7
de septiembre de 1990, artículos 16 a 22, y Consejo de la Unión Europea, Proyecto de conclusiones del Consejo
sobre las directrices de la EU sobre defensores de los derechos humanos, 100056/1/04 REV 1, 9 de junio de 2004.
Por otro lado, la Asamblea General de la OEA, mediante resolución de 7 de junio de 1999, llamó a los Estados
miembros a adoptar las medidas necesarias para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos.
Cfr. AG/Res. 1671 (XXIX-0/99), supra nota 48.
50 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 123 y Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146,
párr. 155.
51 Cfr. Caso Del Internado Judicial De Monagas ("La Pica"), supra nota 47, considerando decimocuarto; Caso
Nogueira de Carvalho y otros, supra nota 47, párr. 77, y Caso de las Personas Privadas de Libertad de la
Penitenciaria "Dr. Sebastião Martins Silveira" en Araraquara, São Paulo, supra nota 47, considerando vigésimo
cuarto. Cfr., asimismo, declaración rendida por el perito Rainer Huhle, supra nota 40.
52 Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 151.
31
evidenció, por ejemplo, cuando luego de haber denunciado los hostigamientos contra la
población civil y las masacres sucedidas a mediados de la década de los noventa en veredas
y corregimientos del municipio de Ituango, presuntamente recibió a un emisario del
entonces jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien le advirtió que debía abandonar el país o
quedarse callado "para no tener que matarlo"53. A pesar de dichas amenazas, Jesús María
Valle Jaramillo continuó firme en su trabajo como defensor de derechos humanos, aún luego
de que alegadamente varios miembros y presidentes del Comité Permanente por la Defensa
de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", ONG de la cual Jesús María Valle Jaramillo
también fue presidente, habían sido presuntamente asesinados54.
94. Cabe resaltar que un mes antes de su muerte, Jesús María Valle Jaramillo había
realizado señalamientos en un foro en la IV Brigada del Ejército acerca de la connivencia
entre miembros de las fuerzas estatales y los paramilitares, particularmente sobre la
comisión de más de 150 asesinatos en Ituango. Asimismo, un día antes de su muerte, el 26
de febrero de 1998, Valle Jaramillo declaró acerca de los mismos señalamientos dentro del
proceso de injurias y calumnias iniciado en su contra por un miembro del Batallón Girardot
adscrito a la Cuarta Brigada (infra párr. 68). Al día siguiente, el 27 de febrero de 1998,
Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado.
95. En ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente (supra párrs. 92 a 94),
el Tribunal considera que los pronunciamientos realizados por Jesús María Valle Jaramillo
para alertar a la sociedad acerca de los vínculos entre el paramilitarismo y algunos agentes
estatales pusieron en grave riesgo su vida, libertad e integridad personal y que el Estado,
teniendo conocimiento de dicho riesgo, no adoptó las medidas necesarias y razonables para
prevenir que tales derechos fueran vulnerados.
96. Además, la Corte observa que la muerte de un defensor de la calidad de Jesús María
Valle Jaramillo podría tener un efecto amedrentador55 sobre otras defensoras y defensores,
ya que el temor causado frente a tal hecho podría disminuir directamente las posibilidades
de que tales personas ejerzan su derecho a defender los derechos humanos a través de la
denuncia. Asimismo, el Tribunal reitera que las amenazas y los atentados a la integridad y
a la vida de los defensores de derechos humanos y la impunidad de los responsables por
estos hechos, son particularmente graves porque tienen un efecto no sólo individual, sino
también colectivo, en la medida en que la sociedad se ve impedida de conocer la verdad
sobre la situación de respeto o de violación de los derechos de las personas bajo la
53 Declaración rendida en audiencia pública celebrada el 1 de marzo de 2004 ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa (expediente de anexos a la
demanda, Anexo 3, f. 581).
54 Si bien en su escrito de solicitudes y argumentos los representantes hicieron referencia a que en la época
de los hechos varios defensores de derechos humanos fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, tal
información fue presentada como "hechos de contexto" y no forma parte de la demanda presentada por la
Comisión. Por tanto, al tratarse de hechos específicos no relacionados directamente con el presente caso, la Corte
no los puede dar por probados.
55 En el caso de la ejecución extrajudicial de un líder sindical como represalia por las actividades de
promoción y protección de derechos humanos que éste realizaba, la Corte señaló que
el ejercicio legítimo que hizo el señor Pedro Huilca Tecse del derecho a la libertad de asociación,
en materia sindical, le provocó una represalia fatal, que a su vez consumó una violación en su
perjuicio del artículo 16 de la Convención Americana. Asimismo, el Tribunal considera que la
ejecución del señor Pedro Huilca Tecse tuvo un efecto amedrentador en los trabajadores del
movimiento sindical peruano y con ello disminuyó la libertad de un grupo determinado de ejercer
ese derecho.
Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121,
párr. 78.
32
jurisdicción de un determinado Estado56.
97. En el presente caso, esta Corte entiende que de los hechos ocurridos surgió para el
Estado la obligación de investigar respecto de la violación del derecho a la vida, integridad
personal y libertad personal de Jesús María Valle Jaramillo. Este Tribunal ha reconocido en
casos anteriores que del deber general de garantía señalado en el artículo 1.1 de la
Convención, surgen obligaciones que recaen sobre el Estado a fin de asegurar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su
jurisdicción57. Este deber de garantía, al estar vinculado con derechos específicos, puede
ser cumplido de diferentes maneras, dependiendo del derecho a garantizar y de la situación
particular del caso58.
98. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de
las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos
reconocidos en la Convención. Además, los Estados deben procurar, si es posible, el
restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños
producidos por dichas violaciones59.
99. Cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas
convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte, sino que
además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de
oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares
denuncien o presenten querellas para participar procesalmente en la investigación penal con
la pretensión de establecer la verdad de los hechos60.
100. El deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados, que debe ser
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa61. La obligación del Estado de investigar debe
cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a
repetirse. En este sentido la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las
violaciones de derechos humanos62.
101. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del
hecho, deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por
todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la
56 Cfr. Caso Nogueira de Carvalho y otros, supra nota 46, párr. 76.
57 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 167; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
141, y Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No.
180, párr. 77.
58 Cfr. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de
2006. Serie C No. 155, párr. 73; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 141, y Caso García Prieto y otros
Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie
C No. 168, párr. 99.
59 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 166; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
142, y Caso García Prieto y otros, supra nota 58, párr. 99.
60 Cfr. Caso García Prieto y otros, supra nota 58, párrs. 102 a 104, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13,
párr. 143.
61 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 177; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
144, y Caso García Prieto y otros, supra nota 58, párr. 100.
62 Cfr. Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros), supra nota 17, párr. 173; Caso Heliodoro
Portugal, supra nota 13, párr. 244, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 122.
33
persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo, en su caso, de todos los autores de
los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales63.
Para asegurar este fin es necesario, inter alia, que exista un sistema eficaz de protección de
operadores de justicia, testigos, víctimas y sus familiares. Además, es preciso que se
esclarezca, en su caso, la existencia de estructuras criminales complejas y las respectivas
conexiones que hicieron posible las violaciones64.
102. Por otra parte, la ausencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos
constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas y sus familiares,
quienes tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido65. Dicho derecho a la verdad
exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye
la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que
de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes
responsabilidades66.
103. Los familiares de las víctimas también tienen el derecho, y los Estados la obligación,
de que se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido67. En este
sentido, el Estado tiene el deber de reparar de forma directa y principal aquellas violaciones
de derechos humanos de las cuales es responsable, según los estándares de atribución de
responsabilidad internacional y de reparación establecidos en la jurisprudencia de esta
Corte. Además, el Estado debe asegurar que las reclamaciones de reparación formuladas
por las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares no enfrenten
complejidades ni cargas procesales excesivas que signifiquen un impedimento u obstrucción
a la satisfacción de sus derechos68.
104. En este caso, la evaluación acerca de la obligación de llevar a cabo una investigación
seria, completa y efectiva de lo ocurrido, se hace en el Capítulo VIII de esta Sentencia. Es
suficiente indicar, para los efectos de la determinación de la violación de los artículos 4, 5 y
7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, que en este caso el Estado
no ha garantizado efectivamente los derechos reconocidos en tales artículos.
105. En conclusión, de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad efectuado
en el presente caso, el Tribunal considera que el Estado no cumplió con su deber de adoptar
las medidas necesarias y razonables con el fin de garantizar efectivamente el derecho a la
libertad personal, integridad personal y vida del señor Jesús María Valle Jaramillo, quien se
encontraba en un grave riesgo en razón de las denuncias públicas que realizaba como
defensor de derechos humanos dentro del conflicto interno colombiano. La responsabilidad
internacional por los hechos del presente caso es atribuible al Estado en la medida en que
éste incumplió con su deber de prevención y de investigación, deberes ambos que derivan
de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención leídos conjuntamente con el artículo 1.1 de dicho
instrumento, que obliga al Estado a garantizar el goce de los derechos.
63 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 143; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 92,
y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 144.
64 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 21, párr. 194.
65 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 181; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
146, y Caso García Prieto y otros, supra nota 58, párr. 102.
66 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 21, párr. 195.
67 Cfr. Caso García Prieto y otros, supra nota 58, párr. 103 y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
146.
68 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 219; Caso de la Masacre de La Rochela,
supra nota 21, párr. 195, y Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21.
34
106. En razón de todo lo expuesto en el presente capítulo y teniendo en cuenta la
admisión de hechos y el allanamiento del Estado, el Tribunal considera que éste violó el
derecho a la libertad personal, integridad personal y vida reconocidos en los artículos 7.1,
5.1 y 4.1 de la Convención Americana, respectivamente, en relación con la obligación
general de garantía contemplada en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Jesús
María Valle Jaramillo.
D) Violación del derecho a la libertad e integridad personales (artículos 7.1 y 5.1 de la
Convención) de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa
107. De conformidad con la admisión de hechos realizada por el Estado, el Tribunal da por
establecido que el 27 de febrero de 1998 Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo
Correa fueron retenidos en la oficina de Jesús María Valle Jaramillo por personas armadas,
quienes procedieron a amarrarlos de pies y manos. Asimismo, ha quedado establecido que
luego de que tales personas ejecutaran a Jesús María Valle Jaramillo, continuaron con las
agresiones físicas contra la señora Valle Jaramillo y el señor Jaramillo Correa, arrastrándolos
por la oficina.
108. Con base en dichos hechos resulta pertinente reiterar que, según la jurisprudencia
de este Tribunal, la libertad debe ser reconocida como un derecho humano básico, propio de
los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana69. Asimismo,
la Corte ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el
artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí
misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal. En otras palabras, crear
una situación amenazante o amenazar a un individuo con quitarle la vida puede constituir,
en algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano70.
109. La amenaza en perjuicio de la señora Valle Jaramillo y del señor Jaramillo Correa es
evidente en el presente caso y se manifiesta en su forma más extrema, al ser ésta una
amenaza directa de muerte71. Tanto Nelly Valle como Carlos Fernando Jaramillo fueron
amarrados y expuestos a una situación agonizante y amenazante, que en efecto culminó
con la muerte de la tercera persona que se encontraba igualmente retenida junto a ellos. El
trato que recibieron ambos fue agresivo y violento. Además, la ejecución extrajudicial del
señor Valle Jaramillo permite inferir que la señora Valle Jaramillo y el señor Jaramillo Correa
pudieron temer y prever que serían privados de su vida de manera arbitraria y violenta, lo
cual constituyó una violación de su integridad personal72.
110. En razón de todo lo expuesto en el presente capítulo y teniendo en cuenta la
admisión de hechos y el allanamiento del Estado, el Tribunal considera que éste violó el
derecho a la libertad personal e integridad personal reconocidos en los artículos 7.1 y 5.1 de
la Convención Americana, respectivamente, en relación con la obligación general de
69 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 5, párr. 52.
70 Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 165; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 255, y Caso
Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr.
119.
71 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 162.
72 Cfr. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004.
Serie C No. 109, párr. 150; Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 21, párr. 136, y Caso de las Masacres de
Ituango, supra nota 21, párr. 256.
35
garantía contemplada en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Nelly Valle
Jaramillo y del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa.
E) Violación del derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención) de
otras presuntas víctimas
E.1) otras personas reconocidas por el Estado como víctimas de la violación del
artículo 5.1 de la Convención
111. Según lo señalado anteriormente (supra párr. 38), el Estado se allanó a la pretensión
de la Comisión y los representantes de que se declare como víctimas de la violación al
derecho a la integridad personal a los siguientes familiares de Jesús María y Nelly Valle
Jaramillo, así como de Carlos Fernando Jaramillo Correa:
Con relación a Jesús María Valle Jaramillo: las señoras María Leticia Valle Jaramillo (hermana),
Ligia Valle Jaramillo (hermana), Luzmila Valle Jaramillo (hermana), Magdalena Valle Jaramillo
(hermana), Romelia Valle Jaramillo (hermana), […] Marina Valle Jaramillo (hermana q.e.p.d) (y
en su calidad de beneficiarios a Mauricio Alberto Herrera Valle, Claudia Helena Herrera Valle y
Liliana María Herrera Valle), el señor Darío Valle Jaramillo (hermano) y el señor Octavio Valle
Jaramillo (hermano) (y en su calidad de beneficiarios a Juan Guillermo Valle Noreña, John Jairo
Valle Noreña, Berta Lucía Valle Noreña y Luz Adriana Valle Noreña);
Con relación a la señora Nelly Valle Jaramillo: el señor Alfonso Montoya Restrepo (Esposo) y el
señor Luis Fernando Montoya Valle (Hijo);
Con relación al señor Carlos Fernando Jaramillo Correa: la señora Gloria Lucía Correa (cónyuge),
al señor Carlos Enrique Jaramillo Correa (hijo), a la señorita María Lucía Jaramillo Correa (hija),
Ana Carolina Jaramillo Correa (hija), al señor Jesús Emilio Jaramillo Barrera (padre), a la señora
Adela Correa de Jaramillo (madre), a la señora Blanca Lucía Jaramillo Correa (hermana), a la
señora Romelia Jaramillo Correa (hermana), a la señora Nellyda Jaramillo Correa (hermana), al
señor José María Jaramillo Correa (hermano[,] y en su calidad de beneficiarios a la señora Juliana
Jaramillo Tobón y al señor Santiago Jaramillo Tobón), al señor Luis Eugenio Jaramillo Correa
(hermano), a la señora Gloria Elena Jaramillo Correa (hermana) y a la señora Adriana María
Jaramillo Correa (hermana).
112. Adicionalmente al allanamiento que ha hecho el Estado, del acervo probatorio se
desprende, respecto de la afectación a la integridad personal de los familiares de Jesús
María Valle Jaramillo, según la declaración rendida ante la Corte por Nelly Valle Jaramillo,
que éstos "siempre h[an] estado atemorizad[o]s desde que se murió [Jesús María Valle
Jaramillo], desde que [lo] mataron […], siguieron los miedos, los temores a las salidas a las
calles". En el mismo sentido, al ser interrogada sobre las consecuencias de los hechos
respecto de la seguridad de su familia se refirió a su hijo, quien comentó que "le daba
mucho miedo que colocaran una bomba o que llegaran a hacerle algo a él"73.
113. Respecto de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su familia, según la declaración del
señor Saúl Jaramillo Giraldo, amigo del señor Jaramillo Correa, el
impacto emocional [causado por su desplazamiento forzado] desmembró la familia, que era una
familia unida, que trabajaban unidos. Por la misma causa tuvieron que coger rumbos diferentes,
abandonando sus predios y [a] Don Jesús Emilio, que vivía bien apegado a su terruño, La Granja,
le tocó venirse a vivir los últimos días a Medellín y a morir aquí desplazado. [Relató como] en una
oportunidad, en compañía de Carlos Fernando, visita[ron] a su papá que vivía en el barrio
Laureles y [le] sorprendió porque el saludo [se] lo dio con llanto, recordando los viejos tiempos y
lo que había[n] compartido en Ituango. [Asimismo, relató que el señor Carlos Fernando Jaramillo
73 Declaración rendida en audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por la testigo Nelly Valle Jaramillo.
36
le comentó que como refugiado se sentía] seguro pero no […] contento, ni feliz como [cuando]
vivía en La Granja [tierra que recuerda] todos los días74.
114. Asimismo, según la declaración de María Amanda Correa Zuleta,
el año anterior a [la] muerte [del padre de Carlos Fernando Jaramillo Correa, se encontraba] muy
triste, muy desmejorado, muy pensativo, una persona moralmente destruida, muy callado, muy
desprotegido a pesar de tener a su señora y sus hijos que lo atendían, desprotegido
anímicamente por el abandono, por la pérdida del trabajo de toda una vida, de sus propiedades,
de sus negocios, de su gente. [D]oña Adela, la mamá de los Jaramillo Correa [es] una persona
completamente diferente a la que […] conoci[ó] en [su] juventud, porque ahora está muy triste,
muy decaída, muy silenciosa, no sale de la casa, ella dice que no puede con esa carga con la
cantidad de problemas, se refiere a la situación familiar, es decir, la separación, […] la lejanía75.
115. Al no existir controversia respecto de la afectación al derecho a la integridad de tales
personas y según se desprende del acervo probatorio, el Tribunal considera que los
sentimientos de inseguridad, frustración, angustia e impotencia que éstas han vivido
durante años, y continúan viviendo, como consecuencia de los hechos ocurridos en febrero
de 1998 y, posteriormente, el incumplimiento del Estado en cuanto al deber de investigar
los hechos (infra párrs. 147 y 159 a 165) han causado una grave alteración en sus
condiciones de existencia y en sus relaciones familiares y sociales, con serio menoscabo de
su derecho a la integridad personal. Por lo tanto, con base en la admisión de hechos y el
allanamiento parcial realizado por el Estado, el Tribunal considera que Colombia es
responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo
5.1 de la Convención, en relación con la obligación general de garantía recogida en el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las siguientes personas: María Leticia Valle
Jaramillo, Ligia Valle Jaramillo, Luzmila Valle Jaramillo, Magdalena Valle Jaramillo, Romelia
Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, Darío Valle Jaramillo, Octavio Valle Jaramillo, Alfonso
Montoya Restrepo, Luis Fernando Montoya Valle, Gloria Lucía Correa, Carlos Enrique
Jaramillo Correa, María Lucía Jaramillo Correa, Ana Carolina Jaramillo Correa, Jesús Emilio
Jaramillo Barrera, Adela Correa de Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Romelia
Jaramillo Correa, Nellyda Jaramillo Correa, José María Jaramillo Correa, Luis Eugenio
Jaramillo Correa, Gloria Elena Jaramillo Correa y Adriana María Jaramillo Correa.
E.2) otras personas no reconocidas por el Estado como víctimas de la violación del
artículo 5.1 de la Convención
116. El Tribunal observa que el Estado incluyó en su allanamiento a Mauricio Alberto
Herrera Valle, Claudia Helena Herrera Valle y Liliana María Herrera Valle "en calidad de
beneficiarios" de la víctima fallecida Marina Valle Jaramillo (hermana de Jesús María Valle
Jaramillo); a Juan Guillermo Valle Noreña, John Jairo Valle Noreña, Berta Lucía Valle Noreña
y Luz Adriana Valle Noreña "en calidad de beneficiarios" de la víctima fallecida Octavio Valle
Jaramillo (hermano de Jesús María Valle Jaramillo), y a Juliana Jaramillo Tobón y Santiago
Jaramillo Tobón "en calidad de beneficiarios" de la víctima fallecida José María Jaramillo
Correa (hermano de Carlos Fernando Jaramillo Correa) (supra párrs. 38 y 111). Al
respecto, la Corte nota que el Estado empleó una calificación jurídica distinta respecto de
los "beneficiarios" y las "víctimas" de la violación del artículo 5 de la Convención señaladas
en su allanamiento. Por tanto, la Corte entiende que el Estado no ha reconocido el carácter
de "víctima" de la violación del derecho a la integridad de Mauricio Alberto Herrera Valle,
Claudia Helena Herrera Valle, Liliana María Herrera Valle, Juan Guillermo Valle Noreña, John
74 Declaración rendida ante fedatario público por el testigo Saúl Jaramillo Giraldo el 8 de enero de 2008
(expediente de affidávits y sus observaciones, f. 2229).
75 Declaración rendida ante fedatario público por la testigo María Amanda Correa Zuleta el 9 de enero de
2008 (expediente de affidávits y sus observaciones, fs. 2233-2234).
37
Jairo Valle Noreña, Berta Lucía Valle Noreña, Luz Adriana Valle Noreña, Juliana Jaramillo
Tobón y Santiago Jaramillo Tobón, sino mas bien, los considera beneficiarios de las
reparaciones que correspondan a las víctimas fallecidas que fueron reconocidas como tales
por el Estado (supra párr. 115).
117. Con base en lo anterior, la Corte observa que las siguientes 40 personas fueron
alegadas como presuntas víctimas de la violación del artículo 5.1 de la Convención y que el
Estado no se allanó respecto de dicha pretensión: Adriana María Londoño Del Valle, Ana
María Valle Villegas, Andrés Felipe Valle Villegas, Berta Lucía Valle Noreña, Blanca Inés Valle
Jaramillo, Claudia Helena Herrera Valle, Claudia María García Valle, Diana Patricia García
Valle, Francisco Javier García Valle, Franklin Henao Valle, Fredy Henao Valle, Jairo Alberto
Londoño Del Valle, Jannette Henao Valle, John Alberto Henao Valle, John Jairo Valle Noreña,
Juan Guillermo Valle Noreña, Juliana Patricia Londoño Del Valle, Liliana María Herrera Valle,
Luz Adriana Valle Noreña, María Victoria García Valle, Marta Luz García Valle y Mauricio
Alberto Herrera Valle (todos familiares de Jesús María Valle Jaramillo), así como Alejandro
Jaramillo Mejía, Ana Catalina Hoyos Jaramillo, Andrés Felipe Ochoa Jaramillo, César Augusto
Jaramillo Gutiérrez, Diego Alejandro Ochoa Jaramillo, Gabriela Gómez Jaramillo, Gonzalo de
Jesús Jaramillo Correa, Jorge Mario Jaramillo Gutiérrez, José Miguel Jaramillo Gutiérrez,
Juan Camilo Jaramillo Gutiérrez, Juan Gonzalo Jaramillo Mejía, Juliana Jaramillo Tobón, Luis
Jairo Jaramillo Gutiérrez, Luisa María Gómez Jaramillo, María Isabel Jaramillo Mejía, Oscar
Fernando Hoyos Jaramillo, Santiago Jaramillo Tobón y Victoria Alejandra Gómez Jaramillo
(todos familiares de Carlos Fernando Jaramillo Correa).
118. Por lo tanto, dado que la Comisión y los representantes solicitaron que la Corte
declare como víctimas de la violación del artículo 5 de la Convención a estas personas que
no se encuentran dentro del allanamiento del Estado, la Corte procederá a hacer el análisis
correspondiente a la luz de su jurisprudencia y la prueba aportada.
119. Al respecto, la Corte considera pertinente precisar algunos aspectos de su
jurisprudencia en relación con la determinación de violaciones a la integridad personal de
familiares de víctimas de ciertas violaciones de los derechos humanos76 u otras personas
con vínculos estrechos a tales víctimas. En efecto, el Tribunal considera que se puede
declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares directos de
víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum
respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras
permanentes (en adelante "familiares directos"), siempre que ello responda a las
circunstancias particulares en el caso, conforme ha sucedido, por ejemplo, en los casos de
algunas masacres77, desapariciones forzadas de personas78, ejecuciones extrajudiciales79.
En el caso de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción.
En los demás supuestos, el Tribunal deberá analizar si de la prueba que consta en el
expediente se acredita una violación del derecho a la integridad personal de la presunta
víctima, sea o no familiar de alguna otra víctima en el caso. Respecto de aquellas personas
76 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; Caso
Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 163, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 62, párr.
112.
77 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 28, párr. 146 y Caso de las Masacres de Ituango,
supra nota 21, párr. 262.
78 Cfr. Caso Blake, supra nota 76, párr. 114; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párrs. 174 y 175, y
Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie
C No. 153, párrs. 96 y 97.
79 Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.
Serie C No. 162, párr. 218.
38
sobre las cuales el Tribunal no presumirá una afectación del derecho a la integridad personal
por no ser familiares directos, la Corte evaluará, por ejemplo, si existe un vínculo
particularmente estrecho entre éstos y las víctimas del caso que permita a la Corte declarar
la violación del derecho a la integridad personal. El Tribunal también podrá evaluar si las
presuntas víctimas se han involucrado en la búsqueda de justicia en el caso concreto80, o si
han padecido un sufrimiento propio como producto de los hechos del caso o a causa de las
posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos81.
120. En el presente caso, ninguna de las personas que quedaron excluidas del
reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado resulta ser un familiar directo de
Jesús María Valle Jaramillo, quien fuera declarado víctima de la violación al derecho a la
vida en la presente Sentencia (supra párrs. 105 y 106). Por lo tanto, el Tribunal no
presumirá que la muerte de éste les causó una afectación sobre su integridad psíquica y
moral. Consecuentemente, la Corte valorará la prueba que consta en el expediente para
determinar si existen otros fundamentos para declarar la responsabilidad del Estado por la
violación a la integridad personal de tales personas.
121. Respecto de la alegada afectación a la integridad personal de Juan Guillermo Valle
Noreña, John Jairo Valle Noreña y Luz Adriana Valle Noreña, todos sobrinos de Jesús María
Valle Jaramillo82, la Corte cuenta con las declaraciones ante fedatario público del señor Juan
Guillermo Valle Noreña y de Darío Arcila Arenas (supra párrs. 50.e y 50.f). Tales
declaraciones fueron solicitadas por Resolución de la Presidenta del Tribunal por
considerarlas pertinentes. Juan Guillermo Valle Noreña indicó que Jesús María Valle
Jaramillo "siempre fue un constante apoyo [para él] y se puede decir que [fue su] ídolo […],
siempre fue [su] norte para salir, para progresar, para fijar[se] metas, cada [vez] que lo
necesitaba estaba ahí, en dificultades económicas o problemas familiares o morales"83.
Asimismo, Juan Guillermo Valle Noreña señaló que John Jairo Valle Noreña y él "le hacía[n]
las diligencias a Jesús [María Valle Jaramillo], le conducía[n] el carro en razón a que
permanentemente [los] estaba ayudando para pasajes, almuerzos, estudios, lo que
necesit[aran]"84. Además, en su declaración ante fedatario público el señor Darío Arcila
Arenas resaltó que Jesús María Valle Jaramillo pagó parte de los estudios de derecho de Luz
Adriana Valle Noreña, "los cuales suspendió cuando [lo] asesinaron"85.
122. De lo anterior se desprende que existían vínculos estrechos entre Juan Guillermo
Valle Noreña, John Jairo Valle Noreña y Luz Adriana Valle Noreña con el señor Jesús María
Valle Jaramillo. Por lo tanto, la Corte considera que la muerte de este último les causó una
afectación a su integridad psíquica.
80 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No.
70, párr. 163; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 163, y Caso Albán Cornejo y otros, supra nota 5, párr.
46.
81 Cfr. Caso Blake, supra nota 76, párr. 114; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 163, y Caso
Albán Cornejo y otros, supra nota 5, párr. 46.
82 Cfr. certificado de nacimiento del señor Juan Guillermo Valle Noreña (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, fs. 834-835); certificado de nacimiento del señor John Jairo Valle Noreña (expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 837-838), y certificado de nacimiento de la señora Luz Adriana
Valle Noreña (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 843-844).
83 Declaración rendida ante fedatario público por el testigo Juan Guillermo Valle Noreña el 9 de enero de
2008 (expediente de affidávits y sus observaciones, f. 2245).
84 Declaración rendida por el testigo Juan Guillermo Valle Noreña, supra nota 83.
85 Declaración rendida ante fedatario público por el testigo Darío Arcila Arenas el 9 de enero de 2008
(expediente de affidávits y sus observaciones, f. 2238).
39
123. Respecto de Mauricio Alberto Herrera Valle, Claudia Helena Herrera Valle, Liliana
María Herrera Valle y Berta Lucía Valle Noreña, todos sobrinos de Jesús María Valle
Jaramillo86, la Corte resalta que en su declaración ante fedatario público el señor Darío
Arcila Arenas se refirió al impacto que tuvo la muerte de éste en la familia en los siguientes
términos:
Jesús María [Valle Jaramillo] era no sólo el sustento económico fundamental del grupo
familiar con el que convivía, sino que también ayudaba a sus otros hermanos y
sobrinos, que eran varios.
[…]
Por los fuertes vínculos afectivos que todos sus hermanos y sobrinos tenían con Jesús
María, todos sufrieron moral y sicológicamente87.
124. En ese mismo sentido, en su declaración ante fedatario público, el señor Juan
Guillermo Valle Noreña señaló que Jesús María Valle Jaramillo "permanentemente estaba
pendiente de todos los problemas de todos [los miembros de la familia] tratando de
solucionarlos de la mejor manera posible. [Jesús María Valle Jaramillo v]ivía pendiente de la
mamá, el papá, los hermanos, que no les faltara nada y de […] los sobrinos con mayor
razón"88.
125. Al respecto, la Corte observa que, si bien Mauricio Alberto Herrera Valle, Claudia
Helena Herrera Valle, Liliana María Herrera Valle y Berta Lucía Valle Noreña son sobrinos de
Jesús María Valle Jaramillo y las declaraciones señaladas anteriormente hacen referencia al
sufrimiento que su muerte causó en "los sobrinos" de éste, tales afirmaciones resultan
generales y no permiten comprobar una vinculación estrecha específica entre Jesús María
Valle Jaramillo y Mauricio Alberto Herrera Valle, Claudia Helena Herrera Valle, Liliana María
Herrera Valle y Berta Lucía Valle Noreña, ni tampoco permiten aducir la afectación particular
que los hechos del caso alegadamente causaron en las condiciones de existencia de cada
uno de ellos. Por lo tanto, la Corte considera que no se ha comprobado la violación de la
integridad personal de éstos.
126. Por otra parte, la Corte observa que el Estado señaló que "no se aportó el registro de
nacimiento de la señora Gilma Valle Jaramillo (hermana q.e.p.d)", por lo que argumentó
que no se ha probado "la relación de parentesco con el señor Jesús María Valle Jaramillo y la
fecha de su deceso, para conocer si cumple las calidades de parte lesionada." Al respecto,
la Corte hace notar que en la declaración rendida ante fedatario público por el señor Juan
Guillermo Valle Noreña éste se refiere a Blanca Inés Valle Jaramillo como una de sus tías
paternas, precisando que "todos [la] conocía[n] como Gilma".89 Al respecto, el testigo Darío
Arcila Arenas declaró que para "Gilma, una de sus hermanas mayores, la muerte de Jesús
María [Valle Jaramillo] le produjo una tristeza permanente por varios años hasta que murió
de infarto"90. Asimismo, la Corte observa que el Estado incluyó a Blanca Inés Valle Jaramillo
86 Cfr. certificado de nacimiento del señor Mauricio Alberto Herrera Valle (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, fs. 860-861); certificado de nacimiento de la señora Claudia Helena Herrera Valle
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 862-863); certificado de nacimiento de la señora
Liliana María Herrera Valle (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, f. 850), y certificado de
nacimiento de la señora Bertha Lucía Valle Noreña (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos,
fs. 840-841).
87 Declaración rendida por el testigo Darío Arcila Arenas, supra nota 85.
88 Declaración rendida por el testigo Juan Guillermo Valle Noreña, supra nota 83.
89 Declaración rendida por el testigo Juan Guillermo Valle Noreña, supra nota 83 (f. 2244).
90 Declaración rendida por el testigo Juan Guillermo Valle Noreña, supra nota 83 (f. 2244) y declaración
rendida por el testigo Darío Arcila Arenas, supra nota 85.
40
como parte en el acuerdo conciliatorio llevado a cabo a nivel interno (infra, párr. 202). Por
lo tanto, de la prueba aportada en el proceso se desprende que Blanca Inés Valle Jaramillo,
también conocida como "Gilma", fue hermana de Jesús María Valle Jaramillo91, que sufrió
una grave alteración en su condición de existencia con motivo de los hechos del caso y que
falleció con posterioridad a éstos.
127. Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado es responsable por la
violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención,
en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los siguientes familiares de Jesús
María Valle Jaramillo: Blanca Inés Valle Jaramillo, Juan Guillermo Valle Noreña, John Jairo
Valle Noreña y Luz Adriana Valle Noreña.
128. En cuanto a las siguientes personas, este Tribunal no cuenta con prueba alguna que
acredite que éstos hayan sufrido una afectación a su integridad personal con motivo de los
hechos del presente caso. Por lo tanto, el Tribunal considera que no se ha comprobado que
el Estado sea responsable de la violación del artículo 5.1 de la Convención en perjuicio de:
Adriana María Londoño Del Valle, Ana María Valle Villegas, Andrés Felipe Valle Villegas,
Claudia María García Valle, Diana Patricia García Valle, Francisco Javier García Valle,
Franklin Henao Valle, Fredy Henao Valle, Jairo Alberto Londoño Del Valle, Jeannette Henao
Valle, John Alberto Henao Valle, Juliana Patricia Londoño Del Valle, María Victoria García
Valle y Marta Luz García Valle.
129. Asimismo, el Tribunal considera que las circunstancias particulares de lo ocurrido a
Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa (supra párrs. 30, 70, 107 y 109 e
infra párrs. 136, 137, 140 y 141) no permiten aplicar la presunción de que sus familiares
directos hayan sufrido una violación a su integridad personal. Por lo tanto, respecto de
tales personas, así como de los demás familiares no directos de Nelly Valle Jaramillo y
Carlos Fernando Jaramillo Correa, el Tribunal valorará si existen fundamentos probatorios
para declarar la violación a su integridad personal.
130. El Estado no reconoció al señor Gonzalo de Jesús Jaramillo Correa, hermano de
Carlos Fernando Jaramillo Correa, como víctima de la violación del artículo 5.1 de la
Convención (supra párr. 111). Sin embargo, la Corte observa que en su reconocimiento de
responsabilidad el Estado admitió que tanto los familiares directos del señor Carlos
Fernando Jaramillo Correa (padre, madre, esposa, hijas e hijo), como sus hermanas y
hermanos, sufrieron una violación a su integridad personal por los hechos del caso,
excluyendo únicamente a las sobrinas y sobrinos en la medida que "no se probó la
intensidad afectiva de [estas] personas" con la referida víctima. Asimismo, el Tribunal
observa que el Estado no negó expresamente el carácter de víctima del señor Gonzalo de
Jesús Jaramillo Correa. Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38.2 del
Reglamento, el cual señala que "la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos
que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido
expresamente controvertidas", el Tribunal declara que el Estado es responsable por la
violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención,
en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Gonzalo de Jesús
Jaramillo Correa.
131. Respecto de las siguientes personas, todos familiares92 de Carlos Fernando Jaramillo
91 Certificado de nacimiento de la señora Blanca Inés Valle Jaramillo (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, f. 858).
92 Certificado de nacimiento del señor Alejandro Jaramillo Mejía (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, fs. 916-917), certificado de nacimiento de la señora Ana Catalina Hoyos Jaramillo
41
Correa, la Corte observa que Saúl Jaramillo Giraldo y María Amanda Correa Zuleta se
refirieron en sus respectivas declaraciones sobre el impacto que tuvieron los hechos del
presente caso en la familia de Carlos Fernando Jaramillo Correa (supra párrs. 50.c y 50.d),
en los siguientes términos:
El impacto emocional más grande es que […] desmembró la familia que era una familia unida,
que trabajaban unidos. Por la misma causa tuvieron que coger rumbos diferentes, abandonando
sus predios93.
La característica principal de la familia ha sido la unión, siempre, todos juntos en sus actividades
económicas, sociales94.
132. Al respecto, la Corte observa que, si bien las declaraciones señaladas anteriormente
hacen alusión al impacto emocional que supuestamente sufrió "la familia" de Carlos
Fernando Jaramillo Correa con motivo de los hechos del presente caso, tales afirmaciones
resultan generales y no hacen referencia específica a la afectación particular que los hechos
del caso alegadamente causaron en las condiciones de existencia de cada uno de los
familiares de Carlos Fernando Jaramillo Correa que no fueron incluidos dentro del
reconocimiento de responsabilidad del Estado. Por lo tanto, dado que no se ha aportado
prueba acerca de las circunstancias particulares de la relación con la víctima, del sufrimiento
adicional que hubieran padecido como producto de las violaciones perpetradas en el
presente caso o a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades
estatales frente a los hechos, por ejemplo, el Tribunal considera que no se ha comprobado
la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de: Alejandro Jaramillo Mejía,
Ana Catalina Hoyos Jaramillo, Andrés Felipe Ochoa Jaramillo, César Augusto Jaramillo
Gutiérrez, Diego Alejandro Ochoa Jaramillo, Gabriela Gómez Jaramillo, Jorge Mario Jaramillo
Gutiérrez, José Miguel Jaramillo Gutiérrez , Juan Camilo Jaramillo Gutiérrez, Juan Gonzalo
Jaramillo Mejía, Juliana Jaramillo Tobón, Luis Jairo Jaramillo Gutiérrez, Luisa María Gómez
Jaramillo, María Isabel Jaramillo Mejía, Oscar Fernando Hoyos Jaramillo, Luis Santiago
Jaramillo Tobón y Victoria Alejandra Gómez Jaramillo.
VII
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 896-897), certificado de nacimiento del señor
Andrés Felipe Ochoa Jaramillo (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 904-905),
certificado de nacimiento del señor César Augusto Jaramillo Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, fs. 932-933), certificado de nacimiento del señor Diego Alejandro Ochoa Jaramillo
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 907-908), certificado de nacimiento de la señora
Gabriela Gómez Jaramillo (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 950-951), certificado
de nacimiento del señor Jorge Mario Jaramillo Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, fs. 935-936), certificado de nacimiento del señor José Miguel Jaramillo Gutiérrez (expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 941-942), certificado de nacimiento del señor Juan Camilo
Jaramillo Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 929-930), certificado de
nacimiento del señor Juan Gonzalo Jaramillo Mejía (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos,
fs. 912-913), certificado de nacimiento de la señora Juliana Jaramillo Tobón (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, fs. 922-923), certificado de nacimiento del señor Luis Jairo Jaramillo Gutiérrez
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 938-939), certificado de nacimiento de la señora
Luisa María Gómez Jaramillo (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 948-949), certificado
de nacimiento de la señora María Isabel Jaramillo Mejía (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, fs. 914-915), certificado de nacimiento del señor Oscar Fernando Hoyos Jaramillo (expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 899-900), certificado de nacimiento del señor Luis Santiago
Jaramillo Tobón (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 924-925) y certificado de
nacimiento de la señora Victoria Alejandra Gómez Jaramillo (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, fs. 952-953).
93 Declaración rendida por el testigo Saúl Jaramillo Giraldo, supra nota 74.
94 Declaración rendida por la testigo María Amanda Correa Zuleta, supra nota 75.
42
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 2295 (DERECHO DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA)
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1
(OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA MISMA
133. La Comisión y los representantes alegaron la violación del derecho de circulación y
de residencia del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y su familia, ya que "como
consecuencia de las amenazas de muerte recibidas con posterioridad a los hechos del 27 de
febrero de 1998 por causa de su participación como testigo en las investigaciones y
procesos legales, y debido a que el Estado le había puesto en una situación de
vulnerabilidad y desprotección, el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa se vio obligado,
junto a su familia, a desplazarse dentro de Colombia y posteriormente a exiliarse en otro
país". Asimismo, los representantes señalaron que "el señor Jaramillo Correa se convirtió en
víctima de constantes amenazas y hostigamientos por parte de los grupos paramilitares,
pues fue él quien rindió declaraciones sobre los hechos, hizo los retratos hablados de los
asesinos materiales y se puso a disposición de los investigadores, con el propósito de que el
crimen no quedara en la impunidad". Al respecto, los representantes señalaron que "[e]n
primera instancia, tuvieron [el señor Jaramillo Correa y su familia] que salir de Ituango,
municipio donde tenían un hogar y llevaban una vida digna y en condiciones estables por
ser el lugar donde desarrollaban sus actividades económicas y políticas. Posteriormente [a
los hechos del 27 de febrero de 1998,] y ante la grave situación de peligro en que se
encontraban, puesto que las situaciones [de] hostigamiento persistieron pese a la salida del
municipio de Ituango, se vieron obligados a salir de Colombia y solicitar asilo en otro país".
134. Por su parte, el Estado admitió que "[t]ras la muerte del señor Jesús María Valle, el
señor Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo se convirtieron en víctimas de constantes
amenazas y hostigamientos, al haber comparecido a la Fiscalía a rendir declaraciones. Las
condiciones de especial vulnerabilidad en que se encontró [el señor Jaramillo Correa], le
obligaron a abandonar su lugar de vivienda". Consecuentemente, el Estado reconoció su
responsabilidad internacional, por omisión, por la violación del derecho de circulación y de
residencia de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo. Sin embargo, el
Estado precisó que dicho reconocimiento "no comprende su desplazamiento luego del 11 de
junio de 1996, a raíz de la difícil situación de seguridad que se vivió en Ituango tras la
masacre de La Granja y el abandono de las propiedades de la familia Jaramillo Correa". Ello
porque "[l]a situación de violencia vivida en la región de Ituango, y las consecuencias de
ésta para los pobladores de la zona, entre ellos el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y
su familia, no son objeto de este proceso […]".
135. La Corte observa que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado respecto de
la violación del artículo 22.1 de la Convención se refiere a la afectación del derecho de
circulación y de residencia del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y su familia a partir
de febrero de 1998, como consecuencia de los hechos del presente caso. En ese sentido,
dicho reconocimiento no comprende la violación al derecho de circulación y de residencia,
alegada por los representantes, de la que fuera presunta víctima el señor Carlos Fernando
Jaramillo Correa en junio de 1996, tras la Masacre de La Granja96, cuando supuestamente
tuvo que desplazarse de Ituango hacia Medellín. Al respecto, la Corte hace notar que en su
análisis del presente capítulo no considerará al alegado desplazamiento del señor Carlos
95 En lo pertinente el artículo 22 dispone que:
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
[…]
96 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21.
43
Fernando Jaramillo Correa y su familia que pudiera haber tenido lugar como consecuencia
de hechos previos a los de este caso (supra párrs. 133 y 134).
136. En su declaración en la audiencia pública ante la Corte, el señor Carlos Fernando
Jaramillo Correa indicó que:
[…] a raíz del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo en su oficina de Medellín […] colabor[ó]
con la Fiscalía General de la Nación en la investigación de dicho asesinato […] rindiendo
testimonio[. Y]a cuando la Fiscalía culmin[ó] las investigaciones[,] el riesgo que venía corriendo
en ese momento y [previamente] al asesinato de [Jesús María Valle Jaramillo], se hizo más
evidente y tuv[o] necesidad de exiliar[s]e primero temporalmente […] y a finales del año 98
definitivamente […].
[…]
[C]uando ya la Fiscalía General de la Nación [inició] las capturas o las órdenes de capturas de los
sindicados del asesinato d[e] [Jesús María Valle Jaramillo], [su] nombre ya quedó en evidencia
puesto [que] jamás r[indió] testimonio bajo protección de identidad sino que quis[o] siempre […]
que quedara claro que era [él] quien declaraba[. E]ntonces al evidenciarse [su] nombre ya
estaba en un más alto riesgo de ser asesinado por los grupos paramilitares.97
137. También como parte de su declaración en la audiencia pública, el señor Carlos
Fernando Jaramillo Correa señaló que "todos los días de la vida piens[a] en regresar [a
Colombia,] pero [ve que tiene] prácticamente la patria perdida; que ya no pued[e] volver[,
ya que le] han destruido tantas cosas y [se le] va pasando la vida apenas sobreviviendo[.
N]o hay el ambiente para volver"98.
138. Al respecto, esta Corte ha señalado en jurisprudencia previa que el derecho de
circulación y de residencia, establecido en el artículo 22.1 de la Convención, es una
condición indispensable para el libre desarrollo de la persona99. Dicho artículo contempla,
inter alia, lo siguiente: a) el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un
Estado a circular libremente en él y escoger su lugar de residencia, y b) el derecho de éstos
de ingresar, permanecer y salir del territorio del Estado sin interferencia ilegal. Así, el
disfrute de este derecho no depende de ningún objetivo o motivo en particular de la persona
que desea circular o permanecer en un lugar100.
139. Asimismo, la Corte ha señalado que el derecho de circulación y de residencia puede
ser vulnerado por restricciones de facto si el Estado no ha establecido las condiciones ni
provisto los medios que permiten ejercerlo101. En ese sentido, el derecho de circulación y
de residencia puede resultar afectado cuando una persona es víctima de amenazas u
hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y
residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y
hostigamientos provienen de actores no estatales.
97 Declaración rendida en audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa.
98 Declaración rendida por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, supra nota 97.
99 Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2004. Serie C No. 111, párr. 115; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 206, y Caso de la
"Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 168.
100 Cfr. O.N.U., Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General No. 27, de 2 de
noviembre de 1999, párrs. 1, 4, 8 y 19; Caso Ricardo Canese, supra nota 99, párr. 115; Caso de las Masacres de
Ituango, supra nota 21, párr. 206, y Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 168.
101 Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párrs. 119 y 120; Caso de las Masacres de Ituango,
supra nota 21, párr. 210, y Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 170.
44
140. Al encontrarse fuera de su país sin poder o sin querer retornar a su hogar debido al
temor bien fundado de persecución derivado de los hechos del presente caso, el señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo se convirtieron en refugiados.
Así, se vieron obligados a buscar protección internacional para asegurar el respeto de sus
derechos humanos y evitar ser devueltos contra su voluntad a un país donde existían o
existen razones para temer por sus vidas.
141. La Corte observa que Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo
se encontraban en una condición de vulnerabilidad que les impedía ejercer libremente su
derecho de circulación y de residencia, en parte debido a que el Estado no les brindó las
garantías necesarias para que pudieran transitar y residir libremente en el territorio
colombiano. Además, su condición de refugiados ha fragmentado el tejido social que unía a
su familia, obligándoles a perder el contacto no sólo con su país, sino también con sus
relaciones afectivas dentro de éste. En ese sentido, el señor Saúl Jaramillo Giraldo, amigo
de la familia Jaramillo Correa, declaró que el impacto emocional más grande del exilio de la
familia fue que "no solo destruyó el patrimonio económico, sino que [la] desmembró, que
era una familia unida, que trabajaban todos unidos. Por la misma causa tuvieron que coger
rumbos diferentes, abandonando sus predios […]"102.
142. En su allanamiento, el Estado reconoció como víctimas de la violación del artículo
22.1 de la Convención al señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y como parte de su núcleo
familiar, a la señora Gloria Lucía Correa (cónyuge), al señor Carlos Enrique Jaramillo Correa
(hijo) y a la señorita María Lucía Jaramillo Correa (hija). El Estado omitió hacer referencia a
la señorita Ana Carolina Jaramillo Correa, también hija del señor Carlos Fernando Jaramillo
Correa, no obstante haberla comprendido en el núcleo familiar de éste en su allanamiento
por la afectación de los artículos 5, 7.1, 7.2, 8.1 y 25.1 de la Convención.
143. Al respecto, según se desprende del acervo probatorio, el parentesco entre el señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa y Ana Carolina Jaramillo Correa se encuentra demostrado
mediante documento expedido por autoridad competente103. Dicho esto, la Corte observa
que en su declaración en la audiencia pública ante la Corte el señor Carlos Fernando
Jaramillo Correa declaró que a causa de su colaboración con la investigación del asesinato
de Jesús María Valle Jaramillo, fueron exiliados él, su esposa y sus "tres hijos"104, quedando
demostrada la afectación de Ana Carolina Jaramillo Correa por los hechos del caso.
144. Con base en todo lo anterior, la Corte declara que el Estado es responsable por la
violación del derecho de circulación y de residencia reconocido en el artículo 22.1 de la
Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Carlos Fernando
Jaramillo Correa, su cónyuge Gloria Lucía Correa, su hijo Carlos Enrique Jaramillo Correa y
sus hijas, María Lucía Jaramillo Correa y Ana Carolina Jaramillo Correa.
VIII
102 Declaración rendida por el testigo Saúl Jaramillo Giraldo, supra nota 74.
103 Certificado de nacimiento de la señora Ana Carolina Jaramillo Correa (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, tomo I, anexo D, f. 882).
104 Declaración rendida por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, supra nota 97.
45
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8.1 (GARANTÍAS JUDICIALES)105 Y 25.1
(PROTECCIÓN JUDICIAL)106 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON
EL ARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA MISMA
145. La Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y
25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Nelly Valle
Jaramillo y sus familiares, Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus familiares, y de los
familiares de Jesús María Valle Jaramillo, ya que "el Estado no ha arbitrado los medios
necesarios para cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los
responsables y reparar a las víctimas y sus familiares". Asimismo, la Comisión señaló que
"la investigación y procesos sustanciados se han extendido por más de ocho años sin que la
justicia haya juzgado a todos los responsables". En ese sentido, resaltó que "los condenados
en ausencia no han sido capturados, que el Estado no ha presentado información específica
sobre los esfuerzos adelantados en este sentido y que del contexto de público conocimiento
se desprende que existen pocas perspectivas de dar contenido sustantivo a estas condenas
y de esa forma brindar un remedio efectivo".
146. Los representantes señalaron que "en el presente caso no se ha garantizado el
derecho que tienen tanto los familiares de Jesús María Valle, como la sociedad en su
conjunto, de conocer quiénes fueron todos los responsables de su ejecución. No se ha
hecho justicia mediante una sanción proporcional a la gravedad de los hechos, ni se han
producido las reparaciones correspondientes e indispensables para efectos de compensar los
daños ocasionados". "[P]or la ejecución de Jesús María Valle Jaramillo solo se ha condenado
a dos personas que nunca han sido llevadas ante las autoridades. Es decir, son personas
que no han sido detenidas y puestas a disposición para responder por los hechos".
Adicionalmente, los representantes indicaron "que a pesar de haberse reconocido que una
de las posibles hipótesis de autoría de los hechos podía provenir de agentes del Estado,
nunca se les vinculó a las investigaciones penales". Sobre este último punto, los
representantes tomaron como referente la acción de revisión emprendida por la Fiscalía
General contra la Resolución de 21 de [mayo] de 1999, en la que se concluyó la ausencia de
prueba respecto de la participación de agentes estatales y, en particular, del Comandante
de la IV Brigada del Ejército, en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. De esta manera,
los representantes alegaron que las pruebas señaladas por la Fiscalía "muestran serias y
graves evidencias de participación de agentes estatales en el asesinato de […] Valle
Jaramillo". Por ejemplo, en la referida Resolución de 21 de mayo de 1999, el Fiscal señaló
que el nombre de Jesús María Valle Jaramillo "apareció registrado en los listados de Carlos
Castaño Gil, como candidato a ser asesinado, por iniciativa del señor Comandante de la
Cuarta Brigada del Ejército con sede en Antioquia". De igual manera, los representantes
alegaron que la responsabilidad del Estado se desprende también de la "comunidad de
prueba" que la declarante a título informativo Sandra Jeannette Castro Ospina señaló que
existe entre los hechos relativos a las Masacres de Ituango y el asesinato de Jesús María
Valle Jaramillo107. Así, los representantes concluyeron que, en lo que concierne a la violación
de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, debe ser declarada la "plena responsabilidad
105 El artículo 8.1 de la Convención establece que "[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".
106 El artículo 25.1 de la Convención señala que "[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".
107 Declaración rendida en audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte
Interamericana por la declarante a título informativo Sandra Jeannette Castro Ospina.
46
internacional" del Estado colombiano, no sólo por omisión, sino también por acción.
147. Por su parte, el Estado reconoció que "ha incumplido parcialmente con su obligación
de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables en forma exhaustiva, efectiva y
dentro de un plazo razonable [respecto de] la ejecución extrajudicial del señor Jesús María
Valle Jaramillo, su detención y sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes
junto con su hermana Nelly Valle y [e]l señor Carlos Jaramillo Correa". En ese sentido, el
Estado reconoció "que los procesos penales y disciplinarios hasta el momento evacuados no
han cumplido cabalmente con la reparación en materia de justicia y verdad dirigidas a las
víctimas, sus familiares y a la sociedad, por no haber incluido en las investigaciones a la
totalidad de los autores de los hechos, no haber sido sustanciados dentro de un término
razonable y, en suma, no haber cumplido con efectividad tal propósito". No obstante lo
anterior, en su escrito de alegatos finales el Estado señaló que en los procesos penales por
los cuales se condenó a dos civiles por el homicidio de Valle Jaramillo, "[l]a persecución,
individualización, acusación y juzgamiento se adelantó dentro de un plazo razonable […],
pues la etapa de instrucción se realizó en el lapso de 19 meses y la etapa del juicio en 24
meses, plazos que no constituyen una violación al derecho consagrado en el artículo 8.1 de
la Convención Americana. De esta manera el Estado garantizó, de manera parcial, el
derecho de las presuntas víctimas y sus familiares de conocer la verdad de lo sucedido y las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y sancionar a los autores materiales responsables
de la muerte violenta del señor Jesús María Valle Jaramillo". Además, señaló que los
procesos penales "se inici[aron] de manera oficiosa e inmediata, estableciendo como
hipótesis de investigación (i) la autoría y participación de sujetos particulares (miembros de
grupos de autodefensa que operaban en la zona), en razón de las denuncias que en vida
realizaba el señor Jesús María Valle Jaramillo por las masacres de Ituango, [y] (ii) la
participación de miembros de la fuerza pública en retaliación por las denuncias de Jesús
María Valle Jaramillo, de alianzas y connivencia entre miembros de la fuerza pública y
grupos paramilitares que operaban en la región". Al respecto, el Estado alegó que "no hay
prueba directa o circunstancial, que permita señalar que en el homicidio del señor Jesús
María Valle Jaramillo hubo intervención de agentes del Estado en su ejecución, planeación,
determinación o intermediación". En todo caso, el Estado precisó que su reconocimiento de
responsabilidad es parcial en la medida que "no todas las investigaciones iniciadas han
concluido. En efecto, algunas continúan abiertas en la Fiscalía General de la Nación y están
dirigidas a la identificación de otros autores que pudieron participar en los hechos con su
diferente grado de responsabilidad".
148. En relación con los hechos del presente caso, el Tribunal observa que diferentes
procesos fueron abiertos en la vía penal, disciplinaria y contencioso administrativa. La Corte
considera pertinente hacer primero un breve resumen de tales procesos, en ese orden y con
base en la admisión de hechos realizada por el Estado, para luego analizar la violación de
los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en relación con éstos.
A) Procesos penales
149. El Tribunal da por establecido que después de ocurridos los hechos materia del
presente caso, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Reacción
Inmediata, inició la respectiva investigación preliminar con la práctica de las diligencias de
campo y el levantamiento del cadáver. Luego de varias diligencias previas, el 8 de julio de
1998 el Estado colombiano inició formalmente una investigación penal bajo el expediente
No. 26.017 y el 21 de mayo de 1999 la Fiscalía calificó el mérito de la investigación,
profiriendo acusación en contra de 10 personas por los delitos de conformación de grupos
armados ilegalmente y homicidio agravado y dispuso que continuara la investigación
respecto de los delitos contra la libertad y autonomía personal de Carlos Fernando Jaramillo
47
Correa y Nelly Valle Jaramillo. El 15 de marzo de 2001, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Medellín condenó como coautores materiales del homicidio del señor Jesús
María Valle Jaramillo a los señores Álvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, a
40 años de prisión. El señor Carlos Castaño Gil fue condenado a 20 años de prisión como
autor responsable del delito de conformación de grupos armados ilegales o paramilitares. En
la misma sentencia se absolvió a los otros 7 civiles como coautores del delito de homicidio
agravado y conformación de grupos ilegalmente armados y a Carlos Castaño Gil como
coautor del delito de homicidio. Esta decisión fue confirmada el 25 de julio de 2001 por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, la que en aplicación del principio de
favorabilidad, redujo la pena privativa de libertad dictada por el juez de primera instancia a
Carlos Castaño Gil de 20 a 9 años, y respecto de los señores Álvaro Goez Mesa y Jorge
Eliécer Rodríguez, de 40 a 25 años de prisión. Carlos Castaño Gil murió en el año 2005.
150. El 28 de enero de 2008, alegando la constatación de "un incumplimiento
protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e
imparcial las [presuntas] violaciones [en el caso]", la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación presentó una acción de revisión ante la Corte
Suprema de Justicia, con el objeto de que la sentencia de 25 de julio de 2001 emitida por el
Tribunal Superior de Medellín sea revisada. El 1 de abril de 2008 la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia decidió admitir dicha demanda de revisión108. Al momento
de dictar la presente Sentencia, este Tribunal no cuenta con mayor información al respecto.
151. Como consecuencia de la ruptura de la unidad del proceso No. 26017 que se
adelantó por los hechos referidos al momento de la calificación del sumario, se abrieron los
procesos No. 31.928 y No. 343.431. En cuanto al radicado 31.928, el 23 de noviembre de
1999 la Fiscalía Regional de Medellín vinculó a otro presunto paramilitar, en calidad de
persona ausente. Sin embargo, el 31 de mayo de 2007 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
de Medellín decretó su absolución. En lo que respecta al radicado No. 343.431 el 19 de
diciembre de 2001 se dispuso la apertura de la investigación preliminar, con el propósito de
identificar e individualizar a otros posibles responsables. El 21 de enero de 2005 la
investigación fue reasignada a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en
razón de que la víctima en el caso es un defensor de derechos humanos. En esta instancia,
el 16 de febrero de 2006 se ordenó la vinculación de dos presuntos paramilitares como
alegados responsables de los delitos de homicidio y secuestro simple, en perjuicio del señor
Jesús María Valle, la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo
Correa. Ambos se encuentran privados de libertad por cuenta de otros procesos. De
acuerdo con el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, se procedió al cierre de la investigación,
lo que implica que "se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación".
152. Adicionalmente, en la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la
Nación se adelantan procesos dentro del marco de la Ley 975 de 2005 contra Salvatore
Mancuso e Isaías Montes Hernández, alias "Junior" (infra párrs. 161 a 164), dentro de los
cuales, según el Estado, "están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los
hechos" del presente caso.
153. La Corte observa que a pesar de la admisión de hechos por parte del Estado y de su
allanamiento respecto de diversas pretensiones, subsiste la necesidad de precisar la entidad
y gravedad de las violaciones ocurridas con relación a los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención. Por tanto, la Corte analizará la debida diligencia en la conducción de estas
acciones oficiales de investigación, así como otros elementos adicionales para determinar si
108 Auto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 1 de abril de 2008 (expediente de
fondo, tomo V, fs. 1048-1049).
48
los procesos y procedimientos han sido desarrollados con respeto de las garantías judiciales,
en un plazo razonable, y si han constituido un recurso efectivo para asegurar los derechos
de acceso a la justicia, la verdad de los hechos y la reparación de las víctimas109.
A.1) consideraciones sobre la razonabilidad del plazo de los procesos penales
154. El Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia implica que la solución
de la controversia se produzca en tiempo razonable110, ya que una demora prolongada
puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales111. En el
presente caso, el Tribunal observa que han transcurrido más de 10 años desde que
ocurrieron los hechos y aún continúan abiertos los procesos penales respectivos. La
razonabilidad de dicho retraso se debe analizar de conformidad con el "plazo razonable" al
que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, el cual se debe apreciar en relación con la
duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva112.
155. La Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para
determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal
del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales113. El Tribunal considera
pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en
cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de
la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto
de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica
del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que
el caso se resuelva en un tiempo breve.
156. Si bien en el presente caso el proceso de naturaleza penal a nivel interno comprende
a tres presuntas víctimas, una de homicidio agravado y dos de secuestro simple, la Corte
observa que la investigación ha resultado compleja en lo que concierne a la detención de los
inculpados, quienes incluso fueron juzgados en ausencia en razón de la clandestinidad en la
que se mantienen los grupos paramilitares, así como en razón de la identificación de todos
los autores. En jurisprudencia previa, este Tribunal se ha referido a las dificultades para dar
respuesta adecuada y fiel a los compromisos internacionales del Estado cuando éste se
encuentra frente al juzgamiento de actuaciones ilegales de miembros de grupos alzados en
armas114. Sin embargo, la Corte reitera que las condiciones del país no liberan a un Estado
Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado115. En esa
109 Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 70, párr. 222; Caso Heliodoro
Portugal, supra nota 13, párr. 126, y Caso García Prieto y otros, supra nota 58, párr. 109.
110 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35,
párr. 73; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 148, y Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción
Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 59.
111 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 145; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 148, y
Caso Salvador Chiriboga, supra nota 110, párr. 59.
112 Cfr. Caso Suárez Rosero, supra nota 110, párr. 71; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 105, y Caso
Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 148.
113 Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero de 1997.
Serie C No. 30, párr. 77; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 107, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
149.
114 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 238; Caso de las Masacres de Ituango, supra
nota 21, párr. 300, y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 146.
115 Cfr. Caso Bámaca Velásquez, supra nota 80, párr. 207; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21,
párr. 300, y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 146.
49
medida, y pese a que se ha sancionado a dos responsables en el caso pertenecientes a
grupos paramilitares, la Corte considera que la dificultad del asunto que se investiga en la
jurisdicción interna no justifica, por sí misma, que el proceso penal continúe abierto luego
de 10 años de los hechos.
157. Con relación a la actividad procesal de los interesados, es necesario recordar que el
presente caso involucra inter alia una ejecución extrajudicial y que, en consecuencia, el
Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y
efectiva116. Consecuentemente, la búsqueda efectiva de la verdad en este caso corresponde
al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su
aportación de elementos probatorios117. En todo caso, del expediente ante esta Corte no se
desprende que las presuntas víctimas hayan entorpecido o demorado los procesos
judiciales.
158. En cuanto a la conducta de las autoridades judiciales, la Corte observa que el Estado
colombiano inició formalmente la investigación penal de los hechos el 8 de julio de 1998, la
cual derivó en una sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Medellín el 15 de marzo de 2001, condenando a dos civiles como autores materiales del
homicidio de Valle Jaramillo y a otro como responsable del delito de conformación de grupos
paramilitares, y absolviendo de todos los cargos a 7 de los 10 inculpados (supra párr. 149).
Por tanto, transcurrido poco más de tres años entre el desarrollo de los hechos, su
investigación, la aplicación de la normativa vigente y la posterior determinación de dos
responsables materiales en el caso, la Corte considera que en lo que atañe específicamente
a dicho procedimiento, la actuación de las autoridades fiscales y judiciales del Estado
colombiano resulta conforme con criterios de diligencia y razonabilidad.
159. No obstante lo expuesto, según la admisión de hechos realizada por el Estado y
conforme a lo señalado en la Resolución de la Fiscalía General de la Nación de 21 de mayo
de 1999118, la Corte resalta que en los hechos del presente caso participaron más de dos
personas, concretamente al menos dos hombres y una mujer. De esta manera, y según el
allanamiento parcial del Estado, la Corte observa que, si bien el proceso penal mediante el
cual se condenó a dos autores de los hechos se llevó a cabo en un plazo razonable, se
puede advertir la existencia de un retardo judicial injustificado en las investigaciones
dirigidas a identificar a otros posibles autores de tales hechos. En efecto, según lo señalado
anteriormente, el Estado "acept[ó] que los procesos penales y disciplinarios hasta el
momento evacuados no han cumplido cabalmente con la reparación en materia de justicia y
verdad dirigidas a las víctimas, sus familiares y a la sociedad, por no haber incluido en las
investigaciones a la totalidad de los autores de los hechos, no haber sido sustanciados
dentro de un término razonable y, en suma, no haber cumplido con efectividad tal
propósito".
160. Según el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado, no todas
las investigaciones iniciadas han concluido. Continúa una investigación que se realiza en la
Unidad Nacional de Derechos Humanos, en la cual se ha resuelto una medida de
116 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 112; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 115, y
Caso García Prieto y otros, supra nota 58, párr. 101.
117 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 177; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
145, y Caso Albán Cornejo y otros, supra nota 5, párr. 62.
118 Resolución de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Medellín de la Dirección Regional de
Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación de 21 de mayo de 1999 (expediente de anexos a la demanda,
apéndices 1 y 2, fs. 50-163).
50
aseguramiento de detención preventiva contra dos paramilitares condenados por otros
hechos y que están cumpliendo sus penas de prisión. Además, queda pendiente de
resolución la acción de revisión de la Sentencia de 15 de marzo de 2001 del Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Medellín (supra párrs. 149 y 150), la cual, inter alia, absolvió a
varios civiles inculpados en el presente caso. También, según señaló el Estado, se han
adelantado gestiones ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para
establecer si hay lugar a responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales que
tramitaron el proceso penal (infra párr. 166).
161. Aún teniendo en cuenta que tales procesos siguen abiertos, no se desprende del
expediente ante la Corte que actualmente se esté investigando activamente la posibilidad
de que, además de la participación de particulares, agentes estatales también hayan tenido
alguna intervención en la planificación o ejecución de los hechos materia del presente caso.
Sin embargo, la Corte observa que en la audiencia pública la señora Sandra Jeannette
Castro Ospina, Jefa de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, al referirse a las investigaciones penales
abiertas para esclarecer los hechos del caso, declaró que existe una "comunidad de prueba"
entre el presente caso y los hechos del caso de Las Masacres de Ituango, en el cual esta
Corte dio por probada la colaboración y aquiescencia de miembros del Ejército con grupos
paramilitares, y que dicha "comunidad de prueba" podría "servir para reactivar [la]
investigación por el homicidio del señor Jesús María Valle"119. Asimismo, en la Unidad
Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación se adelantan procesos dentro
del marco de la Ley 975 de 2005, también conocida como "Ley de Justicia y Paz"120, que
permitirían, según ha señalado el Estado, obtener información sobre la posible participación
de agentes estatales u otros particulares en los hechos.
162. Al respecto, según se desprende del acervo probatorio del presente caso y de
conformidad con lo señalado por el Estado, en las declaraciones libres rendidas en dichos
procesos por Salvatore Mancuso e Isaías Montes Hernández, alias "Junior", conocidos líderes
de grupos paramilitares en Colombia, han surgido elementos de prueba tendientes a
contribuir al esclarecimiento de los hechos, así como a la investigación y sanción, en su
caso, de todos los autores. Dicha prueba, particularmente en relación con posibles vínculos
o connivencia entre agentes estatales y grupos paramilitares en la planificación y ejecución
de las violaciones materia del presente caso, deberá ser valorada por las autoridades
judiciales internas pertinentes en el marco de los procesos que se encuentran abiertos o que
se vayan a abrir con el propósito de determinar su veracidad y las correspondientes
responsabilidades.
163. Además, el Tribunal observa que, según lo señalado por el Estado como hecho
superviniente, el 21 de febrero de 2008, en una comparecencia ante un Fiscal de la Unidad
de Justicia y Paz, un paramilitar desmovilizado confesó su participación en la muerte del
señor Valle Jaramillo, presuntamente bajo órdenes del líder paramilitar Carlos Castaño Gil.
Lo anterior deberá ser verificado por la Fiscalía General de la Nación, pero en todo caso
pareciera corroborar que las violaciones materia del presente caso aún se encuentran en un
estado de impunidad.
119 Declaración rendida por la declarante a título informativo Sandra Jeannette Castro Ospina, supra nota
107.
120 Cfr. Ley 975 de 2005 de 25 de julio de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios". Caso de la Masacre de
La Rochela, supra nota 21, párr. 180.
51
164. Asimismo, la Corte observa, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que la
aplicación de la Ley de Justicia y Paz se encuentra actualmente en una primera etapa de
actos procesales relacionados con la recepción de versiones libres de algunas personas
desmovilizadas, como las señaladas en los párrafos anteriores. A continuación, verificadas
otras etapas en el proceso, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz y los
Tribunales Superiores del Distrito Judicial, inter alia, deberán adoptar decisiones al
respecto121. Por lo tanto, si bien la información obtenida dentro del marco de la Ley de
Justicia y Paz podría aportar a la obtención de justicia y reparación en el presente caso, se
debe considerar que al tiempo transcurrido desde los hechos se sumaría aquél que
comprende la realización de los procesos penales pendientes, hasta que estos lleguen a
sentencia en firme, así como de aquellos relacionados con la Ley de Justicia y Paz, con sus
distintas etapas.
165. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Tribunal considera que si bien se han llevado
a cabo investigaciones penales, como consecuencia de lo cual en algunas de ellas han sido
condenados algunos particulares, subsiste una impunidad parcial en el presente caso, tal y
como lo ha reconocido el Estado, en la medida en que no ha sido determinada toda la
verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades por los mismos. Además, la
impunidad se refleja en el juicio y condena en ausencia de paramilitares que se han visto
beneficiados con la inefectividad de la sanción por no haberse hecho efectivas las órdenes
de captura libradas en su contra.
B) Procesos disciplinarios
166. Adicionalmente a los procesos penales señalados anteriormente, según la admisión
de hechos realizada por el Estado, el 5 de diciembre de 2001 la Procuraduría Delegada
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos adelantó el expediente No. 008-
65478/01 con el fin de investigar la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en los
hechos del presente caso. Sin embargo, mediante auto de 13 de junio de 2002, dicho
expediente fue archivado en la etapa de indagación preliminar por falta de pruebas para
vincular a servidor público alguno. Asimismo, la Corte hace notar que ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia se adelantó
un proceso disciplinario contra dos funcionarios judiciales del Cuarto Penal del Circuito
Especializado por presuntas irregularidades de éstos en el ejercicio de sus funciones. Al
respecto, la Corte observa que si bien dichos procesos disciplinarios no sustituyen la función
de la jurisdicción penal en casos de violaciones de derechos humanos, ya que tienden a la
protección de la función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos
y no pretenden el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de responsabilidades
en el caso122, la Corte reconoce la función complementaria que tales procesos cumplen en
aras de garantizar los derechos reconocidos en la Convención.
C) Proceso contencioso administrativo
167. Además de las investigaciones penales y disciplinarias ya analizadas, la Corte
observa como un hecho no controvertido que el 16 de marzo de 2000, algunos familiares
del señor Jesús María Valle Jaramillo presentaron una demanda en proceso de Reparación
Directa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Nación, representada en el
Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía
121 Cfr. artículos 16 a 28 de la Ley 975 de 2005 del 25 de julio de 2005.
122 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 215; Caso de la Masacre de La Rochela,
supra nota 21, párrs. 206 y 215, y Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 327.
52
Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.), el Departamento de
Antioquia y el Municipio de Medellín, por los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1998. La
sentencia de primera instancia fue adversa a los demandantes quienes, al recurrirla ante el
Consejo de Estado, realizaron una diligencia de conciliación el 26 de abril de 2007. En esta
conciliación, el Estado aceptó reparar parcialmente a aquellas víctimas y sus familiares que
fueron parte de dicho proceso contencioso administrativo. Al respecto, siguiendo su
jurisprudencia previa respecto de la obligación de reparar como consecuencia de una
violación de la Convención (infra párrs. 201 a 210), la Corte reconoce el rol que cumple la
jurisdicción contencioso administrativa en materia de reparaciones y valora positivamente
que el Estado haya reparado parcialmente a nivel interno a ciertas víctimas en el presente
caso. Lo anterior constituye un significativo aporte tendiente a la reparación integral de las
violaciones declaradas en la presente Sentencia. No obstante lo anterior, los alcances y la
repercusión de lo resuelto en dicha instancia será analizado en el capítulo correspondiente a
reparaciones (infra párrs. 201 a 208). Para efectos del presente acápite, basta que la Corte
observe que, si bien el procedimiento desarrollado tuvo por objeto reparar a las víctimas por
los daños patrimoniales y morales derivados de los hechos, el proceso contencioso
administrativo no constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma
integral esa violación123.
*
* *
168. En conclusión, no obstante los avances señalados en los párrafos precedentes, el
Tribunal considera que prevalece la impunidad en el presente caso en razón de que los
procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el
acceso a la justicia; investigar y eventualmente sancionar a todos los participantes en la
comisión de las violaciones, incluyendo la posible participación de agentes estatales; hacer
efectivas las órdenes de captura libradas en contra de aquellos responsables que ya han
sido condenados, y reparar integralmente las consecuencias de las violaciones.
169. En razón de todo lo expuesto en el presente capítulo y teniendo en cuenta la
admisión de hechos y el allanamiento del Estado, el Tribunal considera que éste violó el
derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general contemplada en el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Nelly Valle Jaramillo, Alfonso Montoya Restrepo,
Luis Fernando Montoya Valle, Carlos Fernando Jaramillo Correa, Gloria Lucía Correa, Carlos
Enrique Jaramillo Correa, María Lucía Jaramillo Correa, Ana Carolina Jaramillo Correa, Jesús
Emilio Jaramillo Barrera, Adela Correa de Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Romelia
Jaramillo Correa, Nellyda Jaramillo Correa, José María Jaramillo Correa, Luís Eugenio
Jaramillo Correa, Gloria Elena Jaramillo Correa, Adriana María Jaramillo Correa, María Leticia
Valle Jaramillo, Ligia Valle Jaramillo, Luzmila Valle Jaramillo, Magdalena Valle Jaramillo,
Romelia Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, Darío Valle Jaramillo y Octavio Valle
Jaramillo.
170. Este Tribunal hace notar que en el presente caso, no obstante el allanamiento del
Estado (supra párrs. 35 y 38), no corresponde declarar al señor Jesús María Valle Jaramillo
como víctima de la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, toda
vez que en un caso de ejecución extrajudicial los derechos afectados corresponden a los
familiares de la víctima fallecida, quienes son la parte interesada en la búsqueda de justicia
y a quienes el Estado debe proveer recursos efectivos para garantizarles el acceso a la
123 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 214; Caso de la Masacre de La Rochela,
supra nota 21, párrs. 220 y 222, y Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 340.
53
justicia, la investigación y eventual sanción, en su caso, de los responsables y la reparación
integral de las consecuencias de las violaciones.
IX
ARTÍCULO 11.1 Y 11.2 (PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD)124 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE
RESPETAR LOS DERECHOS)125 DE LA MISMA
171. Los representantes alegaron que se violó el derecho a la honra y dignidad de Jesús
María Valle Jaramillo y su familia, reconocido en el artículo 11.1 y 11.2 de la Convención, al
haber "s[ido] investigado por parte de la Fiscalía Seccional de Medellín, por el delito de
calumnia, a instancias de la denuncia formulada en julio 10 de 1997 por parte de un
miembro del Batallón Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada". Los representantes también
señalaron que se violó la honra familiar, ya que "la familia Valle Jaramillo […] asumió para sí
[…] el ataque a la honra del que fue víctima Jesús María [Valle], cuando se le involucró en
un proceso penal en calidad de imputado, teniendo en cuenta la estructura familiar y la
incidencia que Jesús María [Valle] tenía en la misma". Los representantes resaltaron que
"[l]a honra debe salvaguardarse en un sentido amplio, pues la agresión a uno de los
miembros de la familia se extiende sobre todos los miembros de ella: La honra familiar es
parte de la honra personal y la honra personal hace parte de la familiar […]. Por ello,
cualquier ataque a la reputación de una persona se constituye en un ataque hacia su
familia". Adicionalmente, los representantes sustentaron dicha violación en el supuesto
hecho de que el entonces Gobernador de Antioquia calificó como "enemigo de la fuerza
pública" a Jesús María Valle Jaramillo "en un contexto de conflicto y de constantes
denuncias [por parte de éste respecto de] la colaboración que el ejército prestaba a los
grupos paramilitares". Por último, los representantes alegaron que se violó el derecho a la
honra de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su familia, "toda vez que […] se han visto
imposibilitados para volver al lugar donde tienen sus propiedades, sus negocios y en general
su forma de vida construida en muchos años de trabajo". Así, citando el caso de las
Masacres de Ituango en cuanto a la vinculación entre "privación y afectación del derecho al
uso y goce de la propiedad" y "violación del derecho a la honra y dignidad de la población",
los representantes alegaron que si bien en el presente caso "las viviendas [no] fueron
quemadas, ello no implica que no pueda llegarse a igual conclusión cuando el uso y goce de
l[a] propiedad se ve afectado por la imposición de un desplazamiento que obliga el
abandono de los bienes que han sido el medio del desarrollo y vida de una familia."
172. La Comisión no alegó la violación de este artículo.
173. El Estado señaló, citando jurisprudencia de este Tribunal, que "una violación al
derecho a la honra se configura cuando se encuentra plenamente acreditada la
descalificación pública de la persona o personas afectadas y ante lo cual el Estado hubiese
tolerado la descalificación sometiendo a las víctimas y sus familias 'al odio, desprecio
124 En lo pertinente, el artículo 11 señala que:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. […]
125 En lo pertinente, el artículo 1.1 señala que:
[l]os Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
54
público, persecución y a la discriminación'". De esta manera, para el Estado, "la vinculación
del señor […] Valle [Jaramillo] a [un] proceso penal […]" "no puede conducir a la errónea
conclusión de que la denuncia que se presentó contra él tenía por objeto vulnerar su
derecho a la honra". Asimismo, el Estado señaló que la alegada violación del artículo 11 de
la Convención a partir de las declaraciones de las autoridades departamentales de Antioquia
"no tiene un sustento probatorio, sino que se basa en una serie de elementos
circunstanciales, sacados de contexto por parte de los [r]epresentantes con la pretensión de
establecer supuestamente que hubo un desprestigio público al señor Valle Jaramillo".
Además, señaló que "[e]n el ordenamiento jurídico colombiano […] están tipificados los
delitos de injuria y calumnia y por lo tanto existe la posibilidad de presentar ante la
autoridad judicial competente una denuncia por estos delitos, cuando se considere que una
aseveración de un particular o de un funcionario público es deshonrosa o falsa para que la
autoridad judicial competente determine la veracidad o no de lo dicho". En cuanto a la
violación de dicho artículo en perjuicio del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y su
familia, el Estado consideró que en este caso no resulta aplicable la vinculación entre el
derecho a la propiedad y el derecho a la honra, tal y como la Corte lo ha considerado en el
caso de las Masacres de Ituango, "ya que en ningún momento se ha demostrado la
destrucción o incendio de la vivienda del señor […] Jaramillo [Correa] por parte de fuerzas
del Estado". En ese sentido, citando jurisprudencia de la Corte, el Estado destacó que "la
violación del artículo 11 de la Convención no se da de manera independiente" y que, en
todo caso, "el detrimento en los bienes del señor Jaramillo Correa pudo ser consecuencia
[…] del desplazamiento que aquél sufrió", respecto del cual el Estado reconoció su
responsabilidad.
174. Teniendo en cuenta que la Comisión no alegó la violación del artículo 11 de la
Convención, el Tribunal estima pertinente reiterar que la presunta víctima, sus familiares o
sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda
de la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta126. En relación con este
último punto, la Corte ha señalado que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de
los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar,
aclarar o desestimar los que fueron mencionados en ésta, o bien, responder a las
pretensiones del demandante. Asimismo, ha indicado que la excepción a esta regla opera en
el caso de hechos supervinientes, es decir, de hechos que aparecen después de que se han
presentado los escritos del proceso (demanda, escrito de solicitudes y argumentos, y
contestación de la demanda)127.
175. Al respecto, el Tribunal observa que los representantes alegaron la violación del
artículo 11 de la Convención, en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo y sus familiares, así
como en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus familiares, con base en hechos
descritos en la demanda de la Comisión en los párrafos 38 y 52, respectivamente. En el
capítulo IV de esta Sentencia el Tribunal señaló que el Estado admitió que a Jesús María
Valle Jaramillo "se le inició un proceso por calumnias a instancia de miembros del Ejército"
(supra párr. 30.a). Asimismo, la Corte resalta que, respecto del párrafo 38 de la demanda,
el Estado
cuestion[ó] el contenido del testimonio del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa […] en cuanto
hace relación a que 'el entonces Gobernador de Antioquia declaró públicamente que 'el doctor
126 Cfr. Caso "Cinco Pensionistas", supra nota 13, párr. 155; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 118, y Caso
Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 212.
127 Cfr. Caso "Cinco Pensionistas", supra nota 13, párrs. 84 y 154; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 46, y
Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 228.
55
Valle pareciera ser enemigo de las Fuerzas Militares', por cuanto no aparece respaldado en
ninguna otra prueba que se haya adjuntado a la demanda.
176. Respecto del primer alegato relativo a la denuncia por calumnias contra Valle
Jaramillo, la Corte considera que un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una
afectación ilegítima del honor o de la dignidad de la persona. El proceso sirve al objetivo de
resolver una controversia, aunque ello pudiera acarrear, indirectamente, molestias para
quienes se hallan sujetos al enjuiciamiento. De sostenerse lo contrario, quedaría excluida de
plano la solución de los litigios por la vía contenciosa128. Por ello, la Corte considera que, en
el presente caso, no se ha comprobado que hubo una violación del artículo 11.1 y 11.2 de la
Convención por parte del Estado respecto del señor Jesús María Valle Jaramillo y su familia,
con base en la denuncia por calumnias que se inició en su contra.
177. Respecto del segundo alegato relativo a la presunta declaración que hiciera el
entonces Gobernador de Antioquia (supra párr. 171), el Tribunal observa que ni la Comisión
ni los representantes presentaron elementos probatorios suficientes que corroboren lo
declarado por el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quien es víctima en el presente
proceso (supra párr. 54). Si bien los representantes aportaron un recorte de periódico como
medio probatorio de dicho supuesto hecho129, el Tribunal observa que el mismo hace
referencia a un comunicado emitido por "once organizaciones no gubernamentales que
integran el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, Codehsel", en el cual éstas
indican que el "mandatario departamental […] señaló […] a [Jesús María] Valle como
'enemigo de las Fuerzas Armadas'". Al no contar con más elementos que respalden la
información contenida en dicho recorte de periódico, la Corte considera que éste carece de
suficiente valor probatorio (supra párr. 53) y, por tanto, no da por probado el hecho bajo
análisis.
178. Por otro lado, el alegato de los representantes en relación con la supuesta violación
del artículo 11 de la Convención en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su
familia está sustentado parcialmente por lo señalado en el párrafo 52 de la demanda de la
Comisión. Dicho párrafo, en lo pertinente, y según la admisión de hechos realizada por el
Estado (supra párr. 134), señala que el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa tenía bienes
y propiedades que tuvo que abandonar con motivo de su supuesto desplazamiento forzado.
179. Este Tribunal considera que los hechos y consecuencias alegadas por los
representantes en relación con la supuesta violación del artículo 11 de la Convención, en
perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su familia, se relacionan con la ya declarada
violación compleja del artículo 22 de dicho instrumento (supra párrs. 133 a 144). Además,
teniendo en cuenta los alegatos de los representantes, la Corte observa que si bien en el
caso de las Masacres de Ituango el Tribunal declaró la violación del artículo 11.2 de la
Convención, ello se hizo con base en hechos diferentes a los señalados en el presente caso,
tratándose de la quema y destrucción de las viviendas de las víctimas en aquél caso, y con
el propósito de "protege[r] la vida privada y el domicilio de injerencias arbitrarias o
abusivas"130, razón por la cual tal precedente jurisprudencial no resulta aplicable.
180. Por lo tanto, la Corte considera que no se ha comprobado una violación
128 Cfr. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr.
177, y Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C
No. 164, párr. 122.
129 Nota publicada en el diario "El Colombiano" el 12 de julio de 1997, titulada "Lo de Ituango evidencia unión
paramilitares-Ejército" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo H-1 No. 39, f. 1310).
130 Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 193.
56
independiente del artículo 11.1 y 11.2 de la Convención en el presente caso.
X
ARTÍCULO 17 (PROTECCIÓN A LA FAMILIA)131 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA,
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS
DERECHOS)132 DE LA MISMA
181. En el escrito solicitudes y argumentos, los representantes señalaron que sustentarían
la presunta violación del derecho a la protección a la familia reconocido en el artículo 17 de
la Convención, en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo y "sus familiares", mas no
desarrollaron dicho alegato en ninguno de sus escritos.
182. La Comisión no alegó la violación de este artículo.
183. El Estado, citando jurisprudencia de este Tribunal, señaló que "[…] la presunta
violación del artículo 17 de la Convención en perjuicio de los familiares de las presuntas
víctimas, […] ya h[a] sido examinad[a] en relación con la violación del derecho a la
integridad personal de [los] familiares en este caso"133.
184. Al respecto, este Tribunal considera que no se ha comprobado, y ni siquiera alegado
de manera específica, que el Estado sea responsable por la violación del derecho a la
protección a la familia reconocido en el artículo 17 de la Convención.
XI
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 (INTEGRIDAD PERSONAL)134, 13 (LIBERTAD DE
PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN)135 Y 16 (LIBERTAD DE ASOCIACIÓN)136 DE LA
131 En lo pertinente, el artículo 17 señala que:
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el
Estado. […]
132 En lo pertinente, el artículo 1.1 señala que:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. […]
133 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 245; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 205, y
Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 197.
134 En lo pertinente, el artículo 5 señala que:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. […]
135 En lo pertinente, el artículo 13 señala que:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección. […]
136 En lo pertinente, el artículo 16 señala que:
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
57
CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
RESPECTO DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
185. Los representantes señalaron que "[l]os defensores de derechos humanos y las
organizaciones de derechos humanos, son víctimas indirectas del asesinato de Jesús María
Valle Jaramillo, por la violación de sus derechos a la integridad, a la libertad de expresión y
de pensamiento y a la libertad de asociación, sin importar que los mismos sean
individualizados y nominados. En efecto, un acto de tanta gravedad y trascendencia social,
unido a conductas reiterativas del Estado que pretenden lesionar el núcleo central de la
actividad de defensa de los derechos humanos, produce como resultado un temor y
sentimiento de zozobra generalizado". No obstante lo expuesto, los representantes
solicitaron a lo largo del proceso que "se reconozca que el asesinato de un dirigente de las
cualidades y capacidades de Jesús María Valle, comporta una ofensa al conjunto de la
comunidad de defensores de derechos humanos, los amedrenta para continuar en la
denuncia de hechos de la gravedad que develó Jesús María [Valle Jaramillo] y desanima la
vinculación de nuevos miembros por el nivel de riesgo que trae aparejado dicha actividad."
186. La Comisión no alegó que las defensoras y defensores de derechos humanos sean
víctimas en el presente caso.
187. Por su parte, el Estado objetó "la pretensión de los representantes de incluir a las
defensoras y defensores de derechos humanos como nuevas víctimas, con base en que (i)
los defensores de derechos humanos no fueron incluidos como víctimas en el proceso ante
la [Comisión] y por tanto no deben ser considerados como víctimas por la […] Corte, y [en
que] (ii) un caso contencioso no es una actio popularis". Asimismo, el Estado manifestó que
"en Colombia no existe un contexto, propiciado por el Estado, de hostigamiento,
persecución o violación de derechos a las defensoras y defensores de derechos humanos o a
las organizaciones de las que hacen parte. Por el contrario, el Estado ha adoptado medidas
de diferente naturaleza para brindarles protección a la vida e integridad personal, garantizar
los derechos de las organizaciones sociales y promover su participación en definición de
políticas públicas".
188. La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que las presuntas víctimas deben
estar señaladas en la demanda y en el informe de fondo de la Comisión según el artículo 50
de la Convención. De conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento de la Corte,
corresponde a la Comisión, y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida
oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte137.
189. Al respecto, el Tribunal observa que la Comisión no incluyó a "las defensoras y los
defensores de derechos humanos" como presuntas víctimas en su demanda ni en el informe
según el artículo 50 de la Convención, aunque sí hizo referencias generales a aquellos como
parte de sus diferentes escritos al formular su posición respecto a la situación de los
defensores de derechos humanos en Colombia.
190. Consecuentemente, al no haber sido identificadas con precisión en el momento
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del
ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
137 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 98; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 126, y
Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 165.
58
procesal oportuno, el Tribunal no puede considerar a los defensores y las defensoras de
derechos humanos como presuntas víctimas en el presente caso.
191. Por lo expuesto, este Tribunal considera que no corresponde pronunciarse acerca de
la alegada violación de los artículos 5, 13 y 16 de la Convención en perjuicio de los
defensores y las defensoras de derechos humanos al no ser estos presuntas víctimas en el
presente caso.
XII
ARTÍCULO 13 (LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN)138 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
192. Los representantes alegaron que el Estado "no respetó ni garantizó el derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión de Jesús María Valle Jaramillo[,] teniendo la
obligación y deber jurídico de hacerlo. Por el contrario, obstruyó e impidió que él pudiera,
dentro de un contexto democrático, seguir denunciando los hechos que se venían
ejecutando por parte de grupos paramilitares en connivencia y apoyo de la fuerza pública".
Los representantes consideraron que la violación del artículo 13 de la Convención se
configuró con base en el presunto señalamiento que hiciera el entonces Gobernador de
Antioquia acerca de Jesús María Valle Jaramillo como "enemigo de las fuerzas militares", así
como en la denuncia penal que hicieran miembros del ejército en su contra por el delito de
calumnias. Según los representantes, tales acciones estatales tenían como propósito el
hostigamiento y amedrentamiento de Jesús María Valle Jaramillo con motivo de sus
denuncias como defensor de derechos humanos. Según los representantes, "[t]odas las
acciones ejecutadas por las autoridades estaban orientadas a impedir que él siguiera
denunciando los hechos que estaban ocurriendo en la región de Ituango".
193. La Comisión no alegó la violación del artículo 13 de la Convención.
194. El Estado afirmó que "no existe prueba alguna que permita establecer la aseveración
según la cual autoridades estatales declararon a Jesús María Valle [Jaramillo] como enemigo
de las fuerzas militares". Señaló, además, que la protección del derecho a la honra y al
buen nombre está garantizada en la Constitución Política Colombia y que "la acción penal
por delito de injuria o calumnia[…] se ejerce en Colombia por cualquier ciudadano que
considere que le ha sido violada su integridad moral, en contra de cualquier persona". Por lo
tanto, el Estado se encontraba obligado a "recibir la denuncia formulada contra el señor
Jesús María Valle Jaramillo por el presunto delito de injuria y calumnia, y abrir la
investigación previa para determinar si el hecho había ocurrido o no y si el denunciado tenía
alguna participación en éste, o si era procedente la acción". No obstante lo anterior, el
Estado solicitó a la Corte que "de considerar que el Estado ha violado el derecho a la
libertad de expresión, declare que esta infracción se encuentra subsumida en la de otros
derechos reconocidos vulnerados por el Estado".
195. Tal y como se señaló anteriormente, el Tribunal observa que si bien la Comisión no
alegó la violación del artículo 13 de la Convención, los representantes pueden invocar
derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, sobre la base de los
hechos presentados por ésta (supra párr. 174). Para sustentar dicha supuesta violación, los
138 En lo pertinente, el artículo 13 señala que:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección. […]
59
representantes se basaron en dos hechos señalados en la demanda, a saber, la denuncia
por calumnias que miembros del ejército hicieron en contra de Jesús María Valle Jaramillo y
la supuesta declaración del entonces Gobernador de Antioquia en el sentido de que Valle
Jaramillo era un "enemigo de las fuerzas militares" (supra párrs. 30.a, 68, 171, 173, 175 a
177 y 192). Según lo ya señalado, el Estado admitió el hecho de la denuncia por calumnias
y negó que existiera prueba suficiente acerca de la referida declaración de la autoridad
departamental (supra párrs. 30.a, 173 y 194).
196. Respecto de la denuncia por injuria o calumnia, y de conformidad con lo señalado en
el capítulo anterior, el Tribunal considera que un proceso judicial por tal delito no
constituye, por sí mismo, una afectación al derecho a la libertad de expresión de la persona
denunciada. Esto es así, ya que quien se considere afectado en su honor por el
pronunciamiento de otro puede recurrir a los medios judiciales que el Estado disponga para
su protección139. Si bien una demanda en tal sentido podría llegar a ser temeraria o frívola,
no constituye per se a una violación del derecho a la libertad de expresión del denunciado.
Mas bien, en el presente caso, una eventual decisión por parte del juez de la causa hubiera
permitido establecer la veracidad o no del supuesto hecho ilícito que Jesús María Valle
Jaramillo denunció públicamente, a saber, la supuesta connivencia entre miembros del
Ejército colombiano y los denominados grupos paramilitares. Declarar que la denuncia en su
contra por el delito de injuria o calumnia violó el derecho de Jesús María Valle Jaramillo a la
libertad de expresión conllevaría a una exclusión de plano de la solución de tales litigios por
la vía contenciosa140. En este sentido, la Corte reitera que la libertad de expresión no es un
derecho absoluto y que está sujeta a ciertas restricciones141. Por lo tanto, la Corte considera
que el Estado no violó el artículo 13 de la Convención en perjuicio de Jesús María Valle
Jaramillo al haberlo denunciado por el delito de injuria o calumnia.
197. En cuanto al supuesto señalamiento según el cual autoridades departamentales
declararon a Jesús María Valle Jaramillo como "enemigo de las fuerzas militares", el Tribunal
ya señaló que tal hecho no fue probado en el presente caso (supra párr. 177). Por lo
anterior, el Tribunal considera que no se ha comprobado la supuesta violación del artículo
13 de la Convención en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo con respecto a dicho
alegato.
XIII
REPARACIONES
(APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)142
198. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente143.
139 Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 99, párr. 101, y Caso Kimel, supra nota 14, párr. 55.
140 Cfr. Caso Cesti Hurtado, supra nota 128, párr. 177, y Caso Bueno Alves, supra nota 128, párr. 122.
141 Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 120; Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de
2008. Serie C No. 182, párr. 131, y Caso Kimel, supra nota 14, párr. 54.
142 El artículo 63.1 de la Convención dispone que:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
143 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989.
Serie C No. 7, párr. 25; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 119, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
60
Esa obligación de reparar se regula en todos los aspectos por el Derecho Internacional144. La
Corte ha fundamentado sus decisiones en materia de reparaciones en el artículo 63.1 de la
Convención Americana.
199. En el marco del reconocimiento parcial efectuado por el Estado (supra párrs. 6 y 20 a
26), de acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a la
Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los criterios fijados
en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de
reparar145, la Corte se pronunciará sobre las pretensiones presentadas por la Comisión y por
los representantes, y la postura del Estado respecto de las reparaciones, con el objeto de
disponer las medidas tendientes a reparar los daños.
A) Parte lesionada
200. La Corte considera como "parte lesionada", conforme al artículo 63.1 de la
Convención Americana, a las siguientes personas, en su carácter de víctimas de las
violaciones declaradas (supra párrs. 106, 110, 115, 127, 130, 144 y 169), por lo que serán
acreedoras a las reparaciones que el Tribunal ordene: Jesús María Valle Jaramillo, Nelly
Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa, María Leticia Valle Jaramillo, Ligia Valle
Jaramillo, Luzmila Valle Jaramillo, Magdalena Valle Jaramillo, Romelia Valle Jaramillo,
Marina Valle Jaramillo, Darío Valle Jaramillo, Octavio Valle Jaramillo, Alfonso Montoya
Restrepo, Luis Fernando Montoya Valle, Gloria Lucía Correa, Carlos Enrique Jaramillo
Correa, María Lucía Jaramillo Correa, Ana Carolina Jaramillo Correa, Jesús Emilio Jaramillo
Barrera, Adela Correa de Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Romelia Jaramillo Correa,
Nellyda Jaramillo Correa, José María Jaramillo Correa, Luis Eugenio Jaramillo Correa, Gloria
Elena Jaramillo Correa, Adriana María Jaramillo Correa, Blanca Inés Valle Jaramillo, Gonzalo
de Jesús Jaramillo Correa, Juan Guillermo Valle Noreña, John Jairo Valle Noreña y Luz
Adriana Valle Noreña.
B) Indemnizaciones
201. La Corte determinará la pertinencia de otorgar reparaciones pecuniarias y los montos
respectivos debidos en este caso, para lo cual toma en cuenta que el Estado ha otorgado
indemnizaciones a nivel interno en el ámbito de un proceso contencioso administrativo,
mediante un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente.
202. En el presente caso, la Corte ha reconocido el rol que cumple la jurisdicción
contencioso administrativa colombiana en cuanto a la reparación pecuniaria de violaciones
de derechos humanos (supra párrs. 167). De esta manera, observa que el 28 de
septiembre de 2007 fue aprobado un Acuerdo Conciliatorio146 entre el Estado colombiano,
217.
144 Cfr. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de
1993. Serie C No. 15, párr. 44; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 120, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13,
párr. 169.
145 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 143, párrs. 25 a 27; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 122, y
Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 218.
146 Se acordaron indemnizaciones por concepto de "perjuicios morales", "perjuicios materiales debidos" y
"perjuicios materiales indemnización futura" en beneficio de Luzmila Valle Jaramillo, María Magdalena Valle
Jaramillo, María Nelly Valle Jaramillo y Luis Fernando Montoya Valle, y se acordó una indemnización únicamente
por "perjuicios morales" en beneficio de Jesús María Valle Jaramillo, María Leticia Valle Jaramillo, Ligia Amparo
Valle Jaramillo, Blanca Inés Valle Jaramillo, Romelia Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo y Octavio de Jesús Valle
61
representado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia,
el Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.) y el Municipio de Medellín, por un
lado, y por el otro, diez hermanas y hermanos y un sobrino de Jesús María Valle Jaramillo, a
saber: María Leticia Valle Jaramillo (hermana), Ligia Amparo Valle Jaramillo (hermana),
Blanca Inés Valle Jaramillo (hermana), Luzmila Valle Jaramillo (hermana), María Magdalena
Valle Jaramillo (hermana), Romelia Valle Jaramillo (hermana), Marina Valle Jaramillo
(hermana fallecida), Octavio de Jesús Valle Jaramillo (hermano fallecido), María Nelly Valle
Jaramillo (hermana), Darío Valle Jaramillo (hermano) y Luis Fernando Montoya Valle
(sobrino, hijo de María Nelly Valle Jaramillo). Como parte del Acuerdo Conciliatorio, el
Estado señaló que "[p]ara el reconocimiento de [los respectivos] perjuicios se t[uvo] en
cuenta […] la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el
acogimiento de dichas recomendaciones por el Estado [c]olombiano a través de la
Resolución 001 de 2007". El Tribunal reconoce tales esfuerzos efectuados por Colombia en
cuanto a su deber de reparar y los valora positivamente. Asimismo, el Tribunal valora lo
señalado por el perito Alier Hernández en la audiencia pública, en el sentido de que el
Consejo de Estado ha señalado desde el 2007 que "el resarcimiento económico no es
suficiente, [lo cual] abre la posibilidad para que las víctimas en sus demandas [en procesos
contencioso administrativos] formulen unas peticiones de reparación distintas del simple
resarcimiento económico". Lo anterior, según el perito, resulta ser "un momento de
comienzo de penetración de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el derecho de
Colombia"147. La Corte considera que, de darse dicho desarrollo jurisprudencial en la
jurisdicción contencioso administrativa colombiana, podría llegar a complementar las otras
formas de reparación disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a nivel
interno con el propósito de obtener, en su conjunto, la reparación integral de violaciones de
derechos humanos. Al respecto, el Tribunal reitera que una reparación integral y adecuada,
en el marco de la Convención, exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no
repetición, tales como las que el Estado se ha comprometido a llevar a cabo en el presente
caso y que la Corte ordena en esta Sentencia (infra párrs. 227 a 239).
203. Asimismo, la Corte observa, tal y como lo ha hecho en otros casos contra el Estado
colombiano, que si bien la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la
Convención no puede ser reducida al pago de una compensación, las indemnizaciones
dispuestas en los procesos contencioso administrativos pueden ser consideradas al momento
de fijar las reparaciones pertinentes, "a condición de que lo resuelto en esos procesos haya
hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del caso"148.
204. La Corte observa que las partes en el proceso contencioso administrativo acordaron
que el Estado debía pagar una indemnización por concepto de daños materiales y morales
que en total suma $1.702.944.360,47 pesos colombianos (aproximadamente US$
845.000,00, ochocientos cuarenta y cinco mil dólares de Estados Unidos de América). En
dicho proceso el Estado concedió un monto de indemnización a favor de Jesús María Valle
Jaramillo por concepto de "perjuicios materiales […] indemnización debida [y] futura" que
Jaramillo. Acta de Conciliación de 26 de abril de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo, Radicado No. 32793 (2000-00925) (expediente de anexos
al escrito de contestación de la demanda, anexo 5, folios 2019-2026). El acuerdo conciliatorio fue aprobado el 28
de septiembre de 2007 (expediente de documentos presentados durante la realización de la audiencia pública,
folio 2797).
147 Dictamen rendido en audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por el perito Alier Hernández.
148 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 21, párr. 214. En igual sentido, Caso de la Masacre de
La Rochela, supra nota 21, párrs. 219 a 222; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, párr. 339, y Caso de
la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 30, párr. 206.
62
en total suma $1.421.039.360,47 pesos colombianos (aproximadamente US$ 700.000,00,
setecientos mil dólares de los Estados Unidos de América). Dicha cantidad se distribuyó en
beneficio de Luzmila Valle Jaramillo ($369.019.165,72 pesos colombianos o
aproximadamente US$ 180.000,00, ciento ochenta mil dólares de los Estados Unidos de
América), María Magdalena Valle Jaramillo ($400.250.887,61 pesos colombianos o
aproximadamente US$ 200.000,00, doscientos mil dólares de los Estados Unidos de
América), María Nelly Valle Jaramillo ($408.448.263,34 pesos colombianos o
aproximadamente US$ 200.000,00, doscientos mil dólares de los Estados Unidos de
América) y Luis Fernando Montoya Valle ($238.275.467,80 pesos colombianos o
aproximadamente US$ 120.000,00, ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de
América), es decir, entre tres hermanas y un sobrino de Jesús María Valle Jaramillo,
quienes, según se desprende del acervo probatorio del presente caso, vivían en la misma
casa con él149.
205. La Corte considera que el presunto criterio de convivencia con la referida víctima, así
como el monto otorgado, se ajustan a las exigencias de la razonabilidad señalados
anteriormente (supra párr. 203). Por lo tanto el Tribunal se abstendrá de determinar monto
alguno por concepto de reparación por daño material a favor de Luzmila Valle Jaramillo,
María Magdalena Valle Jaramillo, María Nelly Valle Jaramillo y Luis Fernando Montoya Valle.
206. Asimismo, la Corte observa que en el referido Acuerdo el Estado concedió, por
concepto de "perjuicios morales", una indemnización de "100 SMLMV"150 (aproximadamente
US$ 20.000,00, veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Jesús María
Valle Jaramillo y "50 SMLMV" (aproximadamente US$ 11.000,00, once mil dólares de los
Estados Unidos de América) a cada uno de los siguientes familiares de Jesús María Valle
Jaramillo: María Nelly Valle Jaramillo, María Leticia Valle Jaramillo, Ligia Amparo Valle
Jaramillo, Luzmila Valle Jaramillo, Blanca Inés Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, María
Magdalena Valle Jaramillo, Romelia Valle Jaramillo, Octavio de Jesús Valle Jaramillo y Luis
Fernando Montoya Valle. En el caso particular de María Nelly Valle Jaramillo, ésta recibió,
además de lo derivado de la indemnización por daño inmaterial por la muerte de Jesús
María Valle Jaramillo, un monto adicional por concepto de "perjuicios morales por la
violación a sus derechos fundamentales" equivalente a 50 SMLMV (aproximadamente US$
11.000,00, once mil dólares de Estados Unidos de América)151.
207. Si bien el Estado otorgó un monto a María Nelly Valle Jaramillo de aproximadamente
US$ 11.000,00 (once mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de su
propio daño inmaterial en razón de las violaciones a sus derechos (supra párr. 206), el
Tribunal considera pertinente ordenar, en equidad, el pago adicional de US$ 30.000,00
(treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de dicha víctima, por
concepto de daño inmaterial, teniendo en cuenta su situación particular, ya que se vio
149 Cfr. declaración rendida por el testigo Darío Arcila Arenas, quien señaló que "Jesús María era soltero, no
tenía hijos y convivía con su hermana Nelly, el esposo de ésta y el hijo de ambos de nombre Luis Fernando
Montoya Valle; otra hermana de nombre Luzmila, encargada de los oficios domésticos y con su hermana
Magdalena. […] Fui testigo de su relación afectiva y respetuosa con sus hermanas y sus sobrinos. Conocí, por
ejemplo que a su sobrino Luis Fernando -el hijo de Nelly- lo guiaba como se aconseja a un hijo". Declaración
rendida por el testigo Darío Arcila Arenas, supra nota 85 (folio 2238). Asimismo, según la declaración de Juan
Guillermo Valle Noreña, "Jesús vivía en una casa propia con varias de [sus hermanas]: Magdalena, Nelly que era su
secretaria y con lo que le pagaba se sostenía ella, su esposo y su hijo Luis Fernando que también vivían allá y Luz
Mila que no tenia estudios ni trabajo y vivía pendiente del todo por todo de Jesús. Él cubría todos los gastos de
sostenimiento de la casa". Declaración rendida por el testigo Juan Guillermo Valle Noreña, supra nota 83.
150 El Acuerdo no estipula el pago de una cantidad fija de pesos colombianos, sino que ordena el pago en
términos de "Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes" ("SMLMV").
151 Acta de Conciliación de 26 de abril de 2007, aprobada el 28 de septiembre de 2007, supra nota 146.
63
obligada a presenciar la muerte violenta de su hermano Jesús María Valle Jaramillo (supra
párrs. 70 y 107). Dicha cantidad es adicional a aquella ordenada a nivel interno en el
proceso contencioso administrativo (supra párr. 206). El Estado deberá efectuar el pago de
dicho monto adicional directamente a la beneficiaria dentro del plazo de un año a partir de
la notificación de la presente Sentencia.
208. Así, teniendo en cuenta que el Estado colombiano determinó las indemnizaciones en
beneficio de diez hermanas y hermanos y un sobrino de Jesús María Valle Jaramillo de
conformidad con las exigencias de la razonabilidad, este Tribunal concluye que, salvo lo
señalado en el párrafo anterior respecto de María Nelly Valle Jaramillo, las sumas otorgadas
por concepto de daño inmaterial satisfacen los estándares de la Corte Interamericana en
términos de reparaciones indemnizatorias. En ese sentido, este Tribunal se abstendrá de
determinar un monto adicional a aquél acordado a nivel interno por concepto de reparación
por daño inmaterial a favor de María Leticia Valle Jaramillo, Ligia Amparo Valle Jaramillo,
Luzmila Valle Jaramillo, Blanca Inés Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, María Magdalena
Valle Jaramillo, Romelia Valle Jaramillo, Octavio de Jesús Valle Jaramillo y Luis Fernando
Montoya Valle.
209. Por otro lado, si bien los representantes solicitaron un monto adicional a favor de la
señora Ligia Valle Jaramillo y el señor Octavio Valle Jaramillo por concepto de daño material
e inmaterial en razón de que éstos se declararon inconformes con el Acuerdo conciliatorio
(infra párrs. 214 y 222), el Tribunal considera que, en cuanto al daño material, éste no fue
comprobado ante esta Corte respecto de estas dos víctimas que no vivían con Jesús María
Valle Jaramillo y que forman parte del acuerdo conciliatorio. En cuanto al daño inmaterial,
la Corte estima que los montos ordenados y aprobados a nivel interno a favor de la señora
Ligia Valle Jaramillo y el señor Octavio Valle Jaramillo resultan razonables y conformes a los
estándares de este Tribunal. Por lo tanto, la Corte no considera pertinente determinar un
monto adicional por concepto de daño material e inmaterial respecto de estas dos víctimas.
210. Finalmente, considerando que Francisco Darío Valle Jaramillo, quien fue declarado
víctima en el presente caso y sobre quién el Estado se allanó (supra párrs. 38, 111, 115 y
169), no resultó beneficiario de indemnización alguna152 en el marco del Acuerdo celebrado
entre el Estado colombiano y diez hermanas, hermanos y un sobrino de Jesús María Valle
Jaramillo (supra párr. 202), la Corte fija en equidad a su favor la cantidad de US$
10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de
indemnización por daño inmaterial. El Estado deberá efectuar el pago de este monto
directamente al beneficiario dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la
presente Sentencia.
211. Por lo expuesto, este Tribunal procederá, en los próximos acápites, a referirse a las
reparaciones de carácter monetario que correspondan respecto de las demás víctimas
declaradas en el presente caso que no participaron de dicho Acuerdo Conciliatorio.
B.1) Daño material
212. La Corte ha desarrollado el concepto de daño material y los supuestos en que
corresponde indemnizarlo153.
152 Acta de Conciliación de 26 de abril de 2007, aprobada el 28 de septiembre de 2007, supra nota 146 (fs.
2841 y 2842).
153 Este Tribunal ha establecido que el daño material supone "la pérdida o detrimento de los ingresos de las
víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un
64
213. La Comisión solicitó a la Corte que "fije en equidad el monto de la indemnización
correspondiente al daño emergente y lucro cesante". Al respecto, la Comisión "observ[ó]
que varios familiares de la víctima fallecida, y el [señor] Carlos Fernando Jaramillo Correa,
víctima sobreviviente, no se han beneficiado" del acuerdo de conciliación realizado en sede
contencioso administrativa en el ámbito interno, y que "los pagos ofrecidos no se han
realizado en su totalidad". Adicionalmente, consideró que "el Tribunal podrá estimar si los
montos que efectivamente se hayan pagado en virtud de la conciliación extrajudicial […]
deben ser deducidos de los que ordene en su sentencia".
214. Los representantes solicitaron, en relación con Jesús María Valle Jaramillo y sus
familiares, que la Corte "fije una suma de dinero […] para resarcir los ingresos dejados de
percibir por [éstos] como consecuencia de las violaciones de que fueron víctimas en estos
hechos. Para tal efecto, deberá tomarse como base el salario y el factor prestacional que
percibe un magistrado de una alta corte en Colombia". Asimismo, señalaron que "excepto
[por] la señora Ligia Valle y los herederos del señor Octavio Valle, los demás familiares de
Jesús María [Valle Jaramillo] se han declarado conformes con el acuerdo conciliatorio
realizado por el Estado". Por lo tanto, los representantes solicitaron que la Corte ordene al
Estado el pago de US$ 300.000,00 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de
América) tanto a la señora Ligia Valle Jaramillo como al señor Octavio Valle Jaramillo,
equivalente a lo recibido por cada una de sus hermanas Luzmila, Nelly y María Magdalena
Valle Jaramillo en razón del acuerdo conciliatorio por concepto de daño material e
inmaterial. En cuanto al daño emergente de Carlos Fernando Jaramillo y su familia, los
representantes señalaron que éstos tuvieron que abandonar su domicilio y sus bienes tras
los hechos, por lo que solicitaron que la Corte ordene que el Estado "pague en equidad, una
suma equivalente al valor comercial de los inmuebles que tuvieron que abandonar en el
municipio de Ituango", que en todo caso deberá ser un mínimo de US$ 1.000.000,00 (un
millón de dólares de los Estados Unidos de América). En relación con la indemnización por
concepto del lucro cesante de Carlos Fernando Jaramillo y su familia, los representantes
solicitaron que la Corte fije un monto en equidad "que como mínimo sea de US[$] 300.000
[trescientos mil] dólares de los Estados Unidos de América". Alternativamente, solicitaron a
la Corte que ordene "que el Estado disponga la adquisición de las tierras pertenecientes a la
familia Jaramillo Correa en el municipio de Ituango, con destino a programas ambientales o
para desplazados. Para ello se dispondrá de negociadores determinados por las víctimas y
se respetará el valor comercial de los inmuebles antes de ocurrir los hechos que
determinaron su desvalorización por el incumplimiento de las obligaciones por parte del
Estado". En caso "[d]e no llegarse a un acuerdo al respecto, [solicitaron que se disponga] la
entrega de tierras aptas para la ganadería y el cultivo en otra región del Departamento o del
país que las víctimas dispongan, en una extensión igual a la que poseían en el municipio de
Ituango".
215. El Estado señaló que "reconocerá las indemnizaciones que por el daño emergente y
lucro cesante decrete el […] Tribunal". Dado que el Consejo de Estado aprobó una
conciliación con algunos de los familiares de Jesús María Valle Jaramillo en este caso, el
Estado solicitó que "al momento de otorgar la reparación por los daños materiales e
inmateriales respecto a Jesús María Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo y su núcleo familiar
directo sean consideradas suficientes las indemnizaciones acordadas y pagadas [según el
acuerdo de conciliación celebrado entre el Estado y la señora Nelly Valle Jamillo y sus
nexo causal con los hechos del caso". Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 127, y Caso Castañeda Gutman
Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C
No. 184, pie de página 74.
65
familiares y los familiares de Jesús María Valle Jaramillo el 26 de abril de 2007] y se
reconozca el importante avance en materia de reparaciones con el ánimo de ajustarse a los
lineamientos jurisprudenciales del sistema interamericano"154. Asimismo, el Estado solicitó
que al momento de la liquidación de las reparaciones ordenadas por la Corte, éste pueda
"descontar a cada familiar la cantidad que le haya otorgado a nivel interno en los procesos
contencioso administrativos". En relación con los presuntos perjuicios causados al señor
Carlos Fernando Jaramillo y su núcleo familiar por la alegada pérdida de bienes y
propiedades, el Estado argumentó que "(i) no existe un nexo causal entre los hechos del
caso y los perjuicios reclamados; (ii) de manera subsidiaria y de considerarse probado el
perjuicio, a la luz de la jurisprudencia de la […] Corte no es de recibo la mencionada
solicitud, por pretender que se repare la violación del artículo 21 que no está en discusión
[en el presente] caso y (iii) de considerarse probado el perjuicio, […] solicit[ó] a la […]
Corte ordenar la indemnización únicamente respecto del daño debidamente probado,
teniendo en cuenta que nadie deberá enriquecerse con las reparaciones otorgadas por esta
Corporación".
216. Respecto del lucro cesante correspondiente al señor Carlos Fernando Jaramillo
Correa, el Tribunal observa que al momento de los hechos éste "trabajaba con un amigo en
un depósito de madera en la ciudad de Medellín"155 y, según se señaló en el capítulo VII de
la presente Sentencia, se vio forzado a refugiarse debido a los hechos del presente caso.
Con base en lo anterior, el Tribunal fija en equidad, como lo ha hecho en otros casos156, la
suma de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) por
concepto de pérdida de ingresos del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa. Dicha
cantidad deberá ser entregada directamente al señor Carlos Fernando Jaramillo Correa
dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
217. Con relación al supuesto daño emergente ocasionado a Carlos Fernando Jaramillo y a
su familia por la pérdida de bienes y propiedades en razón de su salida de Colombia como
refugiado, la Corte observa que en su declaración ante esta Corte, Carlos Fernando
Jaramillo expresó que dicha supuesta afectación inició con motivo de su alegado
desplazamiento forzado previo a los hechos del presente caso. Al respecto, Carlos Fernando
Jaramillo declaró que siguió pendiente de la producción y la administración de sus fincas
"hasta principio del año 97, porque con [la llegada de un] grupo paramilitar [a] la cabecera
municipal de Ituango […] las cosas se pusieron de otro tamaño [y] el único que iba [a poder
administrar] la finca [era su] papá, [quien] era el único que iba a Ituango". Asimismo,
declaró que para la fecha de los hechos en 1998 se encontraba trabajando en Medellín157.
De igual manera, el señor Saúl Jaramillo Giraldo declaró que en "1996 […] Carlos Fernando
[tuvo que salir de Ituango] por amenazas [de los paramilitares]"158.
218. De lo anterior se desprende que los bienes y propiedades de la familia del señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa en el municipio de Ituango se encontraban bajo la
administración de su padre con anterioridad a los hechos del presente caso y que el señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa alegadamente se habría desplazado de Ituango desde
154 Alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas presentados por el Estado
durante la audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
155 Declaración rendida por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, supra nota 97.
156 Cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 15, párrs. 49 y 50; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 151, y
Caso Yvon Neptune, supra nota 57, párr. 163.
157 Declaración rendida por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, supra nota 97.
158 Declaración rendida por el testigo Saúl Jaramillo Giraldo, supra nota 74 (f. 2226).
66
1996 por motivo de la situación de inseguridad existente en razón de la presencia
paramilitar en dicho municipio. Por lo tanto, la Corte considera que no se ha comprobado el
nexo causal entre la supuesta pérdida de tales bienes y propiedades y los hechos del
presente caso. Consecuentemente, el Tribunal no ordenará al Estado el pago de una
indemnización por concepto de daño emergente en relación con tales supuestos hechos.
B.2) Daño inmaterial
219. La Corte determinará el daño inmaterial conforme a los lineamientos establecidos en
su jurisprudencia159.
220. La Comisión solicitó a la Corte que "fije en equidad el monto de la compensación" por
concepto de daños inmateriales. Al respecto, la Comisión "observ[ó] que varios familiares
de la víctima fallecida, y el [señor] Carlos Fernando Jaramillo Correa, víctima sobreviviente,
no se han beneficiado" del acuerdo de conciliación realizado en sede contencioso
administrativa en el ámbito interno, y que "los pagos ofrecidos no se han realizado en su
totalidad". Adicionalmente, consideró que "el Tribunal podrá estimar si los montos que
efectivamente se hayan pagado en virtud de la conciliación extrajudicial […] deben ser
deducidos de los que ordene en su sentencia".
221. Por su parte, los representantes señalaron que "excepto [por] la señora Ligia Valle y
los herederos del señor Octavio Valle, los demás familiares de Jesús María [Valle Jaramillo]
se han declarado conformes con el acuerdo conciliatorio realizado por el Estado". Por lo
tanto, los representantes solicitaron que la Corte ordene al Estado el pago de US$
300.000,00 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América) tanto a la señora
Ligia Valle Jaramillo como al señor Octavio Valle Jaramillo, equivalente a lo recibido por
cada una de sus hermanas Luzmila, Nelly y María Magdalena Valle Jaramillo en razón del
acuerdo conciliatorio por concepto de daño material e inmaterial. En lo que respecta a
Carlos Fernando Jaramillo y su familia, los representantes solicitaron que la Corte "fije como
mínimo la suma de US[$] 50.000 [(cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de
América)] para cada uno de ellos". Asimismo, alegaron que "[l]os otros miembros de la
familia Jaramillo Correa, quienes se han visto obligados a desplazarse del municipio de
Ituango, pero que residen en Colombia, […] tienen derecho a una indemnización que fije la
Corte en equidad, y que no debe ser inferior a US[$] 20.000 [veinte mil] dólares de los
Estados Unidos de América".
222. El Estado señaló que "ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Colombia, se
ha realizado una conciliación por los hechos [y] que dentro de tal conciliación el Estado ha
otorgado un rubro por concepto de daño moral" a favor de algunos familiares de Jesús María
Valle Jaramillo. Por lo tanto, solicitó que la Corte "no determine otras indemnizaciones por
perjuicios morales y materiales respecto de Jesús María Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo
y sus grupos familiares, en virtud de la cosa juzga[da] y el agotamiento de recurso interno".
159 El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa
y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de
carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Dado que no es posible asignar
al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación mediante el pago de
una antidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determina en
términos de equidad, así como mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que
tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de los
derechos humanos. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 164, y
Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo"), supra nota 141, párr. 237.
67
223. De conformidad con el allanamiento del Estado y lo señalado en el capítulo VI de la
presente Sentencia, la falta de justicia y el desconocimiento de la verdad en el presente
caso ha generado en las víctimas un profundo dolor, sufrimiento psicológico intenso,
angustia e incertidumbre (supra párr. 102). El señor Carlos Fernando Jaramillo Correa
manifestó durante la audiencia pública ante la Corte: "todos los días de la vida pienso en
regresar [a Colombia] pero veo […] que tengo prácticamente la patria perdida, que ya no
puedo volver. Nos han destruido tantas cosas y se nos va pasando la vida apenas
sobreviviendo. No hay el ambiente para volver"160.
224. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido reiteradamente que una sentencia
declaratoria de una violación de derechos constituye per se una forma de reparación161. No
obstante, en razón de las violaciones declaradas en la presente Sentencia en su perjuicio, la
Corte fija en equidad la cantidad de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados
Unidos de América) para Carlos Fernando Jaramillo Correa, por concepto de indemnización
por daño inmaterial. El Estado deberá efectuar el pago de este monto directamente al
beneficiario dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
225. Además, la Corte fija en equidad la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de
los Estados Unidos de América) para Gloria Lucía Correa, Carlos Enrique Jaramillo Correa,
María Lucía Jaramillo Correa y Ana Carolina Jaramillo Correa, esposa e hijos de Carlos
Fernando Jaramillo Correa, respectivamente, por concepto de indemnización por daño
inmaterial. El Estado deberá efectuar el pago de estos montos directamente a los
beneficiarios dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
226. Por último, la Corte fija en equidad la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de
los Estados Unidos de América) para Jesús Emilio Jaramillo Barrera, Adela Correa de
Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Romelia Jaramillo Correa, Nellyda Jaramillo Correa,
José María Jaramillo Correa, Luis Eugenio Jaramillo Correa, Gloria Elena Jaramillo Correa,
Adriana María Jaramillo Correa, Gonzalo de Jesús Jaramillo Correa, Juan Guillermo Valle
Noreña, John Jairo Valle Noreña y Luz Adriana Valle Noreña, por concepto de indemnización
por daño inmaterial. El Estado deberá efectuar el pago de estos montos directamente a los
beneficiarios dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
C) Medidas de satisfacción y garantías de no repetición
227. El Tribunal determinará las medidas de satisfacción que buscan reparar el daño
inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria, y dispondrá medidas de alcance o
repercusión pública162. Para ello, tendrá presente que el Estado se comprometió a:
a) "[t]omar todas las medidas para continuar realizando una investigación
imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables
materiales e intelectuales";
160 Declaración rendida por el testigo Carlos Fernando Jaramillo Correa, supra nota 97.
161 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996.
Serie C No. 29, párr. 56; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 164, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr.
239.
162 Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 159, párr. 84; Caso Bayarri,
supra nota 13, párr. 177, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 240.
68
b) "[p]ublicar en un periódico de circulación nacional […] los hechos probados y
la parte resolutiva de la sentencia que la Corte emitirá en el presente caso, [e
igualmente,] divulgar en las entidades del Estado, en especial en la rama ejecutiva
del poder público, la sentencia que la Corte emitirá en el presente caso";
c) realizar "[a]ctos de recuperación de la memoria histórica de Jesús María Valle
Jaramillo en su condición de defensor de derechos humanos, [lo que incluye]:
1. llevar a cabo un acto público con presencia de altas autoridades del
Estado para pedir perdón a las víctimas y sus familiares, resaltando la
memoria de Jesús María Valle como defensor de derechos humanos[, el cual
se realizaría] en la Universidad de Antioquia de la que fue egresado y
profesor el señor Jesús María Valle. [Se comprometió, además,] a sufragar
los gastos de viaje para que el señor Carlos Fernando Jaramillo asista a dicho
evento y también […] a garantizar las condiciones de seguridad necesarias
para su asistencia al referido acto;
2. [elaborar] una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo que
será fijada en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia, [con el]
propósito [de] mantener viva [su] memoria […] y prevenir hechos violatorios
como los que determinaron el presente caso, y
3. crear la Beca "Jesús María Valle Jaramillo" [para] apoyar a la Unidad
de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH en su trabajo por un período
de dos (2) años, por una sola vez";
d) "[c]ontinuar con la Política de Defensores de Derechos Humanos, a partir de
los programas, medidas y acciones actuales[, como] una forma de expresión de la
garantía de no repetición frente a la protección de los defensores de Derechos
Humanos";
e) "[brindar asistencia] médico [p]sicosocial a las víctimas y sus familiares, en
establecimientos nacionales de salud, de conformidad con la determinación de
víctimas que realice la Corte en la sentencia que se proferirá en el presente caso";
f) "[e]n relación con el daño al proyecto de vida y la alteración a sus
condiciones de existencia de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo
Correa, […] gestionar, previa concertación con las víctimas, una beca que se ofrezca
en Colombia para un curso y estudio en la rama, oficio y temática que la[s] víctimas
deseen estudiar", y
g) "garantizar la seguridad en caso tal que Carlos Fernando Jaramillo considere
su retorno a Colombia de manera permanente [y] facilitar el proceso de retorno a los
lugares de origen a las víctimas".
228. Además, "solicit[ó] a la […] Corte que reconozca que [la publicación del acta de
conciliación y el auto aprobatorio de conciliación] constituyó una medida de satisfacción en
el presente caso", y que considere "las medidas adicionales de reparación contenidas en la
conciliación como un ostensible avance en materia de reparación integral por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa".
229. La Corte observa y reconoce que las referidas medidas buscan reparar el daño
causado a las víctimas y sus familiares, conservar viva la memoria de la víctima fallecida y
69
evitar que hechos como los de este caso se repitan. Además, la Corte nota que el Estado
ha previsto que las medidas que así lo requieran tengan una adecuada difusión, y que
algunos aspectos específicos de la ejecución de las medidas deberán ser primeramente
concertados entre el Estado y los representantes163.
230. Concretamente, la Corte toma nota del compromiso estatal referido a la creación de
la Beca "Jesús María Valle Jaramillo" para apoyar a la Unidad de Defensores de Derechos
Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formulado por el Estado
como un "act[o] de recuperación de la memoria histórica de Jesús María Valle Jaramillo en
su condición de defensor de derechos humanos." Asimismo, este Tribunal toma nota del
compromiso respecto a la "Política de Defensores de Derechos Humanos", que el Estado
presentó como "una forma de expresión de la garantía de no repetición frente a la
protección de los defensores de Derechos Humanos."
231. La Corte acepta y ordena las medidas de satisfacción y garantías de no repetición
ofrecidas por el Estado en los acápites a), b), c.1), c.2), e), f) y g) del párrafo 227, con las
precisiones señaladas en los párrafos 232 a 234 y 238 de la presente Sentencia, debido a
que constituyen un medio para reparar adecuadamente las consecuencias de las violaciones
declaradas en el presente Fallo, son acordes a la jurisprudencia de este Tribunal y
representan un aporte positivo por parte de Colombia en el cumplimiento de la obligación de
reparar, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención. En consecuencia, el Estado
debe cumplir con las medidas señaladas en el párrafo 227.c.1), 227.c.2), 227.f) y 227.g) en
el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia; con las
medidas señaladas en el párrafo 227.b) y 227.e), en el plazo de seis meses, contado a
partir de la notificación del presente Fallo, y con la obligación señalada en el párrafo 227.a),
en un plazo razonable.
232. La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso,
sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de
facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los
medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos
respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes.
233. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la jurisprudencia de este Tribunal164, el Estado
debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar
en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de manera que
puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones
y, en síntesis, hacer valer sus intereses. La ley interna debe organizar el proceso respectivo
de conformidad con la Convención Americana y esta Sentencia. Dicha participación deberá
tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el
otorgamiento de una justa reparación. Adicionalmente, el resultado del proceso deberá ser
públicamente divulgado para que la sociedad colombiana pueda conocer la determinación
judicial de los hechos y sus responsables en el presente caso165.
163 Cfr. Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 21, párr. 280.
164 Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C
No. 95, párr. 118; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 176, y Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 247.
165 Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2002.
Serie C No. 96, párr. 67; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 247, y Caso Cantoral Huamaní y García
Santa Cruz, supra nota 62, párr. 191.
70
234. Asimismo, como lo ha dispuesto este Tribunal en otros casos166, en cuanto a la
publicación señalada en el párrafo 227, la Corte considera pertinente ordenar que la misma
se haga en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez,
y que comprenda los párrafos 2 a 4, 6, 29, 47, 70 a 78, 80 a 97, 104 a 107, 109, 110, 115,
122, 125 a 128, 130, 132, 140 a 144, 147, 160, 161, 165 a 170, 176 a 180, 184, 190, 191,
196, 197 y 200 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes y
con los títulos de los capítulos respectivos, así como la parte resolutiva de la misma.
235. El Tribunal reconoce y valora positivamente como una medida de satisfacción que el
Estado haya publicado el informe de fondo 75/06 emitido por la Comisión Interamericana en
el presente caso, así como el acta de conciliación y el auto aprobatorio de la conciliación en
el Boletín No. 16 del Consejo del Estado167.
236. En relación con los actos de recuperación de la memoria histórica de Jesús María
Valle Jaramillo señalados en el párrafo 227, la Corte valora y aprecia el reconocimiento
parcial de responsabilidad internacional realizado por el Estado en su escrito de contestación
de la demanda y durante la audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en
relación con el presente caso (supra párrs. 20 a 25).
237. Los representantes solicitaron que la Corte ordene al Estado "fijar una cátedra
permanente de derechos humanos para las facultades de derecho con [el] nombre [de Jesús
María Valle Jaramillo]", con el propósito de "recuperar [su] memoria". Al respecto, tal y
como lo ha hecho en otras ocasiones168, la Corte considera pertinente instar al Estado a que
realice sus mejores esfuerzos para la creación de una materia o curso sobre derechos
humanos que, como medida de satisfacción, permita honrar la memoria del defensor de
derechos humanos.
238. Respecto de la atención médica y psicológica señalada en el párrafo 227, el Tribunal
estima necesario disponer que el Estado brinde dicha atención gratuitamente y de forma
inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones de salud especializadas. El
tratamiento psicológico y psiquiátrico debe ser brindado por personal e instituciones
especializadas en la atención de los trastornos y enfermedades que presentan tales
personas, como consecuencia de los hechos del caso. Dicho tratamiento médico y
psicológico debe ser prestado a partir de la notificación de la presente Sentencia y por el
tiempo que sea necesario, así como debe incluir el suministro de los medicamentos que se
requieran, y debe tomar en consideración los padecimientos de cada uno de ellos
relacionados con los hechos del presente caso, después de una evaluación individual169.
239. La Corte observa que la Comisión y los representantes solicitaron medidas de
reparación adicionales que tienen como objetivo crear conciencia acerca de los riesgos que
enfrentan los defensores de derechos humanos, con el propósito de evitar que hechos como
los del presente caso se repitan. Sin embargo, el Tribunal considera que las medidas de
reparación ya ordenadas (supra párrs. 231 a 234 y 238) contribuyen en gran medida a
166 Cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 15, párr. 79; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 248,
y Caso Castañeda Gutman, supra nota 153, párr. 235.
167 Boletín No. 16 del Consejo de Estado de 15 de diciembre de 2007 (expediente de anexos al escrito de
alegatos finales del Estado, anexo 6, folio 3109).
168 Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 55, párr. 113. Mutatis mutandis, Caso Escué Zapata Vs. Colombia.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párrs. 178 y 179.
169 Cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 15, párr. 51; Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 256,
y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 62, párr. 200.
71
lograr dicho propósito, por lo que no estima necesario ordenar medidas adicionales en el
contexto del presente caso170.
D) Costas y gastos
240. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado "el pago de las costas y gastos
debidamente probados por [los representantes], tomando en consideración las especiales
características del presente caso".
241. Los representantes alegaron que las sumas de las costas y gastos en los que han
incurrido para adelantar el presente caso a nivel interno y ante la Comisión ascienden a US$
11.681,84 (once mil seiscientos ochenta y un dólares con ochenta y cuatro centavos de los
Estados Unidos de América) por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y
US$ 4.382,76 (cuatro mil trescientos ochenta y dos dólares con setenta y seis centavos de
los Estados Unidos de América) por la Comisión Colombiana de Juristas. Además, los
representantes alegaron que han incurrido en US$ 33.805,00 (treinta y tres mil ochocientos
cinco dólares de los Estados Unidos de América) por gastos de producción de prueba ante la
Corte, lo que incluye el traslado de testigos, abogados y peritos entre Colombia y Costa
Rica. Además, sugirieron por concepto de honorarios la fijación de los valores establecidos
para los procesos contencioso administrativos por la Corporación Colegio Nacional de
Abogados.
242. Por su parte, el Estado se comprometió a pagar las costas y gastos legales y alegó
que los gastos incurridos por los representantes deberán ser subsumidos en las costas que
el Tribunal decrete.
243. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos
están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la
Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas, sus familiares o
sus representantes con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional,
implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del
Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso,
corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos
generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el
curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los
derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad
y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea
razonable171.
244. El Tribunal observa que el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la
Comisión Colombiana de Juristas remitieron certificaciones expedidas por los contadores de
ambas organizaciones indicando los gastos supuestamente incurridos para adelantar el caso
a nivel interno y ante la Comisión. Asimismo, respecto de los gastos de producción de
prueba ante este Tribunal, los representantes proporcionaron lo que denominaron un
170 Cfr. Caso Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 262.
171 Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998.
Serie C No. 39, párr. 82; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 192, y Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de
lo Contencioso Administrativo"), supra nota 141, párr. 257.
72
"presupuesto de gastos".172 La Corte considera que los documentos aportados por los
representantes no son los comprobantes idóneos para determinar el monto de los gastos
incurridos173. No obstante, el Tribunal puede constatar que los representantes incurrieron
en gastos relacionados con la tramitación del presente caso ante el mismo, incluyendo el
trasladado de abogados, testigos y peritos desde Colombia hasta su sede en San José de
Costa Rica. Consecuentemente, la Corte determina, en equidad, que el Estado debe
entregar la cantidad de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de
América) a Nelly Valle Jaramillo por concepto de costas y gastos. Este monto incluye los
gastos futuros en que puedan incurrir las víctimas a nivel interno o durante la supervisión
del cumplimiento de esta Sentencia. Dicha cantidad deberá ser entregada dentro del plazo
de un año a partir de la notificación del presente Fallo. La señora Nelly Valle Jaramillo
entregará, a su vez, la cantidad que estime adecuada a quienes fueron sus representantes
en el proceso ante el Sistema Interamericano, conforme a la asistencia que le hayan
brindado.
E) Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados
245. El pago de las indemnizaciones y el reembolso de costas y gastos serán hechos
directamente a las víctimas. En caso de que alguna de esas personas hubiera fallecido o
fallezca antes de que le sea entregada la indemnización respectiva, ésta se entregará a sus
derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable174.
246. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados
Unidos de América o su equivalente en moneda nacional colombiana.
247. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de los pagos no fuese posible que éstos
los reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a favor de los
beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera
colombiana, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables que
permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años la indemnización no ha
sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.
248. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como
reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a los beneficiarios en forma íntegra
conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales
cargas fiscales.
249. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Colombia.
250. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus
atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de
supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido
una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo.
172 "Presupuesto" de gastos para el trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso
Jesús María Valle Jaramillo, 7 de mayo de 2007 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo
II, anexo J, fs. 1419 a 1421).
173 Cfr. Caso Vargas Areco, supra nota 58, párr. 167; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 193, y Caso Cantoral
Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 62, párr. 205.
174 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 294; Caso Bayarri, supra nota 13, párr. 195, y Caso
Heliodoro Portugal, supra nota 13, párr. 268.
73
251. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el
Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla.
XIV
PUNTOS RESOLUTIVOS
252. Por tanto,
LA CORTE
DECLARA,
Por unanimidad, que:
1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el
Estado, en los términos de los párrafos 20, 35 y 38 de esta Sentencia, y manifiesta que
existió violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida,
reconocidos en los artículos 7.1, 5.1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, respectivamente, en relación con la obligación general de garantía contemplada
en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del defensor de derechos humanos Jesús María
Valle Jaramillo, en los términos de los párrafos 105 y 106 de la presente Sentencia.
2. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el
Estado, en los términos de los párrafos 20, 35 y 38 de esta Sentencia, y manifiesta que
existió violación de los derechos a la libertad personal y a la integridad personal,
reconocidos en los artículos 7.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, respectivamente, en relación con la obligación general de garantía contemplada
en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Nelly Valle Jaramillo y del señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa, en los términos del párrafo 110 de la presente Sentencia.
3. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el
Estado, en los términos de los párrafos 20, 35 y 38 de esta Sentencia, y manifiesta que
existió violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de
garantía contemplada en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de María Leticia Valle
Jaramillo, Ligia Valle Jaramillo, Luzmila Valle Jaramillo, Magdalena Valle Jaramillo, Romelia
Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, Darío Valle Jaramillo, Octavio Valle Jaramillo, Alfonso
Montoya Restrepo, Luis Fernando Montoya Valle, Gloria Lucía Correa, Carlos Enrique
Jaramillo Correa, María Lucía Jaramillo Correa, Ana Carolina Jaramillo Correa, Jesús Emilio
Jaramillo Barrera, Adela Correa de Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Romelia
Jaramillo Correa, Nellyda Jaramillo Correa, José María Jaramillo Correa, Luis Eugenio
Jaramillo Correa, Gloria Elena Jaramillo Correa y Adriana María Jaramillo Correa, en los
términos del párrafo 115 de la presente Sentencia.
4. Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado,
en los términos de los párrafos 20, 35 y 38 de esta Sentencia, y manifiesta que existió
violación del derecho de circulación, reconocido en el artículo 22.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de garantía
74
contemplada en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo
Correa, su cónyuge Gloria Lucía Correa, su hijo Carlos Enrique Jaramillo Correa y sus hijas,
María Lucía Jaramillo Correa y Ana Carolina Jaramillo Correa, en los términos del párrafo
144 de la presente Sentencia.
5. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el
Estado, en los términos de los párrafos 20 y 38 de esta Sentencia, y manifiesta que existió
violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en
los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
respectivamente, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Nelly Valle Jaramillo, Alfonso Montoya Restrepo,
Luis Fernando Montoya Valle, Carlos Fernando Jaramillo Correa, Gloria Lucía Correa, Carlos
Enrique Jaramillo Correa, María Lucía Jaramillo Correa, Ana Carolina Jaramillo Correa, Jesús
Emilio Jaramillo Barrera, Adela Correa de Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Romelia
Jaramillo Correa, Nellyda Jaramillo Correa, José María Jaramillo Correa, Luis Eugenio
Jaramillo Correa, Gloria Elena Jaramillo Correa, Adriana María Jaramillo Correa, María Leticia
Valle Jaramillo, Ligia Valle Jaramillo, Luzmila Valle Jaramillo, Magdalena Valle Jaramillo,
Romelia Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, Darío Valle Jaramillo y Octavio Valle
Jaramillo, en los términos de los párrafos 168 a 170 de la presente Sentencia.
6. El Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de
garantía contemplada en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Blanca Inés Valle
Jaramillo, Gonzalo de Jesús Jaramillo Correa, Juan Guillermo Valle Noreña, John Jairo Valle
Noreña y Luz Adriana Valle Noreña, en los términos de los párrafos 122, 126, 127 y 130 de
la presente Sentencia.
7. No se ha comprobado en el presente caso la violación del derecho a la integridad
personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1
de la misma, en perjuicio de las siguientes personas: Mauricio Alberto Herrera Valle, Claudia
Helena Herrera Valle, Liliana María Herrera Valle, Berta Lucía Valle Noreña, Adriana María
Londoño Del Valle, Ana María Valle Villegas, Andrés Felipe Valle Villegas, Claudia María
García Valle, Diana Patricia García Valle, Francisco Javier García Valle, Franklin Henao Valle,
Fredy Henao Valle, Jairo Alberto Londoño Del Valle, Jeannette Henao Valle, John Alberto
Henao Valle, Juliana Patricia Londoño Del Valle, María Victoria García Valle y Marta Luz
García Valle (familiares de Jesús María Valle Jaramillo); y de Alejandro Jaramillo Mejía, Ana
Catalina Hoyos Jaramillo, Andrés Felipe Ochoa Jaramillo, César Augusto Jaramillo Gutiérrez,
Diego Alejandro Ochoa Jaramillo, Gabriela Gómez Jaramillo, Jorge Mario Jaramillo Gutiérrez,
José Miguel Jaramillo Gutiérrez , Juan Camilo Jaramillo Gutiérrez, Juan Gonzalo Jaramillo
Mejía, Juliana Jaramillo Tobón, Luis Jairo Jaramillo Gutiérrez, Luisa María Gómez Jaramillo,
María Isabel Jaramillo Mejía, Oscar Fernando Hoyos Jaramillo, Luis Santiago Jaramillo Tobón
y Victoria Alejandra Gómez Jaramillo (familiares de Carlos Fernando Jaramillo Correa), en
los términos de los párrafos 125, 128 y 132 de la presente Sentencia.
8. No se ha comprobado en el presente caso la violación del derecho a la protección de
la honra y de la dignidad, reconocido en el artículo 11.1 y 11.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 176 a 180 de la presente
Sentencia.
9. No se ha comprobado en el presente caso la violación del derecho a la protección de
la familia, reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en los términos del párrafo 184 de la presente Sentencia.
75
10. No corresponde pronunciarse acerca de la alegada violación de los derechos a la
integridad personal, a la libertad de pensamiento y de expresión y a la libertad de
asociación, reconocidos en los artículos 5, 13 y 16 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, respectivamente, en perjuicio de los defensores y las defensoras de
derechos humanos, al no ser estos presuntas víctimas en el presente caso, en los términos
de los párrafos 188 a 191 de la presente Sentencia.
11. No se ha comprobado en el presente caso la violación del derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión, reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 196 y 197 de la presente Sentencia.
Y DISPONE,
Por unanimidad, que:
12. Esta Sentencia constituye, per se, una forma de reparación.
13. El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente
Sentencia por concepto de daño material, daño inmaterial y reintegro de costas y gastos
dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los
términos de los párrafos 207, 210, 216, 224 a 226 y 244 del mismo
14. El Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso,
en los términos de los párrafos 231, 232 y 233 de la presente Sentencia.
15. El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación
nacional, por una sola vez los párrafos 2 a 4, 6, 29, 47, 70 a 78, 80 a 97, 104 a 107, 109,
110, 115, 122, 125 a 128, 130, 132, 140 a 144, 147, 160, 161, 165 a 170, 176 a 180, 184,
190, 191, 196, 197 y 200 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página
correspondientes y con los títulos de los capítulos respectivos, así como la parte resolutiva
de la misma, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en
los términos de los párrafos 227, 231 y 234 del mismo.
16. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad
internacional en la Universidad de Antioquia en relación con las violaciones declaradas en
este caso, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los
términos de los párrafos 227 y 231 del mismo.
17. El Estado debe colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo en el
Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia, en el plazo de un año, contado a partir
de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 227 y 231 del mismo.
18. El Estado debe brindar gratuitamente y de forma inmediata, a través de sus
instituciones de salud especializadas, el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por
las víctimas, en los términos de los párrafos 227, 231 y 238 del presente Fallo.
19. El Estado debe otorgar a Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, en
el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, una beca para
realizar estudios o capacitarse en un oficio, en los términos establecidos en los párrafos 227
y 231 de esta Sentencia.
76
20. El Estado debe garantizar la seguridad en caso que Carlos Fernando Jaramillo Correa
considere su retorno a Colombia, en los términos establecidos en los párrafos 227 y 231 de
esta Sentencia.
El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual
acompaña esta Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe del texto en español, en San José, Costa Rica, el
27 de noviembre de 2008.
Cecilia Medina Quiroga
Presidenta
Diego García-Sayán Sergio García Ramírez
77
Manuel E. Ventura Robles Leonardo A. Franco
Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Cecilia Medina Quiroga
Presidenta
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
SOBRE EL CASO VALLE JARAMILLO Y OTROS
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008
1. En la sentencia correspondiente al caso Valle Jaramillo y otros (Colombia) de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, del 27 de noviembre de 2008, el Tribunal ha
avanzado apreciablemente en la formulación de criterios sobre temas relevantes del
enjuiciamiento penal, contemplado desde la perspectiva de los derechos humanos, que
anteriormente abordó en forma restringida y que ahora analiza con mayor detalle y
profundidad. Conciernen, sobre todo, a dos cuestiones: a) caracterización del denominado
"plazo razonable" para la conclusión del proceso o la definición de ciertas situaciones que
interesan a éste, tema frecuentemente planteado ante la Corte Interamericana a propósito
de las demoras que ocurren en los procedimientos internos; y b) papel de la víctima en el
procedimiento penal ordinario, tema destacado si se considera que las violaciones cometidas
traerán consigo el despliegue del deber de justicia a cargo del Estado, lo cual plantea un
nuevo escenario al que acuden hechos y derechos que interesan sobremanera a las víctimas
de las transgresiones cometidas.
I. Plazo razonable
2. Con respecto al plazo razonable, la Corte Interamericana había seguido hasta hoy el
criterio adoptado por la Corte Europea de Derechos Humanos, que desde luego suministra
una útil referencia sobre los puntos a considerar sobre la razonabilidad del plazo invocado
en el marco del debido proceso legal. En torno a esta cuestión, ambos tribunales se remiten
a tres datos relevantes: complejidad del asunto sujeto a juicio, actividad del órgano de
conocimiento y conducta procesal del litigante, esto es, un elemento concerniente al
carácter mismo de los hechos sujetos a conocimiento y del proceso en el que éste se
realiza; y dos elementos atinentes al desempeño de sujetos procesales (o, más
ampliamente, de sujetos que intervienen en el procedimiento, puesto que aquí pudieran
venir al caso actuaciones u omisiones de la policía o del Ministerio Público, no sólo del
tribunal). Me ocupé de estos extremos en diversos votos concurrentes y razonados a
propósito de sentencias dictadas por la Corte Interamericana, en los términos que cito a
continuación.
2
3. La Corte Interamericana no suele aportar caracterizaciones propias acerca de esos datos
determinantes para ponderar la razonabilidad del plazo observado. En mi voto en el caso
López Álvarez (Honduras), que concluyó con sentencia del 1 de febrero de 2006, ensayé
una descripción de aquéllos en los términos que en seguida menciono. Por lo que toca a la
complejidad del asunto, la Corte que verifica la compatibilidad entre la conducta del Estado
y las disposiciones de la Convención --es decir, el órgano que practica el "control de
convencionalidad"-- debe explorar las circunstancias de jure y de facto del caso. Es posible
que el análisis jurídico sea relativamente sencillo, una vez establecidos los hechos acerca de
los cuales se ha producido el litigio, pero éstos pueden ser extraordinariamente complejos y
hallarse sujetos a pruebas difíciles, necesariamente prolongadas o de complicada, costosa,
azarosa o tardía recaudación. También puede suceder lo contrario: relativa claridad y
sencillez de los hechos, en contraste con problemas severos en la apreciación jurídica o en
la calificación de aquéllos: pareceres encontrados, jurisprudencia cambiante, legislación
incierta, razones atendibles en sentidos diferentes o discrepantes.
4. También parece preciso, en el análisis de esta misma materia, considerar el número de
relaciones que concurren en el litigio. A menudo no se trata de una sola, sino de múltiples
relaciones que acuden a la controversia y que es preciso explorar, desentrañar. Igualmente
es menester tomar en cuenta el número de participantes en las relaciones materiales y en la
tramitación procesal, con sus respectivas posiciones, sus derechos, sus intereses llevados a
juicio, sus razonamientos y expectativas. Y habrá que atender a las condiciones en las que
se analiza la causa, que pueden hallarse bajo presión de contingencias de diverso género,
desde naturales hasta sociales.
5. La conducta procesal del interesado puede ser determinante de la pronta o demorada
atención del conflicto. Me refiero a la actividad en el procedimiento, y en este sentido, a una
actividad procesal, pero también habría que considerar la actividad --o mejor todavía, la
conducta: activa u omisiva-- en otros campos, si trasciende al proceso o influye en éste.
Puede suceder que el individuo, en aras de defender sus derechos, haga uso de un amplio
conjunto de instrumentos y oportunidades que la ley pone a su disposición, bajo forma de
recursos o de otras figuras, que alejan el momento de la resolución de fondo. Es preciso
estar en guardia frente a la pretensión de que el individuo prescinda de actos de defensa en
bien de la celeridad o conforme a criterios de supuesta racionalidad, a juicio de
observadores distantes o comprometidos. El tribunal habrá de distinguir con prudencia entre
3
las acciones y las omisiones del litigante que tienen como objetivo la defensa --bien o mal
informada-- y aquellas otras que sólo sirven a la demora. Por supuesto, no se trata de
trasladar al inculpado que se defiende la responsabilidad por las demoras en el
enjuiciamiento y, en consecuencia, por la violación del plazo razonable que le agravia.
6. En cuanto al comportamiento del tribunal --pero sería mejor hablar, genéricamente, del
comportamiento de las autoridades, porque no sólo aquél opera en nombre del Estado--, es
necesario deslindar entre la actividad ejercida con reflexión y cautela justificables, y la
desempeñada con excesiva parsimonia, exasperante lentitud y exceso ritual. ¿Cuáles son el
posible desempeño y el rendimiento de un tribunal (o, más ampliamente, de una autoridad)
aplicado seriamente a la solución de los conflictos que se le someten, y el de uno que
distrae su energía mientras los justiciables aguardan pronunciamientos que no llegan?
7. En este campo vienen a cuentas la insuficiencia de los tribunales, la complejidad del
régimen procedimental envejecido, la abrumadora carga de trabajo, incluso con respecto a
tribunales que realizan un serio esfuerzo de productividad. Es necesario conocer estos datos
de la realidad, pero ninguno de ellos debiera gravitar sobre los derechos del individuo y
ponerse en la cuenta desfavorable de éste. El exceso de trabajo no puede justificar la
inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación nacional entre volumen de
litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto. Todas
aquellas carencias se traducen en obstáculos, desde severos hasta irremontables, para el
acceso a la justicia. ¿Dejará de ser violatoria de derechos la imposibilidad de acceder a la
justicia porque los tribunales se hallan saturados de asuntos o menudean los asuetos
judiciales?
8. Ahora bien, en ese mismo voto correspondiente al caso López Álvarez --y en otros que
adelante mencionaré-- manifesté que resultaba conveniente ampliar el análisis del plazo
razonable y estudiar la posibilidad de incorporar en este concepto --para apreciar la
observancia o la inobservancia del debido proceso-- otros elementos dignos de análisis. En
el referido voto sostuve: "Parece posible que la complejidad del tema que motiva el
procedimiento, la conducta del interesado --en la especie, el inculpado-- y la actuación de la
autoridad no basten para proveer una conclusión convincente sobre la indebida demora, que
vulnera o pone en grave peligro el bien jurídico del sujeto. De ahí la pertinencia, a mi juicio,
de explorar otros elementos que complementen, no sustituyan, a aquéllos para la
determinación de un hecho --la violación del plazo razonable-- acerca del cual no existen
4
acotaciones cuantitativas universalmente aplicables".
9. Entonces me referí "como posible cuarto elemento a considerar para la estimación del
plazo razonable, a lo que denominé 'afectación actual que el procedimiento implica para los
derechos y deberes --es decir, la situación jurídica-- del individuo'. Es posible que aquél
incida de manera poco relevante sobre esa situación; si no es así, es decir, si la incidencia
crece, hasta ser intensa, resultará necesario, en bien de la justicia y la seguridad
seriamente comprometidas, que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que en
breve tiempo –'plazo razonable'-- se resuelva la situación del sujeto, que ha comenzado a
gravitar severamente sobre la vida de éste. La afectación debe ser actual, no meramente
posible o probable, eventual o remota".
10. Añadí: "Me percato de que estos conceptos no tienen la precisión que se quisiera, como
tampoco la tienen los otros aportados para el análisis de la razonabilidad del plazo:
complejidad del asunto, comportamiento del interesado, conducta del juzgador. Ciertamente
se trata de datos sujetos a examen razonado; referencias que han de valorarse en conjunto,
dentro de determinada circunstancia, que no es la misma para todos los casos. De ese
conjunto se desprenderá la razonabilidad del plazo y en él se apoyará la apreciación del
Tribunal, por fuerza casuística, sobre el exceso en que se ha incurrido y la violación que se
ha cometido".
11. Volví a ocuparme en este tema en mis votos para las sentencias en los casos
Sawhoyamaxa (Paraguay), del 29 de marzo, y Masacres de Ituango (Colombia), del 1 de
julio de 2006. Finalmente, en la sentencia del caso Valle Jaramillo y otros la Corte
Interamericana ha ampliado la consideración del plazo razonable e incorporado los
elementos de apreciación sugeridos en los votos personales que mencioné. En la base de
esta admisión se halla el convencimiento de que al lado de los factores establecidos por la
jurisprudencia europea y acogidos por la interamericana --o junto con ellos-- es
indispensable apreciar el daño mayor o menor que causa el curso --también mayor o
menor-- del tiempo que transcurre en la tramitación y decisión de una controversia o en la
definición de una obligación o de un derecho.
12. En ocasiones, es irrelevante el tiempo transcurrido para la ponderación del daño; en
otras, es muy lesivo para la víctima. Por ello, los otros elementos de apreciación de la
razonabilidad --complejidad del asunto y conducta de autoridades y particulares-- deben
5
ponderarse igualmente a la luz del perjuicio que se está causando a la víctima. El tiempo no
corre igual para todos, ni los elementos considerados tradicionalmente para fijar la
razonabilidad del plazo afectan a todos igualmente. Me percato de que puede haber flancos
débiles en esta argumentación, pero también sostengo que la inclusión de este nuevo dato
contribuye a perfilar mejor y precisar con mayor hondura el concepto de plazo razonable.
13. Debo subrayar que no he propuesto relevar los datos de la doctrina judicial tradicional y
concentrar en el daño toda la eficacia para la medición del plazo razonable. De ninguna
manera. Tampoco he sugerido que la falta de daño apreciable legitime el curso del tiempo,
cualquiera que éste sea, y absuelva al Estado de responsabilidad en el ámbito del debido
proceso. En forma alguna. Sólo he planteado la pertinencia de mirar los elementos de
medición tradicionales también --sólo también-- desde la óptica o la perspectiva del daño
actual que el curso del tiempo genera a la víctima. Esto constituye un plus para la
apreciación, que debe asociarse a los otros factores convocados para medir la razonabilidad
del tiempo transcurrido.
14. Esta idea campea ya en la jurisprudencia de la Corte Interamericana a partir de la
sentencia emitida en el caso Valle Jaramillo y otros. Efectivamente, ésta enriquece el
examen del plazo y afina la decisión que al respecto adopte el tribunal, cuando dice: "La
Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la
razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del
interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente
precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la
afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona
involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de la
controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del
individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el
caso se resuelva en un tiempo breve" (párr. 155). Este avance de la jurisprudencia
interamericana abre el camino hacia nuevas precisiones en un tema importante, que se
plantea con creciente frecuencia. No sobra recordar la elevada presencia de este asunto en
los casos llevados al conocimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos.
II. Participación de la víctima en el enjuiciamiento
15. En este punto no me refiero a la actividad procesal de la víctima en el enjuiciamiento
6
internacional por posibles violaciones de los derechos humanos, sino a la participación de
aquélla o de sus representantes --la legitimación procesal-- en el procedimiento interno de
investigación de hechos violatorios, que conduce a la identificación de los responsables, el
procesamiento respectivo y la sentencia correspondiente. La Corte Interamericana se ha
ocupado con frecuencia de esa legitimación y ha llamado la atención de los Estados acerca
de la pertinencia, ajustada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de abrir el
cauce para la intervención de la víctima en el procedimiento doméstico conducente al
cumplimento de lo que he denominado "deber de justicia" --inherente a la obligación
estatal de garantizar el ejercicio de los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana)-
-, que posee especial relevancia en lo que se refiere a la justicia penal, aunque ciertamente
incluye o puede incluir otros extremos de la justicia (disciplinaria, administrativa, civil).
16. Si se examina la jurisprudencia de la Corte en torno a esta materia, se llegará a la
conclusión de que la intervención de la víctima, invocada por dicho Tribunal, se sustenta en
el derecho de acceder a la justicia y recibir la tutela de ésta --al amparo del artículo 8.1
del Pacto de San José--, facultad que corresponde a todas las personas y con mayor razón a
quien ha visto vulnerado, injustamente, un bien jurídico del que es titular o un derecho que
le corresponde, con el fin de que se determine su derecho, así como, en su caso, el deber
que pudiera existir a su cargo. En la intervención procesal (lato sensu) de la víctima (o sus
representantes) se refleja el derecho de ésta a conocer la verdad de lo sucedido, es decir,
las condiciones o características de los hechos violatorios y de las responsabilidades
correspondientes, que son materia de la investigación interna. Asimismo, se acoge el
derecho de la víctima a la reparación del daño que se le ha causado. En suma, existe un
triple sustento de la intervención de la víctima, hoy expresamente acogido en la sentencia
del caso Valle Jaramillo y otros: "el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo
ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación" (párr. 233).
17. El mismo examen de la jurisprudencia interamericana acerca de esta cuestión permite
observar que el Tribunal ha entendido que esa participación de la víctima --en otros
términos, el alcance de su legitimación-- ha de ser amplia y ajustarse a la ley interna y al
Derecho internacional. Desde luego, debe existir compatibilidad entre las estipulaciones
domésticas y los lineamientos que fije el Derecho internacional de los derechos humanos,
cuyo cumplimiento ha asumido el Estado a través de una explícita decisión soberana, en los
términos de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. Se trata, en fin de cuentas, de
círculos concéntricos de protección o datos concurrentes en el establecimiento de un solo
7
marco procesal.
18. Ahora bien, nuestra jurisprudencia no había sido --en mi concepto-- suficientemente
precisa sobre el contenido y las características que debiera poseer la intervención procesal
de la víctima. Ciertamente ésta debe ser amplia, como dije, no insignificante, simbólica,
ineficaz o ilusoria --minimización que es consecuencia de una versión extremosa de la
potestad punitiva del Estado, proyectada con fuerza excluyente hacia todos los actos del
procedimiento--, y debe sujetarse al ordenamiento interno y a la preceptiva internacional.
Alguna vez se ha entendido --erróneamente, a mi juicio-- que la sujeción a la normativa
interna supone que ésta puede fijar sin más el alcance de la intervención, lo que pudiera
desembocar en una negativa de intervención eficaz y en un retorno a la participación
simbólica, que implica exclusión real de quien es parte en sentido material --parte en la
relación sustantiva que entraña el delito--, aunque no necesariamente parte procesal, a
título de actor. Esto, llevado a su máxima expresión, convierte a la víctima en un extraño, o
a lo más en un testigo de su propio caso. Me ocuparé nuevamente de este asunto en otro
párrafo del presente voto.
19. Era necesario que la jurisprudencia de la Corte perfilara mejor la participación de la
víctima en el procedimiento interno, aunque no llegase al punto --que concierne a la
regulación doméstica-- de conferirle el ejercicio de la acción penal, esto es, de reconocerle
condición de parte plena en el proceso, desplazando al Ministerio Público o concurriendo con
él en la función persecutoria que tradicionalmente ha retenido en numerosos países y para
un amplio conjunto de delitos. En la sentencia sobre el caso Valle Jaramillo y otros, que
acompaño con este voto, la Corte avanza en el establecimiento de un perfil razonable y
eficaz de la participación de la víctima, que permite dar curso al derecho que la
jurisprudencia interamericana le ha reconocido desde hace tiempo.
20. La sentencia de la Corte sobre este litigio especifica, con suficiente precisión, las
actividades que la víctima y sus representantes (familiares o no) pueden realizar en el
procedimiento. Para ello opta por referirse a cada sector de actividades, en vez de utilizar,
como hasta ahora, expresiones muy generales, que pueden resultar ambiguas y que no
aclaran, como es preciso hacerlo cuando se trata de actuaciones procesales, el contenido de
éstas, el momento en que se presentan, sus posibles consecuencias (conforme a su
naturaleza), etcétera. Se alude a "hacer promociones, recibir informaciones, aportar
pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses". Es así que cobra
8
entidad --y aplicabilidad práctica-- la muy genérica expresión empleada por el Tribunal:
"pleno acceso y capacidad de actuar". Existe, desde luego, un punto de referencia para esas
actividades, a las que me referiré en seguida, que reúne los derechos de la víctima y
concurre a ilustrar al intérprete y al aplicador de la ley sobre el significado de aquéllas y la
finalidad a la que atienden y que debe tomarse en cuenta a la hora de apreciar su sentido y
su pertinencia: acceso a la justicia (en el sentido del artículo 8.1 de la Convención),
conocimiento de la verdad y justa indemnización (párr. 233), como antes señalé.
21. Conforme al citado párrafo 233 de la sentencia, que fija la orientación básica en esta
materia, la víctima --y sus representantes-- pueden hacer planteamientos, promociones,
instancias, es decir, solicitar lo que convenga a la satisfacción de su interés, atraer la
atención jurisdiccional hacia cuestiones que atañen a éste, requerir los pronunciamientos
correspondientes. No debiera confundirse esta facultad con el ejercicio mismo de la acción
penal, aunque tampoco se descarta que este ejercicio quede en manos de la víctima si así lo
dispone la ley nacional, sustentada en ciertas decisiones internas de política criminal, que
repercuten en el orden procesal.
22. Asimismo, víctima y representantes pueden recibir informaciones --no sólo "estar
pendientes", pasivamente, de los informes que se les quiera ofrecer, sino requerirlos en
ejercicio de una facultad procesal-- sobre aspectos sustantivos y adjetivos acogidos en el
procedimiento en el que actúan. Pueden aportar pruebas: se entiende que aportarlas con
los fines que sustentan su participación, para los que es obvia la relevancia de cualesquiera
evidencias admisibles conducentes a probar hechos y responsabilidades, ante las diversas
autoridades que intervienen en el procedimiento y cuyas decisiones influyen en el desarrollo
y conclusión de éste. Se hallan facultados para formular alegaciones, es decir, expresar su
posición sobre los hechos y su trascendencia jurídica, que incluye pertinencia del
procesamiento y consecuencias jurídicas del delito --en su caso-- cometido. Y pueden
echar mano de medios de impugnación en lo que concierne a los derechos que esgrimen
valer en el procedimiento. Existe en el mismo párrafo 233 una expresión más amplia, que
recoge --"en síntesis"-- el sentido de las anteriores y mantiene abierto el acceso a otras
implicaciones naturales del desempeño procesal de la víctima: "hacer valer sus intereses".
23. El propio párrafo 233 deja en claro otras dos cuestiones, que revisten gran importancia
para la materia que nos ocupa. Por una parte, el derecho al acceso y la capacidad de actuar
de víctimas y representantes se manifiestan a todo lo largo del procedimiento: "en todas las
9
etapas e instancias de dichas investigaciones o procesos". La Corte reconoce y respeta la
organización del sistema persecutorio en los diversos países y sabe que esta persecución
puede hallarse a cargo de autoridades diversas, desenvolverse en distintas etapas y
corresponder a diferentes conceptos. Por ello no alude solamente a investigación o a
proceso, toda vez que no quiere restringir el amplio derecho de las víctimas, que pudiera
tropezar con las características nacionales --perfectamente válidas-- de los sistemas
persecutorios. Alude, en cambio, a todas las etapas e instancias que pudieran venir al caso
con fines de investigación y procesamiento, lo que naturalmente abarca desde el inicio de la
investigación hasta el agotamiento de la controversia por el medio conclusivo firme que
pudiera contemplar la legislación nacional.
24. Por otra parte, también ha cuidado la sentencia --recogiendo la preocupación a la que
me referí supra-- de que haya claridad en cuanto a la operación del ordenamiento interno
con respecto a los derechos procesales de las víctimas, deducidos del Derecho internacional
de los derechos humanos, que en este sector, como en muchos otros, ha logrado un notable
desarrollo bajo la divisa pro homine, que no milita contra la justicia, sino concurre a que la
haya. Obviamente, no se ha querido perder aquí lo que se ha procurado ganar, en bien de
los derechos de la víctima, en el orden internacional.
25. El párrafo 233 no supone que el Derecho interno resuelva, en fin de cuentas, si se dará
o no se dará acceso a la víctima a las etapas, instancias, investigaciones y procesos; si
aquélla podrá o no podrá formular planteamientos o promociones, recibir informaciones,
aportar pruebas, ofrecer alegatos y consideraciones de derecho. Este conjunto de
posibilidades confiere contenido a la participación de la víctima, enmarcada por el Derecho
internacional. El ordenamiento interno, que no debe reducir los derechos fundamentales de
la víctima, puede y debe establecer la forma, la vía, los medios, los tiempos razonables para
su ejercicio, sin perder de vista la esencia de esos derechos y los fines a los que tiende su
ejercicio.
Sergio García Ramírez
10
Sergio García Rmírez
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
No hay comentarios:
Publicar un comentario